El desmonte que el presidente Abelardo de la Espriella emprendió sobre la política de paz total de Petro dejó al descubierto un costo de $125.174 millones ejecutados entre agosto de 2022 y junio de 2026, sin acuerdos de paz finales ni desmantelamiento efectivo de las estructuras armadas con las que el Estado abrió negociaciones y conversaciones.
Según El Tiempo, la cifra surge de un consolidado del Grupo de Planeación y Finanzas de la Consejería Comisionada de Paz, con corte al 30 de junio de 2026, elaborado a partir de contratos y convenios del Fondo Paz y de la información del Sistema Integrado de Información Financiera. El diario obtuvo ese documento mediante un derecho de petición.
De ese total, $107.572 millones se destinaron a negociaciones con grupos armados al margen de la ley y $17.601 millones a acercamientos con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, conocidas como bandas urbanas. Al cierre de esos cuatro años, los grupos ilegales no solo seguían activos, sino que habían aumentado su número de integrantes.
El mayor gasto se concentró en transporte aéreo y esquemas de protección
La parte más costosa de las negociaciones políticas fue la relacionada con seguridad y movilidad. En los procesos con grupos armados, el transporte aéreo absorbió $21.979 millones y las medidas de protección otros $21.200 millones.
Ambos rubros sumaron cerca de $43.180 millones, alrededor del 40% de todo lo ejecutado en esa línea de negociación. A eso se añadieron $1.884 millones en tiquetes aéreos y $1.735 millones en viáticos y gastos de desplazamiento.
Hubo también traslados internacionales. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional incluyó al menos dos viajes a La Habana, dos a Ciudad de México y tres a Caracas, ciudades que albergaron distintas rondas de diálogo.
La estructura formal de esa apuesta incluyó seis procesos de negociación: con el Eln, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y más tarde con tres desprendimientos de esas organizaciones. Esos grupos fueron Comuneros del Sur, el Estado Mayor de Bloques y Frente y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La fragmentación interna de las organizaciones armadas y sus disputas por economías ilícitas alteraron el mapa original de las conversaciones. Varios de los jefes que participaron en esos acercamientos volvieron a quedar bajo la justicia en el nuevo gobierno, que reactivó órdenes de captura en su contra y prevé extradiciones a Estados Unidos.
A honorarios se destinaron $18.378 millones. La logística para las negociaciones costó $12.712 millones y la participación de la sociedad civil, $12.146 millones.
El Comité Nacional de Participación ejecutó $9.164 millones. El mecanismo de monitoreo y verificación requirió $3.245 millones.
Pese a ese despliegue presupuestal, no hubo acuerdo de paz. El exnegociador con las disidencias de las Farc y actual presidente de Indepaz, Camilo González Posso, dijo a El Tiempo: “Hay que reconocer que la expectativa no correspondió con la realidad. Se requería una táctica mucho más flexible y allí se presentaron insuficiencias”.
Solo una zona temporal funcionó y aún alberga a 99 integrantes
La destrucción de material de guerra, una de las acciones previstas en estos procesos, demandó $4.080 millones. Solo Comuneros del Sur avanzó con la destrucción de más de 500 artefactos explosivos y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano con más de 14 toneladas de material.
Las Zonas de Ubicación Temporal absorbieron $1.043 millones. La idea era concentrar integrantes de grupos armados en cinco puntos: Tierralta, en Córdoba; Belén de Bajirá, en Chocó; Roberto Payán y Mallama, en Nariño; Valle del Guamuez, en Putumayo; y Tibú, en Norte de Santander.
De esos cinco lugares, solo la zona de Putumayo fue adecuada y entró en operación. Allí permanecen todavía 99 integrantes de la Coordinadora Nacional, mientras el Gobierno mantiene arrendado el terreno hasta diciembre de este año.
El exnegociador Armando Novoa señaló a la publicación que esos miembros del grupo “hoy se encuentran en situación de indefensión. El Gobierno nacional tiene oportunidad de concretar su oferta de sometimiento a la justicia”.
Las conversaciones con bandas urbanas costaron $17.601 millones
El otro componente de la paz total fueron los espacios de conversación sociojurídica dirigidos al sometimiento a la justicia. En ese frente se ejecutaron $17.601 millones, con los honorarios como principal rubro, por $6.677 millones.
La participación de la sociedad civil representó $4.204 millones y las medidas de protección, $2.221 millones. Se abrieron seis espacios de conversación con los Shottas y los Espartanos, en Buenaventura; los Mexicanos y los Locos Yam, en Quibdó; las estructuras del Valle de Aburrá, en Antioquia; Los Pepes y Costeños, en Barranquilla; y con el clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra, en el Caribe.
En este último grupo estaba Naín Andrés Pérez Toncel, uno de sus cabecillas, abatido en un operativo llevado a cabo el jueves 3 de septiembre. Esos procesos quedaron rodeados de cuestionamientos por las “gabelas” otorgadas a integrantes de las estructuras y terminaron estancados por la ausencia de una ley de sometimiento que fijara un marco jurídico para su desmantelamiento.
En transporte aéreo se ejecutaron $1.683 millones, incluidos dos viajes a Catar para rondas de conversación con el clan del Golfo. La logística costó $1.570 millones e incluyó el evento conocido como el “tarimazo” en Medellín.
Los tiquetes aéreos representaron $680 millones y los viáticos y gastos de desplazamiento, $520 millones. El rubro más bajo fue el mecanismo de monitoreo y verificación, con $42,7 millones.
