Durante los últimos meses del año pasado, al menos seis senadores nacionales recibieron misteriosos llamados o mensajes de WhatsApp. “Hola, soy el senador Marcelo Fuentes”, se presentaba el interesado, que sin demorar la conversación iba al punto y, de alguna u otra manera, terminaba pidiendo un favor para Alejandro Actis, un empleado público del Congreso. Pero esta no es una historia de beneficios indebidos ni privilegios: es un caso de suplantación de identidad, según determinó uinvestigación interna del Senado, que ya se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py.
En los últimos días, la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, firmó el decreto con el que exoneró a Actis y lo desplazó de sus funciones.
Lo echó casi al mismo tiempo que a Gabriel Oscar Dib, otro empleado de la Cámara que fue condenado a tres años de prisión condicional luego de admitir que montó su propio negocio de corrupción dentro del Congreso. Entre 2011 y 2012 tramitó pensiones graciables para personas vulnerables y luego se quedaba con el dinero. Infobae dio a conocer su caso y así se activó el trámite para removerlo.
Con Alejandro Actis todo escaló mucho más rápido. Según determinó una investigación interna del Senado, cuyos detalles conoció este medio por documentos oficiales, este trabajador legislativo contactó a senadores y jefes de despacho haciéndose pasar por el exsenador peronista Marcelo Fuentes, quien ocupó una banca desde 2007 hasta 2019.
Quien sacó todo a la luz fue el propio Fuentes, que se enteró de lo que estaba pasando y lo denunció ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dijo que alguien había llamado a los senadores Fernando Aldo Salino, Jesús Fernando Rejal, Lucila Crexell, Carolina Losada y Alicia Kirchner y en esas comunicaciones usó su nombre para “obtener beneficios personales”.
Las sospechas empezaron a comentarse entre los despachos y aparecieron más víctimas: la senadora Cármen Álvarez Rivero y la jefa de despacho del senador Mariano Recalde también reportaron haber sido contactadas por alguien que dijo ser Fuentes y pedía favores para Actis.
Entonces, la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas abrió un sumario administrativo, “a efectos de investigar los hechos denunciados y deslindar las eventuales responsabilidades administrativas en torno a los mismos”.
En el expediente interno se incluyeron capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que dan cuenta de las conversaciones entre el contacto sospechoso y los senadores.
Al parecer, el empleado Alejandro Actis habría estado cerca de lograr su cometido en uno de sus intentos. Es que cuando contactó los días 18 y 19 de noviembre de 2025 al senador Rejal, lo habría convencido de que este le envíe una nota a Victoria Villarruel recomendando su traslado a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La jefa de despacho del senador riojano aportó una copia de esa nota y más capturas de WhatsApp.
Con estas pruebas, el Senado denunció a Actis en Comodoro Py. Su causa tramita ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la fiscalía ya puso en marcha una serie de medidas de prueba que incluyen las declaraciones testimoniales de todos los senadores involucrados. Por su condición de legisladores, tienen la posibilidad de responder las preguntas de la Justicia por escrito. Aún no se avanzó con el pedido de indagatoria del empleado sospechado.
Mientras se desarrollaba el sumario, Actis negó haber tomado la identidad del exsenador Fuentes para beneficiarse y dijo que una tercera persona habría usado su nombre; que si existía un suplantador, él también era víctima.
El informe final de la investigación interna concluyo que la conducta del empleado no puede ser considerada una mera irregularidad.
“Las pruebas reunidas permiten afirmar que el accionar desplegado por el sumariado importó una grave transgresión a los deberes de conducta, lealtad, buena fe, probidad y decoro exigibles a todo agente del Honorable Senado de la Nación, configurando una falta de entidad suficiente para tornar incompatible su permanencia en la función pública”, dice el documento.
El trabajador presentó su descargo, pero “no logró desvirtuar la prueba incorporada”, según determinó el área competente.
De esta manera, la vicepresidenta Villarruel decretó su exoneración y lo echó del Congreso. Actis aún está en plazo para impugnar la resolución.
