Al bajar del avión que lo trajo al aeropuerto de Ezeiza la tarde del jueves 6 de septiembre de 1979, el venezolano Andrés Aguilar, titular de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sabía que tenían una misión difícil por delante, porque más allá de la supuesta buena voluntad que parecía mostrar la dictadura argentina al permitir la visita, deberían derribar más de una barrera – sobre todo las del temor y el silencio – y enfrentar más de una escena montada por los militares y sus socios civiles para obstaculizar la tarea que debían hacer.
La junta militar llevaba casi tres años y medio como dueña de la vida y de la muerte en la Argentina, pero su imagen en el exterior del país se deterioraba día tras día por la magnitud de las denuncias que hacían los exiliados y las organizaciones internacionales. Fue acorralada por esa presión que debió aceptar que una comisión enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) visitara el país para investigar las violaciones de los derechos humanos que venía perpetrando desde el golpe que el 24 de marzo de 1976, cuando había derribado al gobierno constitucional.
Los informes que traían en sus carpetas los miembros de la delegación eran pavorosos: hablaban de presos políticos sin proceso y en condiciones inhumanas de encarcelamiento, de detenciones ilegales, de desapariciones forzadas de ciudadanos, de la existencia de campos clandestinos de concentración y exterminio, de torturas, y de ejecuciones a sangre fría de opositores disfrazadas de enfrentamientos armados.
Para contrarrestar esas denuncias y a la vez condicionar la labor de los enviados de la CIDH, los dictadores habían puesto en marcha una fuerte campaña publicitaria para dar una falsa imagen de la situación en el país. Desde los avisos gubernamentales y muchos medios de comunicación se martillaba la idea de la existencia de una “campaña antiargentina” armada desde el exterior para desacreditar a los militares que habían tomado el poder con el sagrado objetivo de salvar a la patria y con ella a la “civilización occidental y cristiana de los embates de la subversión internacional comunista.
“Los argentinos somos derechos y humanos”, clamaba en un juego de palabras el slogan más difundido de esa campaña que, paradójicamente, no había sido diseñada por ningún patriota argentino, que era obra de Burson Marsteller, una agencia de relaciones públicas y publicidad con sede en Nueva York contratada por los dictadores un año antes para mejorar su deteriorada imagen. La frase se repetía en radio y televisión, en vía pública y no pocos automovilistas llevaban el sticker en sus vehículos, pegado en las lunetas y las ventanillas.
Apoltronado en el sillón presidencial y con vestimenta civil, el dictador Jorge Rafael Videla apostaba, además, a aprovechar un posible triunfo deportivo. Al día siguiente de la llegada de la comisión, se jugaba en Japón la final del Mundial juvenil de fútbol, donde la selección nacional, capitaneada por Diego Armando Maradona, enfrentaría al equipo de la Unión Soviética. Si los chicos albicelestes ganaban, se convocaría a los argentinos a recibirlos en la Plaza de Mayo para aprovechar su alegría por el éxito deportivo y mostrarla como prueba de que en la argentina el pueblo vivía feliz y gozaba de una irrestricta libertad para manifestar sus opiniones y sentimientos.
El fútbol y la muerte
Los miembros de la delegación de la CIDH sabían que se trataba de un montaje, pero no por eso desechaban sus posibles efectos. La delegación inició su actividad oficial un día después de su llegada, el viernes 7, cuando fue recibida por el dictador Videla y por los miembros de la junta militar. Después se instaló en las oficinas de la OEA en Avenida de Mayo al 700, a pocas cuadras de la Casa Rosada, para recibir denuncias de familiares de desaparecidos y de presos políticos. No estaban seguros de que muchos se atrevieran a hacerlas, porque soportaban una fuerte campaña intimidatoria impulsada desde lo más alto del poder.
A la hora que los delegados comenzaron sus actividades, el triunfo de la selección juvenil argentina en Tokio ya era un hecho. Los pibes capitaneados por Maradona habían vencido al equipo de la Unión Soviética por 3 a 1. El partido se jugó en la noche japonesa, pero por la diferencia horaria, en la Argentina los goles se gritaron por la mañana. La jugada de Videla y la junta para aprovechar la victoria tuvo a su mayor propagandista en el relator deportivo José María Muñoz, que desde el micrófono de Radio Rivadavia utilizó su programa La Oral Deportiva para lanzar una convocatoria popular y desafiar a la delegación de la CIDH: “Vayamos todos a Avenida de Mayo y demostrémosles a estos señores que la Argentina no tiene nada que ocultar”, machacaba una y otra vez. Muñoz se había convertido en un ferviente propagandista de la dictadura desde la hora cero, violando su propia máxima de que el deporte jamás debía mezclarse con la política.
Mientras el relator deportivo y otros notorios periodistas de la época lanzaban esa convocatoria, centenares de personas respondían a otra que distaba mucho de ser una fiesta y comenzaban a reunirse frente a la sede de la OEA para presentar sus denuncias por violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura. Esas colas, interminables, serían un hito fundamental para cambiar la historia, porque dieron cuenta de la magnitud del plan represivo ilegal implementado por los militares argentinos.
Una victoria manchada con sangre
El aprovechamiento de la victoria deportiva por parte de los militares fue tan escandaloso como repugnante. Su clímax llegó cuando Muñoz logró comunicarse con los jugadores en el vestuario de la selección en Tokio y cruzó impunemente a Maradona con un Videla vestido de civil e instalado en el estudio del canal de televisión oficial, ATC, desde donde se lo transmitió a todo el país.
