Una jueza federal de Maryland bloqueó este miércoles la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en agosto con el objetivo de restringir la ciudadanía por nacimiento a determinadas categorías de personas nacidas en suelo estadounidense.
La magistrada Deborah Boardman determinó que el decreto contradice un fallo vinculante del Tribunal Supremo dictado apenas semanas antes, que ya había declarado inconstitucional un intento previo del mandatario en la misma dirección.
La decisión de Boardman llega dos meses después de que la Corte Suprema resolviera, por 6 votos contra 3, que la primera orden ejecutiva de Trump sobre ciudadanía por nacimiento —firmada el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025— violaba la 14ta Enmienda de la Constitución.
En el caso Barbara v. Trump, el tribunal determinó que los hijos nacidos en Estados Unidos dentro del grupo cubierto por la demanda colectiva son “ciudadanos desde el nacimiento”, una condición que ninguna orden presidencial puede revertir.
Trump firmó un nuevo decreto en agosto, después de la sentencia de la Corte Suprema
El 6 de agosto, Trump emitió una nueva orden ejecutiva de alcance más acotado que la anterior. El decreto apuntaba a fenómenos específicos: el llamado “turismo de parto”, mediante el cual madres extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos nazcan en ese país y obtengan así la ciudadanía automática.
Esta condición aplica a hijos de personas clasificadas como “enemigos extranjeros”, y también a los nacidos con padres vinculados a misiones diplomáticas o gobiernos extranjeros.
La orden también establecía que quienes hubieran realizado una “transacción comercial” para acceder a la ciudadanía por nacimiento —incluyendo, según el texto del decreto, la simple compra de un pasaje de avión— quedarían excluidos del derecho a obtener documentación que acreditara la ciudadanía de sus hijos.
Varias familias que litigaron contra la orden anterior, alertaron a la jueza sobre el alcance difuso de esa definición, que en la práctica podría abarcar a madres que viajaron a Estados Unidos por razones ajenas al parto y dieron a luz en el país.
La jueza rechazó el argumento de que el desafío legal era prematuro
Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron ante el tribunal que la demanda era prematura: las agencias federales aún no habían emitido la guía de implementación del decreto, cuya publicación estaba prevista para el sábado. Sin esa orientación oficial, argumentaron, no había un daño concreto que justificara una medida cautelar.
Boardman desestimó ese razonamiento. “Sin importar lo que diga la guía, la orden ejecutiva de 2026 instruye a las agencias a negar documentos de ciudadanía a varias categorías amplias de niños”, escribió en su resolución de 35 páginas.
La magistrada añadió que, aunque el Departamento de Justicia afirmó que el decreto operaría solo de forma prospectiva, su texto literal admite una lectura retroactiva que podría afectar a bebés ya nacidos y reconocidos como ciudadanos por la Corte Suprema.
La orden de Boardman prohíbe al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y a la Administración del Seguro Social (SSA) tomar cualquier medida que interfiera, deniegue o desconozca la ciudadanía de los niños incluidos en la demanda colectiva. Su alcance cubre a los niños nacidos después del 19 de febrero de 2025, incluidos los que nazcan en el futuro.
La jueza describió un patrón de intentos sucesivos por eludir la Constitución
En su resolución, Boardman trazó una línea de continuidad entre ambos decretos y calificó al más reciente como el último eslabón de una cadena de maniobras para sortear la protección constitucional.
“Desde que comenzó su segundo mandato el 20 de enero de 2025, el presidente ha intentado, a través de órdenes ejecutivas, subvertir la larga tradición de ciudadanía por nacimiento de nuestro país”, indicó la magistrada.
La jueza también advirtió sobre los riesgos concretos que enfrentarían los niños cubiertos por la demanda si el decreto entrara en vigor. Señaló que el decreto abre la puerta a que la administración revoque la ciudadanía de menores cuyos padres sean catalogados como “enemigos extranjeros” mediante determinaciones legales arbitrarias.
Como ejemplo, citó el patrón por el cual el gobierno acusó a ciudadanos venezolanos de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, con frecuencia sin pruebas, en el marco de procesos de deportación.
El fiscal general dijo que la administración irá a la Corte Suprema si es necesario
El fiscal general Todd Blanche reaccionó al fallo en una entrevista televisiva esa misma noche. “Redactamos la orden en concordancia y en comprensión con lo que dijo la Corte Suprema en su decisión”, afirmó Blanche en declaraciones recogidas por NBC News.
El funcionario aseguró que la administración continuará litigando y que, si fuera necesario, llevará el asunto nuevamente ante el Tribunal Supremo.
La demanda colectiva que dio lugar al fallo fue presentada originalmente el año pasado por grupos de inmigrantes, entre ellos CASA Inc., el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) y el Institute for Constitutional Advocacy and Protection (ICAP).
Tras el fallo del Supremo en junio, los representantes legales de esas organizaciones solicitaron a Boardman que extendiera la medida cautelar original para cubrir también el nuevo decreto de agosto.
El Departamento de Estado había elaborado, según informó Reuters, un borrador de orientación interna que exigiría a los padres acreditar su propio estatus migratorio o ciudadanía al solicitar pasaportes para sus hijos, como forma de implementar la nueva orden presidencial.
