El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió este domingo el endurecimiento de las políticas de seguridad y orden urbano del Gobierno de Jorge Macri, reivindicó la baja de los piquetes en la Ciudad y así rechazó la disputa con La Libertad Avanza por el mérito de esas medidas.
En diálogo con Romina Manguel, en el programa A Confesión de Parte, el funcionario porteño primero señaló que “el objetivo que tenemos desde la gestión de Jorge es ordenar la ciudad y respetar la ley”. Y sumó: “Eso te va llevando desde el ejecutivo a ir planteando soluciones o acciones para que en cada cosa diaria se empiece a notar”.
“Antes era imposible determinar cuánto ibas a tardar en llegar, desde que entrabas a la 9 de Julio hasta que la pasabas por los piquetes. Hoy no hay más piquetes y sin afectar el derecho constitucional a manifestarse. Lo hicimos conjuntamente con autoridades nacionales”, continuó.
Y agregó: “No me corresponde hablar de quién se lleva el rédito político de algo que beneficia a la gente. ¿Fue Patricia Bullrich? Sí. ¿Fue Jorge Macri? También. Hay decisión política”.
Sobre ese punto, Tapia descartó cualquier disputa por el mérito: “No importa quién se lleva el crédito. Esto era en beneficio del porteño y de aquel que entra a la ciudad y sale todos los días, que son tres millones de personas”, dijo.
El contexto político en el que se producen estas declaraciones no es menor. A poco más de un año de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y con las negociaciones entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO en marcha, la legisladora libertaria Pilar Ramírez apuntó contra el giro en las políticas de Jorge Macri.
La semana pasada, en declaraciones a Splendid 990, la titular de LLA en la Ciudad cuestionó si el jefe de Gobierno actúa por convicción o por cálculo electoral: “Jorge Macri no sé si tiene el orden como prioridad, no sé si es una convicción o es un focus groups o es una foto, porque el orden tiene que primar en todos los aspectos de la ciudad de Buenos Aires”, afirmó.
Ramírez también reclamó reconocimiento por el origen de esas políticas. “A veces le falta reconocernos el copyright”, sostuvo, y subrayó que fue La Libertad Avanza el espacio que decidió terminar con los piquetes y los acampes a nivel nacional. “El PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires hace veinte años. Y si no hubiera sido porque este presidente o porque este espacio político decidió terminar con esos desórdenes, nada de eso hubiera pasado”, añadió la legisladora, de acuerdo con el mismo medio. Aun así, aclaró que no son “celosos” del asunto, siempre que la adhesión a esas políticas sea genuina.
Desde el Gobierno de la Ciudad, Tapia sostuvo que actuó por convicción. El ministro repasó una serie de medidas para ilustrar el cambio de rumbo, y señaló que muchos de esos problemas habían sido “naturalizados” durante años, incluso dentro de administraciones anteriores del PRO. Uno de los ejemplos que mencionó fue el de los manteros en los barrios de Once y Flores, donde la venta ambulante ilegal había colapsado el espacio público durante años.
Tapia precisó que cuando se desempeñaba como jefe de gabinete de Macri —en aquel entonces ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta—, el problema de los manteros ya estaba sobre la mesa, pero no se tomaban decisiones. “Había una decisión política para tomar y los manteros se sacaron y, ¿sabés qué? En un año y medio no volvieron”, remarcó. El funcionario también advirtió que detrás de la organización de esos vendedores operan estructuras mafiosas que los coordinan y desplazan, y que la gestión actual realiza un seguimiento activo para evitar que se reinstalen en otros puntos del distrito.
El siguiente eje que abordó fue el de los trapitos, otro fenómeno que, según Tapia, la sociedad porteña había terminado por aceptar como parte del paisaje urbano. “Llegábamos a un espectáculo deportivo o cultural y venían y te extorsionaban para darle plata, y generalmente ya lo habíamos aceptado: le negociabas el precio al trapito”, describió. La respuesta del Gobierno de la Ciudad fue una modificación en el Código Contravencional que incorporó la pena de arresto para quienes ejerzan esa práctica. “Si sos trapito, sabé que podés ir en cana en la ciudad”, sentenció el ministro, y explicó que la medida apunta tanto a quienes actúan en la vía pública como a las redes que los organizan desde atrás.
El tercer bloque de acción que describió Tapia fue el de la recuperación de propiedades privadas usurpadas. Según informó el funcionario, el Gobierno porteño colaboró con la Justicia en más de 900 operativos de desalojo. En el 80% o 90% de los casos, existe una orden judicial previa producto de un proceso civil iniciado por el propietario del inmueble. El problema, explicó, era que esas órdenes no se ejecutaban: el oficial de justicia llegaba al domicilio, tocaba el timbre o aplaudía en la puerta, y el operativo fracasaba.
Para revertir esa dinámica, la Ciudad desplegó una respuesta coordinada entre tres áreas. El Ministerio de Seguridad aporta la fuerza necesaria para materializar la orden; el Ministerio de Espacio Público interviene para que el proceso no afecte el entorno ni el barrio; y el Ministerio de Desarrollo Humano realiza un seguimiento de las personas desalojadas para garantizar que tengan adónde ir, independientemente de si ocupaban el lugar por necesidad o por otra razón. “Hay una trazabilidad por detrás que por ahí no se muestra en el momento”, subrayó el ministro.
Al cerrar el reportaje, Tapia amplió el alcance de la filosofía que guía a la gestión más allá del área de seguridad y justicia. Mencionó la educación, la salud y el tránsito como otros ámbitos donde se aplica la misma lógica: “La forma de ir cambiando el comportamiento social es volver al orden y volver al respeto de la ley en esta ciudad. Aquel que no cumpla la norma, que tenga sus consecuencias”, concluyó.
