El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI, por sus siglas en inglés) condenó el 3 de septiembre la revocación masiva de licencias para ejercer de abogados y notarios en Nicaragua y advirtió que la medida restringe el derecho de los ciudadanos a contar con una representación legal independiente.
Según el organismo, cerca de 2,000 profesionales, dentro y fuera de Nicaragua, detectaron en las últimas semanas que sus credenciales habían sido suspendidas. La inhabilitación les impide presentar escritos, asistir a audiencias o actuar ante los tribunales.
El IBAHRI sostuvo que muchos de los afectados no recibieron una comunicación previa de las autoridades. Algunos se enteraron cuando intentaron realizar trámites judiciales y comprobaron que sus nombres y números de registro ya no figuraban en los sistemas oficiales. Otros advirtieron cambios en el registro electrónico de la Corte Suprema de Justicia.
La entidad señaló que no se conocieron motivos jurídicos públicos para las revocaciones ni se ofrecieron instancias de descargo, audiencia o revisión independiente. Para el instituto, esas condiciones cuestionan la legalidad de la medida y afectan las garantías que deben regir la actividad profesional de los abogados.
El IBAHRI indicó que la suspensión de licencias alcanzó a profesionales que residen en el país y a otros que se encuentran en el exilio. Entre ellos hay abogados vinculados públicamente con posiciones críticas frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también especialistas en áreas sin vinculación política directa, como derecho de familia.
En determinados casos, los clientes de abogados inhabilitados recibieron notificaciones sobre la designación de defensores de oficio por parte de las autoridades. El organismo alertó que este mecanismo puede limitar la posibilidad de elegir libremente a quien asuma la defensa en un proceso judicial.
El instituto recordó que los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados establecen que las sanciones disciplinarias deben apoyarse en normas profesionales reconocidas.
Para el IBAHRI, la falta de notificación, fundamentos, audiencia y revisión judicial en las revocaciones conocidas resulta incompatible con esos estándares. El organismo sostuvo que el alcance de la medida permite interpretar que existe una estrategia de control político sobre uno de los sectores profesionales que todavía pueden asistir a ciudadanos frente a acciones estatales.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) ya había alertado sobre una “purga silenciosa de la profesión legal”, según recordó el IBAHRI. El grupo vinculó la situación con el deterioro de las garantías de defensa y el desmantelamiento del Estado de derecho.
Mark Stephens, copresidente del IBAHRI, afirmó que retirar licencias sin explicación ni posibilidad de respuesta vulnera garantías básicas de cualquier procedimiento disciplinario. “Se trata de un intento deliberado de eliminar a uno de los últimos grupos profesionales capaces de defender los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.
“Un Poder Judicial sin independencia y una profesión legal que no puede ejercer dejan a las personas en Nicaragua sin recurso alguno”, afirmó Stephens .
Hina Jilani, también copresidenta del IBAHRI, señaló que una profesión legal autónoma constituye una condición para la vigencia del Estado de derecho. “Cuando se puede impedir que los abogados ejerzan sin el debido proceso, los clientes pierden una garantía esencial frente a las actuaciones arbitrarias del Estado”, indicó.
La organización ubicó las revocaciones dentro de un proceso más amplio de concentración de poder en Nicaragua. Según su comunicado, la medida se produjo después de cambios institucionales que reforzaron el control de las autoridades sobre el Poder Judicial y otros organismos estatales.
El IBAHRI también citó reformas constitucionales que, a su juicio, ampliaron el poder del Ejecutivo. En ese contexto, recordó que el 19 de julio de 2026, Ortega declaró que Nicaragua no celebraría más elecciones, una afirmación que, según el organismo, puso en cuestión el proceso electoral previsto para noviembre de 2027.
El organismo pidió que restablezca de inmediato las credenciales de los abogados y notarios afectados, salvo que cada caso sea resuelto mediante procesos disciplinarios legales, transparentes e independientes.
