Una cuenta bancaria perteneciente a un restaurante habría sido utilizada para recibir más de $51.000 generados mediante transacciones con tarjetas de crédito robadas. El dinero era retirado posteriormente en cajeros automáticos o transferido a cuentas personales, según la investigación desarrollada durante la Operación Carder.
La Procuraduría General de la Nación informó que dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales.
Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Metropolitana, mediante su Sección de Delitos contra el Orden Económico, junto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial.
El esquema comenzaba con hurtos cometidos dentro de automóviles, de donde eran sustraídos artículos de valor y tarjetas bancarias. Poco después, los responsables presuntamente utilizaban los plásticos para realizar transacciones no autorizadas, antes de que las víctimas pudieran bloquearlos o denunciar su desaparición ante las entidades emisoras.
Los pagos eran procesados mediante un dispositivo móvil de punto de venta, conocido como MPOS, vinculado con la cuenta del establecimiento de comida. Los investigadores sostienen que las operaciones no correspondían a consumos reales, sino que permitían convertir el crédito disponible en dinero depositado dentro del sistema bancario.
Un MPOS permite conectar un teléfono o dispositivo portátil con una plataforma para aceptar tarjetas. Su funcionamiento es similar al de una terminal utilizada en un comercio, donde el pago se acredita en la cuenta afiliada después de registrar la compra de un producto o servicio ofrecido al cliente.
Una vez ingresados los fondos, la propietaria del restaurante supuestamente realizaba retiros en efectivo mediante cajeros automáticos. También enviaba dinero a una cuenta personal y a dos cuentas de su socio, identificado como chef, quien presuntamente le devolvía parte de las cantidades después de completar las transferencias bancarias.
La sucesión de pagos, retiros y envíos entre distintas cuentas es analizada por la Fiscalía para determinar si pretendía dificultar la identificación del origen del dinero. También deberá comprobarse si los involucrados conocían que los fondos procedían de tarjetas sustraídas y participaron deliberadamente en su movilización.
La afectación económica acumulada supera los $51.000, de acuerdo con la estimación preliminar de las autoridades. La investigación deberá establecer cuántas tarjetas fueron utilizadas y el número total de víctimas, además de determinar si otras personas participaron en los hurtos o se beneficiaron de las operaciones posteriores.
Mientras la Fiscalía seguía el recorrido digital de esos fondos, otro procedimiento puso la atención sobre el movimiento físico de efectivo. En Kuna Nega, la Policía Nacional retuvo a un ciudadano colombiano que viajaba en motocicleta, quien portaba más de $4.000 cuya procedencia no pudo justificar durante la verificación.
El caso fue remitido ante las autoridades judiciales para determinar el origen y propósito del dinero. Junto con el efectivo, distribuido parcialmente en billetes de baja denominación, fue decomisada una libreta que contenía anotaciones sobre cobros diarios, elemento que reforzó las sospechas de una posible relación con préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.
Aunque esos indicios orientan la investigación, la tenencia del dinero y de la libreta no demuestra por sí sola que el ciudadano cometiera un delito. Corresponderá al Ministerio Público determinar si los fondos procedían de actividades ilícitas, identificar a posibles prestatarios y establecer si los registros encontrados están vinculados con cobros realizados mediante amenazas u otros actos delictivos.
La retención ocurrió pocos días después de que otro colombiano fuera aprehendido en Chitré, provincia de Herrera. En ese procedimiento, la Policía informó que el extranjero realizaba cobros vinculados con préstamos “gota a gota” cuando fue localizado durante la Operación Perseus. También fue verificada su condición migratoria dentro del país.
Esta modalidad, surgida y extendida principalmente desde Colombia hacia otros países latinoamericanos, ofrece préstamos rápidos sin garantías ni evaluaciones crediticias. Los clientes suelen ser comerciantes o personas excluidas de la banca, quienes deben devolver el dinero mediante cuotas diarias acompañadas de intereses elevados.
El acceso inmediato puede transformarse en una deuda difícil de pagar. Algunos cobradores recurren a amenazas, intimidación, agresiones o apropiación de bienes cuando el prestatario se atrasa. La frecuencia de los abonos también puede provocar que la persona entregue dinero constantemente sin disminuir sustancialmente la obligación acumulada.
En Panamá, prestar dinero informalmente o pactar intereses altos no constituye por sí solo el delito de usura, porque esa figura no está incluida en el Código Penal vigente. La responsabilidad penal puede surgir cuando el método de cobro incorpora extorsión, amenazas, lesiones, coacción u otras conductas ilícitas.
También podría configurarse blanqueo de capitales cuando los préstamos son financiados con recursos procedentes de actividades criminales y utilizados para incorporarlos a la economía. Ambos expedientes muestran cómo el efectivo, las cuentas comerciales y las plataformas de pago pueden facilitar movimientos sospechosos, aunque cada investigación deberá probar responsabilidades de manera independiente.
Las personas aprehendidas mantienen su presunción de inocencia y deberán responder únicamente por los hechos que puedan demostrarse ante los tribunales. Las diligencias continúan para identificar el origen y destino final de los fondos, reconstruir las operaciones realizadas y determinar si existen otros integrantes dentro de ambos esquemas.
