La intervención de varios puntos de almacenamiento en Bogotá permitió retirar del circuito comercial una cantidad de licor que, de haber llegado a los consumidores, habría representado un negocio ilegal de más de $1.700 millones.
El procedimiento dejó 8.520 botellas de bebidas adulteradas fuera del mercado, además de miles de elementos falsificados utilizados para intentar dar apariencia legal a los productos.
Las autoridades encontraron la mercancía durante 11 diligencias de allanamiento realizadas en dos centros comerciales de la localidad de Los Mártires. Junto a las botellas fueron decomisadas más de 12.000 estampillas, tapas, sellos y otros elementos de seguridad que estaban destinados a ser utilizados en la cadena de comercialización.
Según las autoridades, la operación es la de mayor dimensión realizada hasta ahora contra este tipo de actividad. El procedimiento buscó frenar una cadena que podía terminar con las bebidas en establecimientos comerciales y afectar tanto a los consumidores como a las rentas públicas.
El despliegue fue coordinado por la Fiscalía General de la Nación, a través de la URI de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), junto con la Gobernación de Cundinamarca. En las diligencias participaron además la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar No. 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Federación Nacional de Departamentos y empresas protectoras de marca.
La magnitud económica del decomiso se puede dimensionar a partir del precio que podían alcanzar las botellas antes de llegar al consumidor. En los sitios clandestinos de acopio, cada unidad podía ser entregada a intermediarios por valores de entre $7.000 y $25.000. Con esos precios, la valoración preliminar de las 8.520 unidades superaba los $639 millones. Sin embargo, el negocio podía crecer de manera considerable cuando las bebidas pasaban a establecimientos destinados a la venta directa.
De acuerdo con las estimaciones de la Gobernación de Cundinamarca, una botella podía terminar ofreciéndose en bares y discotecas por precios de entre $80.000 y $200.000, o incluso superiores. Si la mercancía hubiera completado todo el recorrido hasta el consumidor final, los ingresos potenciales de la actividad ilegal habrían sobrepasado los $1.700 millones.
Para las autoridades, el golpe económico no se limita al valor de los productos decomisados. La operación afecta la disponibilidad de estas bebidas y reduce los recursos que podían obtener las estructuras dedicadas a su distribución y comercialización. “Estas acciones conjuntas contribuyen a mejorar las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos con salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos y, por supuesto, con proteger las rentas departamentales”, señaló Luis Armando Rojas Quevedo, secretario de Hacienda de Cundinamarca.
El procedimiento tiene además una dimensión de salud pública. Las 8.520 botellas fueron retiradas antes de que pudieran llegar a los consumidores, evitando la exposición a los riesgos sanitarios relacionados con la elaboración y venta clandestina de bebidas adulteradas. “Retirar estas botellas del mercado significa evitar una potencial emergencia de salud pública en los hogares bogotanos y cundinamarqueses”, aseguró Amira Anaya, coordinadora del Grupo de Unidad de Reacción Inmediata del Invima.
El comercio ilegal de licores también representa un impacto para las finanzas de Cundinamarca. Las estimaciones de la Gobernación señalan que las actividades asociadas con este mercado generan pérdidas superiores a $80.000 millones anuales para el departamento por concepto del impuesto al consumo de licores.
Después del operativo, las autoridades recomendaron adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos confiables y prestar especial atención cuando sean ofrecidas a precios inusualmente bajos. También pidieron verificar el registro sanitario y revisar el estado de etiquetas, tapas, empaques, estampillas y demás elementos de seguridad antes de comprar o consumir estos productos.
La Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y las entidades que participaron en el procedimiento anunciaron que mantendrán las acciones de control contra la fabricación, adulteración, distribución y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas.
