La polémica por el mal estado de los caminos rurales y el cobro de la tasa vial sumó un nuevo episodio.
En este caso, en la localidad de Rojas, que puede convertirse en un importante precedente judicial para otros municipios bonaerenses.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Junín hizo lugar al amparo presentado por las filiales locales de la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina y Coninagro, y ordenó a la municipalidad entregar documentación sobre la recaudación y ejecución de recursos vinculados con las tasas que pagan los productores.
La sentencia fue firmada este jueves 3 de septiembre por el juez Juan Atilio Bazzani, en el expediente JU-7887-2026. La Municipalidad tendrá 45 días desde la notificación para cumplir con lo dispuesto.
El reclamo había comenzado el 7 de mayo de 2026, cuando las tres entidades presentaron un pedido formal de información con el patrocinio del abogado Pablo Abdon Torres Barthe.
Según surge de la sentencia, no obtuvieron respuesta dentro del plazo administrativo y finalmente recurrieron a la Justicia el 3 de agosto.
Lo que pretendían conocer era más que el monto de una tasa. Querían reconstruir la relación entre lo que pagan los productores, lo que recauda el Municipio y lo que efectivamente se destina al mantenimiento de los caminos rurales.
Qué tendrá que entregar el municipio
El fallo establece que la comuna deberá informar el costo utilizado para determinar la tasa por conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal y la tasa por control de marcas y señales.
En el caso de Seguridad e Higiene, el juez consideró que se trata básicamente de una tasa vinculada con la actividad comercial urbana y la excluyó del requerimiento.
También deberá informar cuánto recaudó por esas tasas durante 2025 y 2026, y cuánto dinero recibió durante esos períodos por coparticipación provincial o nacional y por otros fondos destinados al mantenimiento de la red vial.
La municipalidad tendrá que precisar además la superficie que debe atender, la extensión de la red, las tareas realizadas durante 2026 y si fueron ejecutadas con recursos propios o mediante contrataciones externas.
El pedido alcanza incluso a la estructura necesaria para prestar el servicio: deberá informar la planta de personal afectada durante 2025 y 2026, con los salarios correspondientes pero sin datos personales, y detallar la maquinaria utilizada, su estado de conservación, los costos de reparación y mantenimiento y la documentación que respalde esos gastos.
El objetivo es poder reconstruir con números cuánto cuesta mantener la red vial, qué recursos ingresan y qué se hace concretamente con ellos.
La respuesta municipal que fue rechazada por la Justicia
Durante el proceso, la municipalidad sostuvo que buena parte de la información ya estaba disponible en su sitio web y planteó que la ley de acceso a la información no podía obligarla a elaborar nuevos informes a partir de datos existentes.
El juez no aceptó ese argumento. La sentencia considera que el Municipio tuvo un comportamiento “claramente remiso” porque no respondió al pedido ni explicó que necesitara un plazo adicional para reunir o elaborar la información.
Además, Bazzani entendió que la documentación presentada por la comuna durante el juicio —fundamentalmente ordenanzas impositivas y presupuestarias— no respondía a los puntos centrales del reclamo.
Quedaron sin contestar, según el fallo, la matriz de costos, la ejecución de lo recaudado, el personal afectado y el equipamiento utilizado.
El magistrado fue contundente: si para responder era necesario relevar datos o elaborar información, la Municipalidad debía comunicarlo y otorgar un plazo razonable, no podía simplemente omitir la respuesta.
Una dificultad que se repite
Lo que hoy finaliza en un amparo es resultado de un conflicto de larga data. En mayo, cuando las entidades hicieron público el reclamo, el presidente de Federación Agraria Argentina Filial Rojas, Carlos Marveggio, describió la situación de los caminos como un problema “crónico”.
Según sus declaraciones, los productores venían manifestando dificultades para transitar con camiones y maquinaria agrícola, y advertían que el deterioro afectaba las actividades de cosecha, siembra y ganadería.
El propio municipio de Rojas publicó años atrás un diagnóstico extremadamente crítico de la situación vial. En aquella publicación oficial se describía una red de aproximadamente 1.170 kilómetros y se hablaba de caminos “abandonados, destruidos e intransitables en muchos casos”.
