El debate sobre las obras viales anunciadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella tomó otro rumbo después de que los transportadores intermunicipales plantearan que esas intervenciones deben estar acompañadas de cambios para garantizar la movilidad. Los empresarios respaldaron la intervención de vías rurales y la ejecución de proyectos estratégicos anunciados por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, pero advirtieron que construir o mejorar carreteras no resuelve por completo los problemas de conexión regional.
Para la Asociación Nacional de Transportadores (Asotrans), Asociación para el Desarrollo integral del Transporte terrestre Intermunicipal (Aditt) y el Consejo Superior del Transporte (CST), el funcionamiento del servicio requiere atender otros obstáculos que afectan diariamente a las empresas. Sus prioridades son la reducción de trámites, una revisión de la regulación, mejores condiciones de seguridad y continuidad del servicio ante bloqueos.
“Una vía mejorada no garantiza por sí sola la conexión de la comunidad. El transporte es el que conecta a la gente”, señalaron Asotrans, Aditt y el Consejo Superior del Transporte (CST).
La posición de los gremios surgió después del llamado de la ministra Noguera a mantener un diálogo permanente con el sector. Los empresarios presentaron una agenda para convertir la política de conectividad regional en decisiones concretas. Uno de los puntos centrales es la eliminación de trámites. Los transportadores también pidieron revisar las nuevas normas y establecer condiciones claras y uniformes.
En esa discusión aparecen los sistemas de control y reporte exigidos por la Superintendencia de Transporte. Estas obligaciones generaron nuevas cargas y costos, especialmente para las empresas de menor tamaño. Por eso plantean revisar esos mecanismos para facilitar la operación y contribuir a la recuperación de compañías afectadas por el terremoto.
La seguridad en las carreteras también está entre sus prioridades. Los gremios consideran necesario contar con condiciones que permitan mantener el servicio cuando ocurren bloqueos u otras situaciones que interrumpen la movilidad. La conectividad regional debe permitir que los buses circulen y los pasajeros lleguen a sus destinos.
La discusión regulatoria incluye otro punto. Los empresarios plantearon una reforma integral del Decreto 1079 de 2015, que funciona como reglamento único del sector transporte en Colombia. La norma reúne disposiciones sobre movilidad y establece requisitos para la operación de empresas intermunicipales.
El decreto regula la prestación de los servicios de transporte terrestre, marítimo, fluvial, férreo y aéreo. También establece reglas sobre habilitación de empresas, homologación de vehículos, tarjetas de operación e inspecciones técnicas, además de obligaciones para propietarios y conductores.
Los transportadores consideran necesario actualizar varios de sus artículos. Buscan adaptar las reglas a las condiciones económicas y tecnológicas y reducir exigencias administrativas. Modernizar el Decreto 1079 de 2015 permitiría agilizar procedimientos y disminuir cargas que consideran innecesarias. El propósito es facilitar el funcionamiento del transporte intermunicipal y mejorar la eficiencia de las empresas. La infraestructura debe ir acompañada de un servicio capaz de utilizarla. Por eso, además de respaldar las obras anunciadas, esperan que el Gobierno atienda los problemas administrativos, regulatorios y de seguridad que afectan la operación.
Ahora piden convertir el diálogo anunciado por el Ministerio de Transporte en acciones concretas. “Conectar las regiones, no es solo mejorar las vías, es destrabar el transporte para que la gente pueda desplazarse, estudiar, trabajar, ir al médico o vender sus productos y regresar a sus destinos de manera segura”, aseguraron los empresarios.
Los gremios quieren que la discusión sobre conectividad no quede limitada al estado de las carreteras. El objetivo final es que las inversiones en infraestructura se traduzcan en desplazamientos seguros, continuidad del servicio y menores obstáculos para las empresas que conectan a las regiones. El sector espera que estos asuntos hagan parte de la conversación con la cartera de Transporte. La apertura de ese diálogo ofrece la posibilidad de revisar las dificultades que enfrentan las empresas y encontrar soluciones. La expectativa es que las obras anunciadas incluyan decisiones que faciliten el tránsito de los buses.
La preocupación del gremio se extiende a las condiciones necesarias para sostener las rutas intermunicipales. En su planteamiento, la conectividad debe considerar la infraestructura y las condiciones para prestar el servicio. Incluye los costos derivados de controles y reportes, la seguridad de los corredores viales y las reglas que deben cumplir las compañías.
