El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro se unió a las críticas que surgieron por la expedición del Decreto 1368 de 2026, mediante el cual el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
De acuerdo con el congresista del Pacto Histórico, la medida abriría la puerta a un porte de armas indiscriminado en el país y, a su juicio, esto supone un riesgo para la población, teniendo en cuenta la historia de violencia que permea a Colombia y que todavía persiste.
“Agregar el porte legal de armas, amplio e indiscriminado, a una sociedad en la que en las últimas décadas han muerto asesinadas con armas de fuego cientos de miles de personas, es una decisión criminal. La proliferación de las armas, lo demuestra nuestra historia, no es el camino para proteger la vida”, indicó el excandidato en una publicación en su cuenta de X.
En otra publicación, el senador hizo una advertencia relacionada con el decreto que firmó el presidente De la Espriella y con la visita que hizo el 8 de septiembre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia. Cepeda puso en duda la pertinencia de memorandos de entendimiento que al parecer serán suscritos entre ambas naciones, teniendo en cuenta la decisión que tomó el mandatario de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego.
“¡Cómo serán de nefastos los “memorandos de entendimiento” que van a suscribir Rubio y De la Espriella, que al mismo tiempo se anuncia una decisión igualmente nefasta como es la autorización del porte de armas!”, indicó.
Abelardo de la Espriella hizo aclaración sobre el decreto
Pese a que el excandidato advirtió sobre la posibilidad de que se permita el porte de armas de fuego indiscriminado en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella negó que ese sea el efecto que tiene el decreto en cuestión. Según explicó, todavía se mantienen los controles y autorizaciones para permitir que algún ciudadano porte un arma.
“Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, precisó el primer mandatario en X.
De igual manera, justificó su decisión en el número de armas que están en poder de las organizaciones criminales que operan en el país. De acuerdo con datos oficiales que suministró, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego. De la totalidad, 14.179 fueron utilizadas para la comisión de delitos. Además, 980 armas de fuego están vinculadas a las disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado. Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”, detalló.
El congresista del Centro Democrático Daniel Briceño hizo también una aclaración sobre el decreto firmado por el jefe de Estado. Según indicó, la decisión implica el levantamiento de la prohibición generalizada que impide a los ciudadanos iniciar el proceso de porte legal de armas.
Eso quiere decir que los colombianos podrán aplicar al proceso para autorización de tenencia y porte de armas, sin que exista una reducción en los criterios y requisitos establecidos para ello. Así las cosas, como explicó el primer mandatario, el Gobierno no está avalando la entrega indiscriminada de armas a los ciudadanos.