También se señalaba que parte de la maquinaria estaba en condiciones deficientes o directamente irreparables y que la recuperación de la red requería una reparación profunda, no solamente tareas de mantenimiento.
El deterioro de la infraestructura vial rural de Rojas es una problemática que, al igual que en muchos otros distritos del país, se viene registrando desde hace años.
El estado crítico de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires viene generando desde hace años el reclamo por parte de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
“Tenemos en la provincia de Buenos Aires unos 120.000 kilómetros de trazados rurales, de los cuales, en 2024, el 58%, alrededor de 70.000 kilómetros ya se encontraba en condiciones regular o malo”, señaló el presidente de la entidad, Pablo Ginestet.
De acuerdo con las estimaciones de Carbap, por los caminos rurales bonaerenses se transportan anualmente más de 45 millones de toneladas de granos, unos 2.500 millones de litros de leche y más de nueve millones de cabezas de ganado.
“El estado de estos caminos, no representa únicamente una dificultad para el sector agropecuario. También condiciona la conectividad, los servicios esenciales y la vida cotidiana de las comunidades rurales”, indicó Ginestet.
Según el dirigente, “la verdadera causa del problema es la no afectación de los fondos para los caminos rurales, ya que la tasa vial es derivada a renta general en algunos casos y no afectada a resolver ésta critica situación”.
Por eso, desde Carbap reclaman que se otorgue a las sociedades rurales locales la potestad de fiscalizar y supervisar el destino de los fondos recaudados para el mantenimiento vial.
Qué destino se le debe dar a los fondos de la tasa
La Ordenanza Fiscal municipal establece que por la prestación de los servicios de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal, calles y caminos rurales municipales debe pagarse una tasa. Es decir, existe una vinculación normativa expresa entre el tributo y el servicio vial.
Por eso, el planteo de las entidades rurales no consiste solamente en discutir si los caminos están mejor o peor. El punto central es poder determinar, con información oficial, qué costo utiliza el Municipio para calcular la tasa, cuánto recauda y cómo ejecuta los recursos asociados a ese servicio.
Por eso, en su sentencia, el juez Bazzani sostuvo que conocer cómo se aplican las tasas que afectan al sector agropecuario permite ejercer un control sobre la gestión de los representantes públicos. Lo que determinó es que la Municipalidad no brindó la información solicitada en forma completa y que las entidades rurales tienen derecho a acceder a esos datos.
Ahora deberán aparecer los números que permitan analizar qué ocurrió con los recursos.
El municipio tendrá 45 días para informar cuánto recaudó, qué otros fondos ingresaron para atender los caminos, qué superficie y extensión debe mantener, qué trabajos realizó, cuánto personal tiene afectado, qué salarios paga y qué maquinaria utiliza, además de los gastos de reparación y mantenimiento de esos equipos.
El uso que se le da a la recaudación deberá fundamentarse
El conflicto entre las entidades rurales y la Municipalidad de Rojas comenzó con una pregunta concreta: qué ocurre con el dinero que pagan los productores por las tasas vinculadas con los servicios rurales.
Ahora, por decisión judicial, esa pregunta tendrá que ser contestada con documentación.
La información que entregue el municipio permitirá por primera vez poner en una misma ecuación recaudación, costos, kilómetros de caminos, trabajos realizados, personal, maquinaria y gastos.
Esa información ya no podrá quedar solamente en las ordenanzas o en la información general publicada en internet sino que deberá ser entregada de manera completa, adecuada, veraz y oportuna.
Allí se revelará el dato clave de esta disputa: no solamente cuánto pagan los productores, sino cuánto vuelve efectivamente a los caminos rurales de Rojas.
Porque se trata de una tasa y eso exige una contraprestación en mantenimiento y reparación de la red vial.
Y ese servicio es esencial para que cada día los productores puedan entrar y salir de sus casas, los chicos puedan asistir a las escuelas rurales y se pueda trasladar la producción agrícola y ganadera de cada establecimiento del partido.
