El Gobierno prepara una nueva etapa en su estrategia para reducir el gasto en subsidios energéticos y vuelve a apuntar a un universo específico de usuarios: las personas que viven en countries y otros barrios cerrados. Después de avanzar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluido Puerto Madero, y en Córdoba, la administración de Javier Milei extenderá el mecanismo a otras provincias.
Este viernes se oficializó la medida en Neuquén y el Gobierno estima que se excluirá del padrón y se les quitará el subsidio a unos 500 usuarios que viven en barrios cerrados y venían recibiendo la ayuda estatal. Hacia adelante, el Ejecutivo pretende avanzar en territorios como Mendoza y Santa Fe.
La intención oficial es llevar progresivamente el proceso a los barrios cerrados de las principales ciudades del país y detectar a los hogares que, por sus características socioeconómicas, son considerados “zonas de manifiesta capacidad de pago”, por lo que no deberían continuar dentro del esquema de subsidios.
Hasta el momento, la Secretaría de Energía rechazó 17.843 solicitudes de inscripción para solicitar subsidios presentadas por usuarios que viven en barrios cerrados del AMBA, Puerto Madero y Córdoba. Además, encontró que 1508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 a la fecha.
Para detectarlos, utilizó herramientas de geolocalización y cruce de información con los entes reguladores y las prestadoras de servicios que permitieron determinar que esos usuarios contaban con la capacidad de pago de los servicios de electricidad y gas.
El Gobierno revisará el registro de usuarios con subsidios
El avance sobre los countries será acompañado por una revisión más extensa del padrón de beneficiarios. Se desestimarán cerca de 1 millón de solicitudes de inscripción al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que, desde 2022, nunca se completaron o tenían datos erróneos.
Según explicaron fuentes oficiales, son solicitudes que se hicieron, pero a las que no se les otorgó el subsidio, por lo que son consideradas como trámites “abandonados o duplicados”. “No se le quita el subsidio a nadie que lo esté recibiendo”, aclararon.
Para verificar que esta “depuración” de las solicitudes del sistema sea correcta, la Secretaría de Energía enviará una notificación al titular que haya cargado los datos del pedido, dejará 60 días corridos para actualizar o completar la información del trámite y, si no hay respuesta, lo dará de baja.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para revisar quiénes reciben asistencia del Estado en las facturas de luz y gas, y concentrar los subsidios en los sectores considerados de menores ingresos.
El régimen de subsidios, hoy
Actualmente hay 16,5 millones de usuarios de electricidad: unos 8,71 millones reciben algún tipo de subsidio, mientras que 7,82 millones pagan la tarifa sin asistencia estatal. En el caso del gas, existen alrededor de 9,6 millones de usuarios y aproximadamente la mitad recibe subsidios.
La estrategia tiene además un objetivo fiscal: reducir el dinero que el Estado destina a subsidiar las tarifas de electricidad y gas y avanzar hacia un esquema en el que la asistencia esté cada vez más concentrada en los hogares de menores ingresos.
A principios de este año, la Secretaría de Energía modificó el esquema que tenía tres categorías según el ingreso de los usuarios residenciales por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla solo dos: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía.
Con el SEF, el acceso a los subsidios energéticos quedó restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes o inferior a $4.694.148 mensuales, los últimos según datos del Indec.
A su vez, existe un tope de energía subsidiada, que para septiembre alcanzará los 200 kWh en lugar de los 150 kWh que estaban previstos para este mes. Durante los meses más fríos, los hogares alcanzados por la asistencia estatal tuvieron un límite de 300 kWh mensuales.
Por otra parte, en octubre pasado, el Gobierno recibió un préstamos de US$700 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a acompañar el proceso de transformación del esquema energético y la focalización de la asistencia. De acuerdo a lo que se informó en ese momento, ese financiamiento se concentra en asistir a los grupos más vulnerables de la población a través del pago de subsidios.
El Gobierno apunta así a profundizar la reducción de subsidios sin aplicar un recorte uniforme a todos los usuarios: el objetivo es retirar la asistencia de manera progresiva a quienes considera que no necesitan el beneficio y preservar el subsidio para los sectores de menores ingresos.
