Prosperidad Social inició una revisión de contratos, convenios, donaciones y actuaciones administrativas de la gestión anterior, luego de detectar situaciones que, según la entidad, requieren un examen técnico y jurídico para establecer la justificación, ejecución y destino de los recursos públicos comprometidos.
La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, informó que las verificaciones se concentran en hechos que habrían ocurrido durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
Entre los asuntos priorizados figuran contratos de altos montos ejecutados durante la campaña presidencial, nombramientos provisionales que no tendrían soportes suficientes sobre el cumplimiento de requisitos y recursos cercanos a un billón de pesos asociados a fiducias y convenios.
“Encontramos contratos y donaciones dudosas e injustificadas con ejecución concentrada en el periodo de campaña presidencial, nombramientos en provisionalidad sin cumplimiento de requisitos, y cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios cuya información, soportes y estado de legalización o cierre están siendo verificados”, afirmó Suárez en un comunicado emitido el 4 de septiembre de 2026.
La entidad señaló que la revisión no implica, por ahora, una atribución de responsabilidades. El proceso se encuentra en una fase de inspección documental y de contraste de la información disponible, con el propósito de determinar si existieron irregularidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales.
Uno de los focos de la auditoría son contratos por altos montos cuya ejecución se concentró en los meses de la campaña presidencial. Prosperidad Social busca establecer si esos procesos tenían una justificación adecuada, si las obligaciones fueron cumplidas y cuál fue la destinación final de los recursos.
La directora también ordenó examinar actuaciones relacionadas con más de una decena de nombramientos en provisionalidad. Según la entidad, existen alertas sobre el eventual incumplimiento de requisitos y de normas ligadas a la carrera administrativa. Estas inquietudes fueron planteadas, entre otros actores, por organizaciones sindicales de la institución.
El reporte también incluye cerca de un billón de pesos vinculados a fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución. En esos casos, Prosperidad Social indicó que no encontró información suficiente para determinar el estado de los soportes, la legalización de los procedimientos o el cierre de los compromisos.
A esa lista se suman más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad aún no ha sido verificada. La revisión busca precisar si esas vinculaciones respondían a requerimientos reales de la entidad y si se ajustaron a los criterios administrativos exigidos para ese tipo de contrataciones.
Otro de los asuntos bajo análisis es la entrega de donaciones sin claridad sobre los beneficiarios finales. De acuerdo con Prosperidad Social, estos procesos se concentraron durante el primer semestre de 2026 y serán examinados para establecer la trazabilidad de los recursos y la identificación de las personas, comunidades u organizaciones que habrían recibido los apoyos.
La auditoría también abarca procesos de difusión y otras actuaciones contractuales y administrativas. La entidad no precisó el número de casos ni los montos relacionados con esas verificaciones, pero señaló que todos los hallazgos serán revisados por un equipo interdisciplinario.
Ese grupo tendrá la tarea de establecer el estado de los recursos públicos comprometidos, comprobar el cumplimiento de las normas aplicables y definir las acciones que correspondan. La información que motivó la revisión provino de alertas, denuncias y documentos aportados por funcionarios, sindicatos e informes de organismos de control.
“No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad. Lo que encontremos, lo documentaremos y lo pondremos en conocimiento de las autoridades”, sostuvo Suárez. La directora indicó que la nueva administración priorizó estas situaciones después de su llegada a Prosperidad Social. El objetivo, según explicó la entidad, es establecer con rigor qué ocurrió en cada proceso y proteger los recursos destinados a los programas sociales que maneja el Departamento.
Prosperidad Social reiteró que los hechos objeto de revisión corresponden a actuaciones de la administración anterior. La entidad subrayó que las verificaciones deberán respetar el debido proceso y que cualquier conclusión requerirá el análisis de los documentos, los soportes contractuales, las decisiones administrativas y las explicaciones de los funcionarios o particulares involucrados.
En caso de que la revisión permita documentar conductas con posibles consecuencias disciplinarias, fiscales, penales o administrativas, los expedientes serán remitidos a los organismos de control y a las autoridades competentes. Esa decisión dependerá de los resultados de las auditorías y de la evaluación jurídica de cada caso.
“Cada peso público debe poder explicarse y cada decisión administrativa debe ajustarse a la ley”, agregó la directora de Prosperidad Social. La entidad anunció que divulgará los avances de la revisión a medida que concluya las verificaciones sobre los contratos, los nombramientos provisionales, las fiducias, los convenios, las donaciones y los contratos de prestación de servicios que quedaron bajo observación.
