La limitada ejecución del presupuesto destinado a prevenir y mitigar los efectos del Fenómeno El Niño mantiene en alerta a las autoridades de Perú. El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, advirtió que las regiones de Puno, Moquegua y la Provincia Constitucional del Callao figuran entre las que registran menor avance en el uso de los recursos asignados para enfrentar lluvias intensas, inundaciones, huaicos y déficit hídrico.
La advertencia ocurre ante un escenario en el que al menos 20 millones de personas podrían sufrir consecuencias directas e indirectas por los eventos asociados al fenómeno climático. La cifra considera a la población expuesta a inundaciones, movimientos en masa, desbordes de ríos, sequías y afectaciones sobre servicios básicos, viviendas, vías de comunicación y actividades productivas.
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) informó que más de siete millones de personas se encuentran en riesgo muy alto frente a los posibles impactos del Fenómeno El Niño. Otros 11 millones están clasificadas en riesgo alto, según las evaluaciones técnicas sobre zonas vulnerables en distintas regiones del país.
El Callao solo ejecutó el 15,5% de los fondos asignados
El caso del Callao refleja las dificultades para convertir las partidas presupuestarias en obras y acciones concretas. De acuerdo con la información de la Contraloría General de la República, esa jurisdicción ejecutó el 15,5% de los recursos disponibles: gastó 2,51 millones de soles de un total de 16,17 millones asignados para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres.
La baja ejecución cobra relevancia porque la Provincia Constitucional del Callao concentra zonas urbanas, infraestructura vial, establecimientos de salud, colegios y actividades económicas que podrían resultar afectadas por lluvias intensas o aniegos. La prevención incluye intervenciones como limpieza de cauces, reforzamiento de defensas, mantenimiento de drenajes, identificación de puntos críticos y planes de respuesta ante emergencias.
El reporte también identificó dificultades en los gobiernos locales. Un total de 208 municipalidades provinciales y distritales ejecutaron menos del 40% de los fondos previstos para enfrentar los efectos del fenómeno. A ese grupo se suman 109 municipalidades que no registraron ningún gasto, pese a contar con recursos destinados a prevención y atención de desastres.
Más de 18 millones de personas enfrentan riesgos altos y muy altos
La información de Cenepred sitúa a más de 18 millones de habitantes en condiciones de riesgo alto o muy alto. Las amenazas no se concentran en una sola zona del país. En la costa, las precipitaciones pueden provocar desbordes, inundaciones y activación de quebradas; en áreas andinas y de la selva, el déficit hídrico puede afectar el abastecimiento de agua, la agricultura y la ganadería.
El fenómeno también puede generar daños sobre viviendas y servicios esenciales. En los territorios expuestos, las lluvias y los movimientos en masa pueden interrumpir carreteras, aislar comunidades, dañar redes de agua y saneamiento, afectar colegios y complicar el acceso a centros de salud. Las autoridades locales deben priorizar medidas que reduzcan estos riesgos antes de que se intensifiquen las condiciones climáticas.
Frente a ese panorama, el Ejecutivo declaró en emergencia a 893 distritos de 22 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao. La medida habilita a los gobiernos regionales y municipales a adoptar acciones excepcionales e inmediatas para reducir el peligro existente, atender emergencias y ejecutar labores de rehabilitación que mantengan una relación directa con los efectos de las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño.
La Contraloría cuestionó la capacidad técnica de las autoridades regionales
Aguilar Surichaqui atribuyó parte de la baja ejecución a limitaciones técnicas para planificar, priorizar y asignar el gasto público. Según explicó, varias entidades subnacionales no logran traducir los recursos disponibles en expedientes, contrataciones, obras o intervenciones preventivas dentro de los plazos requeridos.
El problema no se limita a la disponibilidad de dinero. La ejecución presupuestaria depende de la identificación de zonas vulnerables, la elaboración de fichas técnicas, la coordinación con entidades especializadas y el seguimiento de los trabajos. Cuando esas etapas se retrasan, las intervenciones pueden quedar pendientes hasta el inicio de lluvias o hasta que ocurra una emergencia, cuando la capacidad de respuesta ya enfrenta mayores restricciones.
La Contraloría señaló que mantendrá la fiscalización sobre la distribución y el uso de los recursos destinados a prevenir los impactos del Fenómeno El Niño. El control incluirá la revisión de las acciones adoptadas por gobiernos regionales y municipales, con atención en las entidades que presentan menor avance presupuestario y en los puntos críticos identificados como vulnerables ante inundaciones, huaicos y sequías.
