Las petroleras Navitas y Rockhopper proyectan comenzar a extraer crudo en 2028 en aguas cercanas a las Islas Malvinas. Aunque Argentina declaró ilegales sus operaciones, el proyecto Sea Lion sigue avanzando.

El proyecto Sea Lion avanza hacia la explotación de petróleo en aguas cercanas a las Islas Malvinas. En simultáneo, el Gobierno de Javier Milei profundiza una política exterior que, lejos de fortalecer el reclamo argentino de soberanía, vuelve a colocar a la Argentina en una posición de subordinación frente al Reino Unido.

Con una inversión estimada en US$1.800 millones, el desarrollo prevé comenzar a producir petróleo en 2028 y podría alcanzar los 55.000 barriles diarios. Detrás del negocio están la petrolera israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.

El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, dentro de un área vinculada a la disputa de soberanía que Argentina mantiene con el Reino Unido. No obstante, lejos de detenerse, el proyecto acaba de dar pasos decisivos para convertirse en uno de los principales desarrollos petroleros offshore de la región.

En diciembre de 2025, ambas compañías aprobaron la decisión final de inversión para la primera etapa de Sea Lion. El financiamiento contempla unos US$1.000 millones de deuda, mientras que la producción está proyectada para el primer trimestre de 2028.

Según Navitas, el área cuenta con 216 millones de barriles de reservas y recursos totales cercanos a los 603 millones de barriles. Un volumen suficiente para explicar por qué las empresas decidieron avanzar aun cuando la Argentina considera ilegales sus operaciones.

Argentina sanciona, las petroleras avanzan

El caso de Sea Lion expone una contradicción difícil de ignorar. La Argentina cuenta con una legislación específica para sancionar a las empresas que exploten hidrocarburos sin autorización en la plataforma continental argentina, pero las medidas adoptadas hasta ahora no lograron impedir que el proyecto continúe su marcha.

La Ley 26.659 establece sanciones e inhabilitaciones para las compañías involucradas directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Incluso alcanza a las empresas proveedoras de servicios y prevé prohibiciones para operar en el país durante períodos de entre cinco y 20 años.

Navitas ya fue alcanzada por esa legislación. En 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades vinculadas con Malvinas y la inhabilitó por 20 años para operar en la Argentina.

Pero la sanción no frenó el negocio. Tres años después, la empresa aprobó junto a Rockhopper una inversión multimillonaria para llevar el proyecto a la etapa de producción. Es decir; Argentina declaró ilegal la actividad, pero las compañías continúan avanzando hacia la extracción comercial de petróleo.

Las grandes petroleras se bajaron, pero el negocio sigue

La ausencia de gigantes como Shell, TotalEnergies o Equinor no responde a una preocupación por la soberanía argentina. Es, fundamentalmente, una decisión comercial.

Para las grandes multinacionales que tienen inversiones y contratos en el país, involucrarse en Sea Lion podría implicar quedar expuestas a sanciones y comprometer negocios mucho más amplios dentro del territorio argentino.

Ese riesgo explica, en parte, por qué Harbour Energy decidió desprenderse de sus activos en Sea Lion. La compañía vendió su participación a Navitas y, poco tiempo después, reforzó su presencia en la Argentina con la compra de los activos de Wintershall Dea.

Actualmente, Harbour participa de proyectos offshore frente a Tierra del Fuego junto a TotalEnergies y Pan American Energy.

El contraste es evidente. Mientras las grandes compañías calculan cuidadosamente hasta dónde pueden avanzar sin poner en riesgo sus negocios en Argentina, empresas de menor escala como Navitas y Rockhopper decidieron apostar directamente por la explotación de recursos en un territorio bajo disputa. Y el negocio es demasiado grande como para pasar desapercibido.

Soberanía no puede ser solo una consigna

Sea Lion avanza en un contexto particularmente sensible para la política argentina sobre Malvinas. El Gobierno de Milei ha sido cuestionado por su acercamiento al Reino Unido y por una política exterior que debilita la histórica posición argentina sobre la recuperación de la soberanía.

En este escenario, el desarrollo petrolero suma un problema concreto. Mientras se multiplican los discursos sobre la necesidad de recuperar Malvinas, empresas extranjeras se preparan para extraer millones de barriles de petróleo de una zona cuya soberanía la Argentina reclama como propia.

Detrás de Malvinas hay recursos naturales, hidrocarburos y una proyección estratégica sobre el Atlántico Sur que excede largamente el debate simbólico.

La explotación offshore frente a Tierra del Fuego demuestra, además, la importancia económica que tienen estos recursos. Actualmente, los yacimientos costa afuera aportan cerca de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas, alrededor del 20% de la producción nacional.

Sea Lion podría convertirse en un negocio petrolero de enorme escala. Y mientras Navitas y Rockhopper avanzan con inversiones, financiamiento y un cronograma concreto para comenzar a producir en 2028, la respuesta argentina sigue sin mostrar la misma contundencia.

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