Cuatro décadas después de los hechos vinculados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, la incertidumbre continúa marcando la vida de numerosas familias hondureñas. No existe todavía una respuesta definitiva para todos los casos ni un mecanismo estatal único que permita conocer con precisión cuántas personas fueron víctimas de desaparición forzada y cuál fue su destino.
La experta del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas, Carmen Rosa Villa, advirtió, durante un foro realizado por el 20 aniversario de la adopción por Honduras de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que el país aún carece de respuestas definitivas, un registro único de víctimas y una ley de búsqueda pendiente de aprobación.
Villa puso especial énfasis en un factor que, con el paso de los años, se vuelve irreversible: la pérdida de quienes todavía pueden aportar información sobre los hechos.
“Cada año que pasa, algunas de las personas sobrevivientes mueren sin haber recibido nada, ni verdad, ni reparación y sin ninguna explicación”, señaló la experta, al advertir sobre la urgencia de atender las demandas de las familias que continúan esperando respuestas.
Para Villa, una desaparición forzada no puede darse por concluida mientras no se esclarezca el paradero de la persona. La obligación del Estado, por tanto, no desaparece con el transcurso de los años ni puede considerarse satisfecha simplemente porque haya pasado el tiempo.
El llamado al estado hondureño
En ese escenario, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas aparece como uno de los principales pendientes para Honduras.
La propuesta busca establecer un mecanismo permanente para localizar a las personas desaparecidas, esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, identificar restos, reconocer a las víctimas y sus familiares, garantizar reparación y establecer medidas de no repetición.
La experta de Naciones Unidas aclaró que esta legislación no debe verse como una exigencia nueva impuesta desde el exterior. Honduras ya reconoció compromisos internacionales relacionados con la desaparición forzada y, según Villa, lo que corresponde ahora es convertir esos compromisos en medidas concretas dentro del país.
“Lo que se pide no es que el Estado asuma algo nuevo, sino que complete lo que ya había declarado parte de su agenda”, afirmó.
Uno de los principales obstáculos es la falta de un registro único que permita dimensionar el fenómeno. Villa planteó la necesidad de crear una base de datos de personas desaparecidas forzadamente, incluidos hondureños cuyos casos estén relacionados con hechos ocurridos en el país aunque sus familiares residan actualmente en el exterior.
Familiares a la espera
Contar con esa información permitiría establecer cuántos casos existen, identificar patrones, orientar las investigaciones y diseñar una política pública específica.
La ausencia de una figura penal propia también representa un problema. Villa consideró necesario que Honduras tipifique la desaparición forzada como un delito autónomo dentro del marco de los crímenes de lesa humanidad, en lugar de que los casos puedan terminar siendo abordados únicamente como homicidios o secuestros.
Durante su visita a Honduras, Carmen Rosa Villa dejó planteado un mensaje que trasciende las recomendaciones internacionales: el país todavía tiene una oportunidad de responder a las familias que durante décadas han esperado conocer el destino de sus seres queridos.
