El monitoreo realizado por la ONG Cubalex en la isla durante 2026 registró 19 muertes bajo custodia del régimen cubano asociadas a falta de atención médica o atención negligente, de las cuales 17 corresponden a personas privadas de libertad en ocho cárceles del país, según el informe difundido por esta organización.
Según la organización, las cifras reflejan los riesgos que enfrentan quienes permanecen bajo control estatal, en un contexto de deficiencias en alimentación, condiciones de reclusión y acceso a servicios médicos, lo que puede agravar enfermedades y poner en peligro la vida de los reclusos.
La Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, concentra el mayor número de muertes documentadas, con cuatro casos. Le siguen el Combinado del Este y la Prisión de Boniato, con tres fallecimientos cada una, y la Prisión Provincial de Guantánamo, conocida como Combinado de Guantánamo, con dos casos. En la última semana, El Típico reportó la muerte de tres internos, en un contexto caracterizado por desnutrición, escasez y mala calidad de los alimentos, así como carencia de atención médica adecuada.
Entre los fallecidos figura Yoandry Cutiño Oliva, de 34 años, originario del barrio La Victoria, en Las Tunas, quien murió en agosto en estado crítico de desnutrición, con una estatura aproximada de 1,78 metros y un peso de solo 32 kilogramos. Las autoridades penitenciarias informaron que la causa del deceso fue cáncer.
También se documentó el caso de José Rivero Consuegra, de 63 años y oriundo de Manatí, quien sufrió un infarto dos días antes de fallecer. Otro recluso, cuya identidad no ha sido confirmada, murió por desnutrición.
Cubalex alertó que la situación en El Típico es preocupante. Ante los reclamos por la falta de comida, las autoridades respondieron que “tomen bastante agua”. Además, fue eliminada una merienda consistente en pan y agua de refresco. Como plato principal, los internos reciben una pasta de harina que, según la información recogida por la organización, contiene gusanos y desprende mal olor.
Las condiciones descritas por Cubalex suponen un riesgo para la vida y salud, especialmente para quienes padecen enfermedades o deterioro físico que requieren atención médica. La ONG documentó muertes bajo custodia fuera de las prisiones. Entre los casos se encuentra Ferrer Ortiz, de 37 años, residente en Los Palos, Mayabeque, quien falleció en agosto. Según denuncias, Ortiz fue detenido tras un accidente y, pese a encontrarse visiblemente lesionado, permaneció más de 17 horas en una unidad policial sin recibir atención médica, lo que derivó en su muerte por traumatismos en la cabeza.
Otra muerte ocurrió en mayo en el Hospital Psiquiátrico de Cienfuegos, donde Arelis Pérez, una mujer de casi 60 años, habría sido asesinada a golpes presuntamente por otra paciente internada en el centro. Allegados señalaron que la presunta agresora padecía un desequilibrio mental tras una violación.
El monitoreo también incluye el caso de Roberto Álvarez Ávila, miembro de una embarcación procedente de Florida atacada por Guardafronteras cubanos en febrero. Álvarez fue hospitalizado bajo custodia estatal y falleció posteriormente. “Nos avisaron que Roberto murió, pero seguimos sin saber exactamente qué ocurrió”, declararon familiares en marzo.
Cubalex subrayó en el documento difundido en su página oficial que la obligación estatal de proteger la vida e integridad de las personas bajo custodia permanece vigente incluso tras su ingreso a un hospital. La organización advierte que la falta de investigaciones independientes y transparentes, así como las denuncias sobre negligencia médica, obstaculizan el esclarecimiento de las muertes y la determinación de responsabilidades.
La entidad insistió en la responsabilidad del Estado cubano de garantizar condiciones dignas de reclusión, alimentación adecuada, agua potable y atención médica oportuna para la población bajo custodia. El monitoreo alertó especialmente sobre los riesgos en El Típico, donde la falta de atención y las condiciones alimentarias requieren una respuesta inmediata para proteger efectivamente la vida y salud de los reclusos.
