El gobierno de Javier Milei anunció un esquema de financiamiento para reactivar el mercado inmobiliario que, en la práctica, muestra un alcance limitado. La medida coloca plazos fijos a largo plazo en bancos comerciales por $2 billones (USD 1.300 millones) mediante licitaciones, cifra que apenas cubriría unos quince mil créditos a una tasa máxima de UVA + 7,50%.
La primera licitación se activó por USD 130 millones, dándole a las entidades 90 días para transformarla en hipotecas. La letra chica revela su naturaleza excluyente: al requerir que el banco evalúe al solicitante, el sistema está diseñado para elegir sobre seguro, beneficiando casi exclusivamente a los sectores “más adinerados” para comprar viviendas que ya fueron construidas.
Esta política para pocos contrasta con la escala e inclusión del programa PRO.CRE.AR., ideado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo la gestión de Diego Bossio en la Anses (2011-2015). En ese período, la iniciativa estatal otorgó unos 176.000 créditos a tasa fija en pesos (entre 2% y 14% anual). Del total, 154.000 préstamos financiaron la construcción de viviendas y 22.000 operaron como complementarios para terminación. Asimismo, se avanzó en 79 desarrollos urbanísticos por otras 30.000 viviendas. Lejos de la discrecionalidad actual, el acceso se rigió por un proceso transparente y público mediante sorteos televisados por la Lotería Nacional.
