Los trabajadores judiciales aprobaron mayoritariamente la propuesta de recomposición salarial, lo que permitirá poner fin a las medidas de fuerza. El Colegio de Abogados de Córdoba destacó el acuerdo y recordó las gestiones realizadas durante el conflicto para advertir sobre el impacto en el acceso a la Justicia y el ejercicio profesional.

Luego de casi seis meses de conflicto y medidas de fuerza que afectaron el funcionamiento cotidiano de los tribunales, los trabajadores judiciales aprobaron mayoritariamente la propuesta de recomposición salarial, allanando el camino para la normalización del servicio de Justicia en Córdoba.

El acuerdo contempla un esquema escalonado de mejoras salariales entre septiembre y diciembre, período en el que se completaría la última etapa de equiparación con los salarios de la Justicia Federal.

La resolución del conflicto fue valorada por distintos sectores vinculados al funcionamiento del sistema judicial. Entre ellos, el Colegio de Abogados de Córdoba destacó la importancia de haber alcanzado una solución luego de meses de tensión que impactaron no solo en los trabajadores judiciales, sino también en profesionales y ciudadanos que requieren diariamente del servicio de Justicia.

Desde la institución señalaron que, durante el desarrollo del conflicto, mantuvieron una postura orientada a reconocer la legitimidad de los reclamos de las partes, y, en simultáneo, advertir sobre las consecuencias que la prolongación de las medidas podía generar en el acceso a derechos y en el ejercicio profesional de la abogacía.

En este marco, el Colegio había planteado ante el Tribunal Superior de Justicia su preocupación por las dificultades generadas por la falta de normal funcionamiento del servicio y reclamado medidas que permitieran garantizar su continuidad. Además, solicitó participar de la instancia de conciliación obligatoria entre el TSJ y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), poniendo a disposición su participación para contribuir a la búsqueda de una salida al conflicto.

Con el acuerdo ahora aprobado, la expectativa está puesta en la recuperación progresiva de la actividad judicial y en la normalización de un servicio que, durante los últimos meses, atravesó un escenario de fuerte conflictividad.

Para el Colegio de Abogados, la resolución representa también una respuesta a una preocupación sostenida a lo largo de todo el proceso. Esto es, que la discusión salarial y laboral pudiera encontrar una salida sin prolongar indefinidamente las consecuencias sobre quienes dependen del funcionamiento cotidiano de la Justicia.

La finalización de las medidas de fuerza abre así una nueva etapa, con el desafío de recuperar la normalidad en un sistema atravesado durante meses por demoras, reclamos y dificultades operativas.

“Defender la abogacía también es defender una Justicia que funcione”, señalaron desde la institución al valorar el acuerdo alcanzado y el inicio de la normalización del servicio.

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