El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva recurrió este martes ante el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, para pedir la suspensión inmediata del apartamiento cautelar del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, ordenado horas antes por el magistrado André Mendonça. La petición, firmada por el abogado general de la Unión, Jorge Messias, sostiene que la medida invade una competencia exclusiva del presidente de la República.
El recurso de la Abogacía General de la Unión (AGU) argumenta que solo Lula tiene la facultad constitucional de nombrar y destituir al jefe de la Policía Federal, y que la decisión de Mendonça provoca “grave lesión al orden público y administrativo”. El texto añade que la interrupción abrupta en la conducción del organismo genera riesgo de desorganización institucional, según recogieron medios brasileños como Poder360 y G1.
Antes de formalizar el pedido, Messias y el ministro de Justicia, Wellington César Lima e Silva, se reunieron con Fachin para anticiparle que el Ejecutivo impugnaría la resolución. Lula ha guardado silencio público sobre el caso, aunque analiza emitir un comunicado oficial. En el Palacio de Alvorada se descartó, por ahora, convocar al Consejo de la República, opción planteada por asesores de su campaña.
La decisión que motivó el recurso fue adoptada este martes por Mendonça, quien apartó preventivamente tanto a Rodrigues como al director de Inteligencia Policial, Leandro Almada da Costa. El magistrado sostuvo que existían indicios de un “monitoreo sistemático e ilegal”, prolongado más de treinta días, contra su propia actuación y la de otras autoridades, entre ellas Messias.
La medida se originó en informes de inteligencia elaborados por la Policía Federal que, según Mendonça, carecían de valor probatorio y fueron usados de forma indebida por su colega Alexandre de Moraes para solicitar una investigación en su contra por presunto abuso de autoridad, vinculada a su manejo de los casos del Banco Master y del fraude al Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).
Moraes había actuado, a su vez, después de que Mendonça ordenara desclasificar otro documento policial con mensajes suyos con Daniel Vorcaro, ex presidente del Banco Master. Ese informe, según reportó la cadena CNN Brasil la semana pasada, recoge una declaración del propio Vorcaro en la que asegura que un eventual acuerdo de colaboración premiada con la Fiscalía no prosperó porque involucraba a Rodrigues, con quien mantenía una relación personal previa y viajes compartidos a eventos.
Mendonça ordenó además que la Corregiduría de la Policía Federal abra procedimientos penales y administrativo-disciplinarios sobre la elaboración de esos informes, y prohibió que la corporación produzca o comparta nuevos análisis de inteligencia sobre magistrados, integrantes de la abogacía pública o policías judiciales.
El trasfondo de la crisis es el escándalo del Banco Master, el mayor fraude del sistema financiero brasileño. El Banco Central liquidó la entidad en noviembre de 2025 y la Policía Federal arrestó a Vorcaro ese mismo mes, en el marco de la Operación Compliance Zero, que investiga un agujero patrimonial estimado en 52.000 millones de reales (unos 9.700 millones de dólares) y presuntas redes de corrupción de funcionarios del Banco Central.
Las pesquisas, que ya derivaron en trece detenciones, apuntan a una organización con núcleos dedicados al fraude financiero, la corrupción de reguladores, el ocultamiento patrimonial y la vigilancia ilegal de periodistas y autoridades. Entre los señalados por presuntos vínculos con Vorcaro figuran exfuncionarios y políticos de distinto signo, lo que convirtió al caso en un asunto transversal para buena parte de la clase dirigente.
La votación en la Segunda Sala del Supremo, integrada también por Luiz Fux y Nunes Marques, marchaba tres a cero a favor de mantener el apartamiento de Rodrigues cuando el magistrado Gilmar Mendes pidió vista del expediente, lo que suspendió el juicio colegiado y dejó vigente, por ahora, la decisión individual de Mendonça.
La disputa se desarrolla a menos de un mes de las elecciones de octubre, en un clima en el que la derecha brasileña reclama la destitución de Moraes, el magistrado que llevó a prisión al ex presidente Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado tras dejar el poder en 2022. Lo que decida Fachin no resolverá el choque de fondo entre el Ejecutivo y el Supremo: definirá quién controla la cúpula policial mientras ambos poderes disputan, en paralelo, el relato del caso Master a las puertas de una elección que ya los enfrenta.