Con un tono cuartelero que le resultaba imposible disfrazar, el dictador ensayó un largo monólogo dirigido a Maradona: “Quiero hacerle llegar a usted en mi nombre, en nombre del pueblo argentino, porque está ya ese pueblo con afecto volcado en las calles gritando ‘¡Argentina! ¡Argentina!’. Hacerle llegar, digo, mi más cordial saludo a usted por la destacadísima actuación que le cupo no solamente es este partido sino en toda esta campaña futbolística. Pero también quiero hacerle llegar mi complacencia a usted, en calidad de capitán, por haberse nucleado en ese equipo de jóvenes que está compuesto por tantas individualidades, un sentido, un sentimiento de equipo que nos muestra todo lo que pueden hacer todos los argentinos cuando se dedican a trabajar juntos (…) Y tengan también por seguro que constituyen a través de este evento un claro ejemplo para todos los jóvenes argentinos, que más allá del triunfo del partido, ven a ustedes el triunfo de una juventud optimista que quieren mirar hacia el futuro con amor, con esperanza, con fe. Espero poder verlos a su regreso, que tengan una feliz estadía en ese maravilloso país del Japón y, en corto tiempo, podremos abrazarnos aquí en Buenos Aires”, le espetó.
Para cerrar la jugada, el propio Videla se ocupó de que la selección campeona adelantara su viaje: tras el triunfo y la entrega de trofeos, jugadores y cuerpo técnico viajaron a Río de Janeiro desde Tokio. Allí los esperaba un avión oficial que los llevó al Aeropuerto de Ezeiza, y desde ahí allí, sin siquiera poder recoger sus equipajes, se los subió a dos helicópteros que los depositaron en la cancha Atlanta, el punto de partida de una caravana de micros que se dirigió a la Casa Rosada. Fue una maniobra cronométrica que coincidió con el horario de salida del trabajo de la mayoría de los porteños para que pudieran participar de los festejos.
El país clandestino
La fiesta y la alegría que se mostraban en la superficie contrastaban con el país oculto, el de las desapariciones forzadas, las ejecuciones ilegales y los centros clandestinos de detención y tortura. Mientras tanto, la Comisión seguía trabajando. Sus integrantes estuvieron del 7 al 10 de septiembre en Buenos Aires, del 10 al 14 en Córdoba, el 14 y el 15 en Tucumán, para pasar luego por Rosario y regresar a la Capital Federal, desde donde emprendieron el regreso a Washington el 20 de septiembre.
Durante esos días, además de recibir denuncias en la sede de la OEA y en oficinas preparadas en otras ciudades, visitaron los centros clandestinos de detención de La Rivera y La Perla, en Córdoba, y El Atlético, el Olimpo y la ESMA, en Buenos Aires, además de varias cárceles para interiorizarse de la situación de los detenidos. En sus recorridas por los centros clandestinos no pudieron ver nada, porque la dictadura había preparado cuidadosamente los escenarios para convencerlos de que allí no ocurría nada ilegal. La mayoría de los relativamente pocos sobrevivientes que quedaban en las instalaciones de la ESMA fueron trasladados a una isla en el delta del Tigre. Se llamaba “El Silencio”. Aunque el nombre parezca una metáfora de la crueldad, se debe a que se trataba de un lugar de retiro espiritual. La crueldad consistió en que era propiedad del Arzobispado de Buenos Aires, que se lo vendió a la Armada precisamente ese año, poco antes de la visita de la delegación de la CIDH.
En otros lugares del país, se realizaron maniobras de encubrimiento similares. Otros detenidos fueron llevados a una quinta en la zona norte de Buenos Aires, y a un grupo de hombres y mujeres sometidos les dieron vestimenta de marinos y los dejaron disfrazados con la ropa de sus captores durante la visita a la ESMA. Más brutal fue la estrategia de encubrimiento del general Luciano Benjamín Menéndez. Al saber que la delegación visitaría “La Perla” en Córdoba y otro centro clandestino en Tucumán, ordenó “una limpieza”, es decir, la ejecución masiva de las personas que estaban secuestradas en esos lugares.
Pese a todas estas maniobras, al terminar su misión la delegación tenía registradas 5.580 denuncias que permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas en la Argentina. Además, los juristas se entrevistaron con Emilio Fermín Mignone, con el exdiputado democristiano Augusto Conte, el radical Raúl Alfonsín, Enrique y Graciela Fernández Meijide, los socialistas Alfredo Bravo y Simón Lázara, y otros integrantes de organismos de Derechos Humanos. Sus declaraciones fueron también devastadoras para la imagen que pretendía mostrar la dictadura.
Un informe contundente
Con 294 páginas, el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue dado a conocer en mayo de 1980 y presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de ese año. Sus conclusiones no dejaron dudas sobre la violencia y la represión ilegal que perpetraba el Estado Terrorista instaurado en la Argentina.
“A la luz de los antecedentes y consideraciones expuestos en el presente informe, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979—numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, decía al presentar las conclusiones y a continuación enumeraba y profundizaba sobre las violaciones humanos que había comprobado. Entre otras:
-Al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir fundadamente que han muerto.
-Al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al haberse prolongado sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena; esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de opción previsto en el Artículo 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada permanencia de los asilados configura un atentado a su libertad personal, lo que constituye una verdadera pena.
-Al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes.
-Al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares; y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad y orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas.
El informe final de la CIDH derrumbó la imagen de la dictadura argentina ante el mundo y fue una luz de esperanza para los familiares de las víctimas. Sus conclusiones fueron corroboradas, luego de la recuperación de la democracia, por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) creada por el presidente Raúl Alfonsín, y confirmadas una y otra vez – con casos particulares – por los testimonios de familiares y sobrevivientes durante el juicio a las juntas militares y en cada uno de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad reabiertos desde 2003, luego de la derogación de las leyes de impunidad conocidas como de Punto Final y de Obediencia Debida.
