
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la FGR o la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantuvieran investigaciones abiertas contra Andrés Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López por presuntos vínculos con el huachicol fiscal. Durante su conferencia matutina en Guadalupe, Zacatecas, sostuvo que las indagatorias vigentes se concentraban en redes de contrabando de combustibles y en esquemas para evadir impuestos, no en esas dos figuras políticas.
La mandataria explicó que una de las pesquisas más avanzadas surgió por un buque detenido el año pasado en Tampico. La embarcación ingresó con documentos que declaraban “naftas”, pero un análisis de laboratorio solicitado por la aduana permitió establecer que en realidad transportaba diésel.
Sheinbaum dijo que ese hallazgo conectó con otras indagatorias previas de la Fiscalía y abrió una ruta más amplia sobre el ingreso de combustibles al país sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. También señaló que, a partir de ese caso, se identificó una red que operaba desde Estados Unidos y distribuía el producto en gasolineras nacionales.
La respuesta de la presidenta fue directa ante los señalamientos que habían colocado los nombres de Adán Augusto López y Andrés López Beltrán alrededor de ese expediente: hasta donde le había informado la Fiscalía, no existía ninguna investigación contra ellos. Añadió que la autoridad competente para confirmarlo o descartarlo formalmente era la propia FGR.
La ruta del combustible ilegal incluyó puertos, ferrotanques y gasolineras
Sheinbaum detalló que la investigación sobre el buque en Tampico no fue el único frente abierto. También describió una segunda línea centrada en ferrotanques que ingresaban por la frontera terrestre, en particular por Piedras Negras, con permisos falsos que ocultaban cargas de gasolina o diésel.
Según explicó, ese mecanismo consistía en declarar sustancias distintas a los combustibles para evitar impuestos y controles. Esa línea llevó a pesquisas sobre la empresa Ingemar y derivó en la detención del exgobernador Rufo, a quien mencionó como parte de las consecuencias de esas averiguaciones.
La presidenta también habló de una tercera vertiente relacionada con el robo de hidrocarburos en ductos internos de Pemex. En ese punto, indicó que el gobierno federal había mantenido coordinación entre el SAT, la Secretaría de Energía, Pemex, la Secretaría de Seguridad, el Ejército y la Marina para frenar tanto el contrabando como el robo de combustible.
Su explicación buscó separar las investigaciones penales en curso de los nombres que habían aparecido en testimonios o versiones difundidas alrededor del caso. El eje de las indagatorias, insistió, estaba en las redes de importación ilegal, el uso de documentos falsos, la evasión fiscal y la distribución de combustibles en el mercado nacional.
La presidenta remitió a la Fiscalía la validez de los testimonios
Al referirse a las menciones de personajes públicos en audiencias judiciales, Sheinbaum reconoció que en un testimonio alguien podía señalar nombres. Pero aclaró que ese dicho, por sí mismo, no significaba la apertura automática de una investigación formal.
La presidenta sostuvo que correspondía a la FGR analizar si esos testimonios tenían validez y si estaban respaldados por pruebas. Bajo ese criterio, remarcó que no bastaba con una mención en audiencia para concluir que existiera una carpeta contra Adán Augusto López o Andrés López Beltrán.
En su mensaje, repitió que “no hay investigaciones” contra ambos, según la información que le había transmitido la Fiscalía. La frase cerró el margen de interpretación sobre una posible indagatoria activa de carácter penal en ese momento.
También hizo una precisión sobre el ámbito administrativo. Explicó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigaba a personas que eran o habían sido servidoras públicas, por lo que distinguió entre la condición de cada uno de los señalados.
La Secretaría Anticorrupción solo podría actuar sobre exservidores públicos
Sobre Andrés Manuel López Beltrán, Sheinbaum subrayó que no era servidor público. A partir de esa calidad, dejó claro que no tenía conocimiento de ninguna pesquisa en su contra dentro del ámbito de esa dependencia.
En el caso del senador Adán Augusto López, recordó que había sido secretario de Gobernación. Aun así, sostuvo que, hasta donde sabía, tampoco existía una investigación abierta en su contra.
La presidenta añadió que, si fuera necesario, la secretaria Raquel Buenrostro podría ofrecer información adicional sobre ese componente administrativo. Con esa referencia, diferenció nuevamente las atribuciones de la Secretaría Anticorrupción de las facultades penales que recaían en la Fiscalía.
Otro de los puntos que expuso fue el papel de la Secretaría de Marina en el origen de las averiguaciones. Señaló que esa dependencia detectó irregularidades en la documentación del buque, promovió denuncias y aportó información sobre cómo funcionaba la red de contrabando.
Según su recuento, de esas acciones derivaron detenciones, entre ellas la de dos personas pertenecientes a la propia dependencia. También se reforzaron las fronteras marítimas y terrestres para contener el ingreso ilegal de combustibles.
La descripción del esquema dejó ver dos modalidades principales: embarcaciones que declaraban productos distintos para ocultar diésel y ferrotanques que cruzaban la frontera con permisos falsos. En ambos casos, el objetivo era introducir combustible sin pagar impuestos y colocarlo después en estaciones de servicio del país.
Sheinbaum ubicó esos hechos dentro de investigaciones que venían desde la administración pasada. No presentó nuevos nombres de responsables fuera de los ya mencionados en las líneas de indagación y se limitó a reiterar que la Fiscalía debía informar sobre cualquier avance formal.
La respuesta presidencial ocurrió después de que un reportero le preguntó por las menciones recurrentes de Adán Augusto López y Andrés López Beltrán en el contexto del huachicol fiscal. Su contestación mantuvo el mismo criterio durante toda la exposición: una cosa eran los testimonios o señalamientos, y otra una investigación abierta con sustento ministerial.
En ese marco, la mandataria cerró la discusión pública sobre una eventual pesquisa vigente contra ambos políticos con una definición puntual: hasta la información que le había proporcionado la Fiscalía, no existía ninguna. El resto, dijo, dependía de lo que la autoridad ministerial determinara sobre las pruebas y sobre la validez legal de los dichos vertidos en audiencias.
- Claudia Sheinbaum negó que hubiera investigaciones abiertas contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López por huachicol fiscal.
- La presidenta explicó que las indagatorias se enfocaban en redes de contrabando detectadas en Tampico, Piedras Negras y ductos de Pemex.
- Sheinbaum sostuvo que solo la FGR podía validar testimonios, abrir carpetas y confirmar públicamente cualquier pesquisa formal.




