Madrid, 29 ago (EFE).- El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el mayor programa de inversión pública de la historia reciente de España, llega a su fin este 31 de agosto, cuando el Gobierno deberá tener completados sus hitos y objetivos, aunque el cierre administrativo definitivo se prolongará los próximos meses.
El último día de agosto es la fecha que fija el reglamento comunitario para completar los hitos y objetivos comprometidos, pero el Gobierno dispone hasta el 30 de septiembre para presentar la séptima y última solicitud de pago y el plan no se cerrará definitivamente hasta finales de año.
El Plan de Recuperación llega a su recta final marcado por una doble condición: la de ser el mayor programa de inversión pública de la historia reciente de España y la de un mecanismo cuyo impacto real sigue siendo objeto de discusión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió a finales de julio en que este plan ha contribuido a "la transformación estructural" de la economía española y remarcó que los fondos "representan el futuro" para muchos sectores y territorios "en los que se mira adelante con esperanza y con menos incertidumbre".
El Consejo Europeo aprobó el 21 de junio de 2020 la creación del programa NextGenerationEU, un instrumento de estímulo para responder a la crisis sin precedentes causada por el coronavirus y dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 millones le correspondían a España (una cantidad que se redujo posteriormente por la renuncia a una parte de los préstamos).
Para acceder a ellos, el Gobierno elaboró un plan que fue presentado en abril de 2021 y aprobado por Bruselas apenas un mes y medio después, al entender que respondía "de forma integral y adecuadamente equilibrada" a lo que Europa demandaba.
Desde entonces, en estos poco más de cinco años, España ha recibido seis pagos por un total de 78.000 millones de euros, el 76,5 % del total de fondos asignados, tras cumplir 338 hitos y objetivos. Los beneficiarios han llegado a 1,5 millones, un 68 % de los cuales son pymes y microempresas.
El último cobro, el del sexto desembolso, se hizo efectivo este mismo mes de agosto por una cantidad de 6.234 millones: 4.962 en transferencias -incluidos 265 millones pendientes del quinto pago- y 1.008 millones en préstamos, por el cumplimiento de 73 nuevos hitos.
Queda pendiente la solicitud del último pago, que deberá presentarse antes del 30 de septiembre y que supondrá la evaluación de 148 hitos y objetivos, con 21.462 millones de euros en transferencias y 4.400 millones en préstamos en juego.
Uno de los hitos que previsiblemente quedarán sin cumplir es la subida del impuesto de hidrocarburos que se aplica al diésel para equipararlo al de la gasolina.
El Gobierno incluyó esta subida en el proyecto de presupuestos de 2021, pero finalmente acordó con el PNV retirarla, y volvió a incorporarla en su paquete fiscal de 2024, pero fue rechazada con los votos de PP, Vox, UPN y Podemos.
Así, Bruselas descontó 460 millones de euros del quinto desembolso por no haber adoptado esta medida.
La cifra que más ha cambiado el perfil del plan es la de los préstamos que formaban parte de esta iniciativa, ya que el Gobierno decidió renunciar al 70 % de lo que correspondía a España y redujo la petición a unos 22.800 millones.
El motivo que esgrimió el Ejecutivo fue que el diferencial de financiación de España respecto de la propia Comisión Europea, que en 2021 rondaba los 70 puntos básicos, se redujo prácticamente a cero, lo que eliminaba la ventaja de recurrir a la deuda comunitaria.
No obstante, existe una segunda lectura y es que tras cuatro años de programa la adjudicación de los mismos había sido bastante limitada, lo que podía apuntar a la escasez de demanda empresarial, según explicaba en un informe reciente BBVA Research.
El principal punto de fricción entre el balance oficial y el de los evaluadores independientes es la ejecución real del dinero, ya que organismos como Funcas advierten que los fondos que el Gobierno da por resueltos no acreditan que el dinero haya llegado efectivamente a la economía.
A ello se añade el volumen todavía sin comprometer. A cierre del primer semestre de este año quedaban en torno a 22.000 millones de euros sin adjudicar, un importe que, conforme al reglamento comunitario, debería devolverse a Bruselas si no llega a asignarse antes de que expire el plazo.
Además, BBVA Research alerta de que el ritmo promedio mensual de ayudas y licitaciones del Plan de Recuperación se ha desacelerado en los últimos trimestres, por lo que para alcanzar el 100 % de la inversión comprometida dentro del calendario previsto sería necesario un giro claro en la ejecución, con una aceleración superior al 80 %, es decir, unos 2.200 millones de euros mensuales de media.
Sobre el efecto macroeconómico, un análisis de Funcas elaborado con la consultora Afi cifra entre el 10 y el 14 % la parte del avance anual del PIB español explicada por los fondos europeos entre 2021 y 2025.
A pesar de estas dudas, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado el plan de "éxito rotundo" y considera que ha servido para abordar desequilibrios estructurales como el desempleo, la baja productividad y la temporalidad, además de modernizar y transformar el tejido productivo.
"El plan ha contribuido a que España tenga una economía más competitiva, más productiva, con una menor desigualdad y más innovadora", insiste Cuerpo. EFE
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