Dio un giro la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre el asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ocurrido el 11 de febrero de 2026, en inmediaciones de un gimnasio ubicado en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, el atentado del que fue víctima Aponte iba dirigido a otra persona.
“Los elementos materiales probatorios recopilados en una articulación entre las direcciones seccionales de Bogotá y de Cundinamarca indican que el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, se ejecutó contra la víctima equivocada”, precisó la Fiscalía en un comunicado.
El abogado Mario Iguarán, que representa los intereses de la familia de Gustavo Aponte, indicó que la persona a la que buscaban los sicarios era Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, un empresario del sector minero energético con inversiones en gas, cobre y oro, que acumula más de 12 años de experiencia en operaciones en estos sectores en Colombia.
“Está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendía era asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda”, precisó el jurista.
Según El Tiempo, que tuvo acceso a conversaciones de WhatsApp de los presuntos asesinos de Gustavo Aponte, al parecer, el plan de atentar contra la vida de Oliver Peñaranda obedecía al cobro de una deuda. Sin embargo, por medio de un comunicado oficial, se aclaró los motivos por los cuales el empresario estaba bajo la lupa de los criminales.
De acuerdo con esa comunicación, en 2018, se llevó a cabo un proyecto en el sur de Bolívar, a través del cual se inició la formalización de muchos mineros ilegales o artesanales. De esta manera, más de 1.000 personas realizan labores de minería de manera responsable en el departamento y cumpliendo con todos los requisitos legales para el ejercicio de ese oficio.
Sin embargo, la formalización de los mineros generó una afectación en las finanzas ilícitas de las organizaciones que operan en el sur de Bolívar, las cuales se lucraron durante varios años de la minería ilegal. Las personas que están detrás de ese negocio ilícito pretenden atentar contra el empresario Oliver Peñaranda.
Según el comunicado, quienes tienen amenazado al empresario son miembros de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“En 2020, Olimpo Oliver acudió a las autoridades y las impulsó a adelantar acciones contundentes contra este flagelo. Estas operaciones fueron exitosas y se convirtieron en un ejemplo de reconversión hacia una minería amigable con el medio ambiente y socialmente responsable. Las amenazas de los grupos al margen de la ley y las guerrillas de las Farc y el ELN no se hicieron esperar”, se lee en la comunicación oficial.
Judicialización de responsables por el asesinato de Gustavo Aponte
Las autoridades competentes lograron la captura y judicialización de uno de los presuntos implicados en el crimen del empresario arrocero. Se trata de Leonel Enrique Llanos Paternina, que fue detenido por la Policía Nacional en Villavicencio (Meta).
Según las investigaciones adelantadas, el sujeto fue el encargado de coordinar la logística para el crimen y de recorrer en moto el lugar donde se ejecutó el asesinato. Por eso, el ente acusador indicó que le serían imputados cargos por los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
“En el curso de la investigación se conoció que otro hombre vinculado al crimen del arrocero y su escolta, y que habría facilitado la huida del sicario, fue asesinado el pasado 30 de mayo en Tibiritá (Cundinamarca). El señalado responsable de esa acción delictiva, identificado como Onori José Yabier Medoza Viña, fue judicializado y permanece en centro carcelario”, precisó.
Así las cosas, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a Medoza Viña los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.
