El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió el jueves la intervención estatal de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como una medida necesaria para combatir presuntas irregularidades y restablecer el suministro de combustibles, que volvió a presentar problemas en las últimas semanas.
El Gobierno intervino el miércoles a YPFB y el jueves a la ANH. El mandatario definió a la primera como el “operador de los combustibles” y a la segunda como el “organismo que debía controlarlo”.
“Los controles de calidad se flexibilizaron durante años, por decisiones que hoy generan sospechas fundadas de irregularidades. Eso no se corrige con anuncios: se corrige auditando, exigiendo información completa y aplicando la Ley de Lucha Contra la Corrupción”, afirmó Paz en X.
El titular del Ejecutivo boliviano cumplirá diez meses de mandato el próximo 8 de septiembre, indicó que dos comisiones integradas por ministros examinarán la gestión de ambas entidades. “Todo hallazgo con posibles responsabilidades irá a la Contraloría y al Ministerio Público, sin excepciones. Una decisión necesaria para acabar con la corrupción, tomar control y asegurar combustible para todos los bolivianos”, agregó.
Las intervenciones fueron oficializadas mediante decretos y tendrán una vigencia de 180 días calendario. La comisión responsable de la intervención estará integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del viceministro de Transparencia. Ese grupo podrá recomendar auditorías y otras medidas.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, atribuyó el desabastecimiento a “malos manejos” en las dos instituciones. “Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y (...) es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria” de intervención, afirmó durante una conferencia de prensa. En el caso de YPFB, el Ejecutivo prevé apartar de forma gradual a la compañía de la comercialización de hidrocarburos para que concentre sus funciones en exploración, explotación y refinación.
Bolivia importa actualmente el 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume. El gasto semanal para adquirir esos combustibles ronda los 90 millones de dólares, mientras la producción de gas natural del país cae desde hace varios años. El suministro de combustibles líquidos presenta irregularidades desde 2024. Las dificultades se reflejan en filas de vehículos que esperan horas e incluso días para cargar gasolina o diésel.
Paz eliminó en diciembre de 2025 los subsidios a los combustibles, una política vigente durante los gobiernos de Evo Morales, entre 2006 y 2019, y de Luis Arce, entre 2020 y 2025. La decisión buscó aliviar la crisis económica y garantizar las importaciones de carburantes, aunque las filas en las estaciones de servicio persistieron.
El esquema de subvenciones agotó las reservas de divisas y dificultó la compra externa de combustibles. Paz había asegurado que el fin de esa política permitiría terminar con las demoras para abastecerse de gasolina y diésel.
En enero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibió denuncias por la distribución de gasolina contaminada. Hasta junio, el combustible afectó a por lo menos 36.000 vehículos. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció que “la mitad del combustible” que importa el Estado termina en redes de contrabando hacia países vecinos, con la complicidad de empleados de YPFB.
(Con información de EFE)
