El dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro advirtió este miércoles que miles de empleos podrían peligrar en Nicaragua si Estados Unidos adopta medidas comerciales luego de pedir a sus socios internacionales que suspendan las operaciones habituales con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El pronunciamiento de Chamorro ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control del sandinismo, aprobara en primera legislatura una reforma constitucional que impide a los considerados “traidores a la patria” postularse a cargos de elección popular y extiende de seis a siete años el período presidencial.
La iniciativa necesita una segunda aprobación de la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027, antes de su entrada en vigor. La propuesta forma parte de una serie de cambios institucionales promovidos por el oficialismo, que concentra el poder político en torno a Ortega y Murillo.
Chamorro, quien fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos y luego perdió su nacionalidad y sus bienes, sostuvo que la decisión de eliminar las elecciones competitivas puede impactar sobre la relación económica entre Managua y Washington.
“El tratamiento comercial privilegiado que tiene Nicaragua con Estados Unidos ya está en riesgo por esta acción de eliminar las elecciones”, afirmó el opositor en un audio enviado desde el exilio a medios de comunicación.
Casi la mitad de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino a Estados Unidos
El dirigente recordó que casi 50% de las exportaciones de Nicaragua se dirige al mercado estadounidense, por lo que una modificación de las condiciones comerciales podría afectar puestos de trabajo vinculados a sectores exportadores.
Chamorro señaló que el país centroamericano está bajo investigación en virtud de la legislación comercial de Estados Unidos. Según su evaluación, Washington podría establecer aranceles específicos sin necesidad de excluir formalmente a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
“El riesgo es que se comiencen a aplicar acciones comerciales que terminen afectando a trabajadores y empresas nicaragüenses”, planteó el opositor. Atribuyó al régimen de Ortega la responsabilidad por un eventual deterioro de los vínculos económicos internacionales.
La advertencia se produjo luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionara la reforma votada el martes por el Parlamento nicaragüense. El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que la Asamblea Nacional “socavó la ficción democrática” del país al impulsar cambios que, según afirmó, apuntan a consolidar una “dinastía”.
Marco Rubio pidió a los socios internacionales terminar con las operaciones habituales
En una declaración difundida este miércoles, Rubio pidió a los aliados internacionales de Washington que pongan fin de inmediato a las “operaciones comerciales habituales” con el régimen de Managua. También afirmó que los países que niegan derechos fundamentales a sus ciudadanos no deberían mantener los mismos beneficios económicos y políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad hemisférica.
La posición estadounidense eleva la presión sobre la administración de Ortega y Murillo, que ya enfrenta sanciones de Washington contra funcionarios e instituciones estatales por denuncias de represión contra la oposición, restricciones a organizaciones civiles y cierre de espacios políticos.
Chamorro consideró que la dictadura nicaragüense calculó que la administración del presidente Donald Trump no respondería con firmeza al anuncio realizado el 19 de julio, cuando Ortega comunicó el fin de las elecciones en el país.
“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio”, afirmó. “En vez de retroceder, avanzaron con su reforma constitucional”. El opositor interpretó que la declaración de Rubio muestra que el Ejecutivo estadounidense considera que la eliminación de elecciones tendrá consecuencias para Nicaragua. “La guerra contra la democracia amenaza la estabilidad y la prosperidad”, sostuvo.
La reforma aprobada en primera legislatura excluye de la competencia electoral a quienes sean declarados “traidores a la patria”, una figura utilizada por el oficialismo contra dirigentes opositores, activistas y críticos del régimen. Además, prolonga el mandato presidencial a siete años.
Si la Asamblea Nacional ratifica el texto en 2027, el cambio constitucional entrará en vigor y redefinirá el calendario electoral nicaragüense. La eventual aplicación de medidas comerciales por parte de Estados Unidos podría abrir una nueva etapa de tensión entre Washington y Managua, con efectos sobre la economía de un país cuya relación exportadora con el mercado estadounidense ocupa un lugar central.
