La Legislatura provincial aprobó modificaciones a la Ley 11.035 para adaptar el sistema Procesal Penal Juvenil a la normativa nacional que entrará en vigencia el 5 de septiembre. Aunque la reforma incorpora mecanismos alternativos al encierro y un régimen especializado, el nuevo escenario reabre el debate sobre la expansión de respuestas punitivas hacia adolescentes cada vez más jóvenes.

La Legislatura de Córdoba sancionó este miércoles 2 de septiembre una normativa que modifica y deroga artículos de la Ley 11.035, que regula el sistema Procesal Penal Juvenil en la provincia. El objetivo es adecuar la legislación local a la Ley Nacional 27.801, que comenzará a regir el próximo 5 de septiembre y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil.

Según los fundamentos del texto aprobado, la adecuación normativa busca reafirmar el compromiso de la provincia con la protección integral de adolescentes y jóvenes, garantizando un sistema de justicia penal especializado, eficiente y respetuoso de los mandatos constitucionales y convencionales.

Entre los principales puntos, la iniciativa establece que las y los adolescentes deberán contar con un régimen específico y no podrán ser alojados junto a personas adultas. Además, contempla diferentes alternativas previas a la aplicación de una medida de encierro.

La normativa incorpora herramientas como el seguimiento territorial, dispositivos de acompañamiento, propuestas educativas y mecanismos de mediación para abordar los conflictos que involucren a jóvenes.

No obstante, la adecuación provincial se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, particularmente por el cambio de paradigma que supone respecto de adolescentes de 14 y 15 años.

De sujetos de derechos a sujetos punibles

Uno de los aspectos más sensibles de la reforma nacional es la incorporación de adolescentes de 14 años al sistema de responsabilidad penal. Hasta ahora, bajo el paradigma de protección integral de derechos, la intervención estatal debía priorizar respuestas no penales y garantizar condiciones para el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

La nueva legislación modifica ese escenario y amplía la capacidad del Estado para intervenir desde el sistema penal sobre personas cada vez más jóvenes.

El debate se inscribe, además, en un clima social donde se profundiza la asociación entre juventud y peligrosidad, especialmente cuando se trata de adolescentes pertenecientes a sectores populares. Desde esta mirada, se instala la idea de que la violencia tiene como explicación principal la falta de castigo y que el problema radica en que determinados jóvenes “no son punibles”.

Esa simplificación deja en segundo plano problemáticas sociales mucho más complejas. Los consumos problemáticos, la falta de dispositivos de salud mental, la desigualdad y las múltiples violencias que atraviesan a numerosos barrios suelen encontrar respuestas estatales insuficientes fuera del sistema penal.

Así, el miedo aparece como un factor que acelera decisiones políticas y restringe la discusión sobre las causas profundas de los conflictos. Cuando la inseguridad se convierte en el principal marco para pensar las políticas públicas, el riesgo es que las respuestas punitivas desplacen a las estrategias de cuidado, prevención y acompañamiento.

De este modo, aunque la normativa aprobada en Córdoba incorpora alternativas al encierro y sostiene la necesidad de un sistema especializado, su entrada en vigencia junto al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional expone una discusión más profunda. Qué lugar ocupa el Estado frente a las adolescencias y si la respuesta a las violencias será ampliar derechos o ampliar la capacidad de castigo sobre cuerpos cada vez más jóvenes.

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