El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso la tarde de este jueves por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, tras una segunda audiencia privada y virtual celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
La diligencia se llevó a cabo sin acceso a medios de comunicación, por determinación de la propia jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución pone fin a la fase inicial del proceso penal contra el exmando naval. La jueza ratificó además la prisión preventiva oficiosa por la probable intervención en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la modalidad de ocultamiento, por lo que Farías Laguna permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano, en Almoloya de Juárez.
La audiencia de este jueves fue la tercera y última fase de la diligencia inicial. El sábado 22 de agosto, la defensa del excontralmirante solicitó la duplicidad del plazo constitucional —de 72 a 144 horas— para preparar sus argumentos y revisar los aproximadamente 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF).
La segunda fase se celebró la mañana y tarde del miércoles, pero las partes acordaron un receso para este jueves, cuando la jueza emitió la resolución definitiva sobre la vinculación a proceso.
El trabajo del MPF, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), permitió formular una imputación sólida ante la autoridad judicial. Sin embargo, fue en la continuación de la audiencia inicial donde la FGR obtuvo tanto la vinculación a proceso como la ratificación de la prisión preventiva oficiosa.
El abogado Epigmenio Mendieta, titular del despacho Mendieta y Asociados, confirmó antes de la audiencia que la defensa presentó peritos y testigos. “No existen datos que puedan involucrar al excontralmirante Fernando Farías Laguna a las aduanas a las que nunca ha pertenecido”, sostuvo el litigante.
La audiencia se desarrolló de forma remota, con la jueza, la FGR y la defensa conectadas por videollamada. La juzgadora había determinado desde el arranque de la diligencia, el viernes 22, que el caso contenía información cuya difusión podría afectar a la seguridad nacional, argumento con el que la FGR justificó la reserva del procedimiento.
La posición de la defensa y la familia de Farías Laguna
El despacho Mendieta y Asociados se opuso desde el inicio a la celebración de la audiencia a puerta cerrada. La defensa argumentó que el artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la publicidad como regla y la restricción como excepción. “Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, señaló el comunicado del despacho.
Mónica Gámez, esposa del excontralmirante, también exigió que la audiencia fuera abierta. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, reveló que Farías Laguna tiene problemas cardiacos y manifestó su temor por la salud de su marido en reclusión. “Duerme a ratitos, no duerme una noche completa”, describió.
La esposa del imputado también denunció haber recibido amenazas. Afirmó que le advirtieron que, si concedía entrevistas, le abrirían una carpeta de investigación en su contra.
El esquema de huachicol fiscal que documentó la FGR desde 2024
Fernando Farías Laguna es excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) y sobrino político del exsecretario de la institución José Rafael Ojeda Durán. La FGR lo señala como uno de los presuntos líderes de la red conocida como “Los Primos”, junto con su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encontraba recluido en el Altiplano desde septiembre de 2025.
La red operó en cinco estados del país: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. El esquema consistía en introducir buques tanque a los puertos de Tampico y Ensenada con hidrocarburos declarados como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.
Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto. Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio, y esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) documentó el esquema desde 2024, cuando el entonces titular de la Semar compartió a la fiscalía los primeros indicios de las operaciones de la red. Las fuentes de Reforma señalan que la organización permitió el ingreso de al menos 31 buques con huachicol fiscal a Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.
El primer golpe y el aseguramiento del buque Challenge Procyon
El primer operativo contra la red ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, que transportaba cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación similar en Ensenada, Baja California, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.
La afectación económica documentada por la FGR, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Las autoridades aseguraron además 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles.
Con la llegada de Farías Laguna a México el 21 de agosto, el total de personas detenidas vinculadas al esquema llegó a 16, de las cuales 12 son exservidores públicos.
La deportación desde Argentina y el papel del FBI y la DEA
Farías Laguna llegó a México pasadas las 3 de la madrugada del viernes 21 de agosto, a bordo de un Gulfstream G450 con matrícula AMT-205 de la Armada, que hizo escala en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Colombia, para recargar combustible. El traslado se concretó como deportación, no como extradición formal, luego de que el Estado mexicano desistió del juicio de extradición que se seguía en Buenos Aires.
El excontralmirante había ingresado a Argentina bajo la identidad falsa de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo. Fue detenido en Buenos Aires el 23 de abril de 2026. El juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, firmó el resolutorio que archivó el proceso al recibir el desistimiento mexicano.
Previo al traslado, agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA) se reunieron con Farías Laguna en el penal de Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega voluntaria y desistiera de los recursos legales pendientes, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina. El mecanismo de deportación adelantó su salida del país: el juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Buenos Aires.
El deslinde de la Semar y los cargos que enfrenta el exmando naval
La Semar se deslindó públicamente del excontralmirante el 20 de agosto, mediante un mensaje en redes sociales. “La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, señaló la institución, con mayúsculas que remiten directamente a los pilares de su lema institucional.
El secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles había fijado su postura desde septiembre de 2025, cuando el Gabinete de Seguridad detuvo a 14 personas vinculadas a la red: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”. Un mes después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre, reconoció públicamente la corrupción dentro de la institución: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”.
Los cargos que enfrenta Fernando Farías Laguna son delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las penas que contempla la ley para esos delitos van de 20 a 40 años de prisión.
