El programa de privatizaciones del gobierno de Javier Milei tuvo un listado claro desde el inicio de su mandato. La Ley Bases, aprobada en junio de 2024, declaró sujetas a privatización o concesión a ocho empresas públicas, y on al menos cinco procesos ya cerrados o adjudicados, el Gobierno postergó en la última semana la apertura de sobres de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) -la mayor distribuidora de agua del país- una pausa en un plan que ya acumula operaciones por USD 1.081 millones.
Infobae adelantó, la apertura de los primeros sobres técnicos estaba prevista para el 27 de agosto, pero el Ejecutivo la corrió al 15 de septiembre mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Según pudo saber este medio, la demora respondió a pedidos de prórroga de las propias empresas internacionales interesadas, que solicitaron más tiempo para revisar los pliegos; oficialmente, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de “promover una amplia participación” y garantizar los principios de concurrencia y transparencia.
El caso de AySA es uno de los más complejos del programa. El Estado posee el 90% de la empresa -el 10% restante ya está en manos de los trabajadores- y es ese paquete completo el que se pone en venta. El esquema, sin embargo, divide la operación en dos tramos: al menos el 51% deberá ir a un único operador estratégico con experiencia comprobable en servicios de agua y saneamiento, mientras que el remanente se podrá colocar en bolsas y mercados de capitales. El pliego no fija precio mínimo ni base pública para ninguno de los dos tramos, con lo que el resultado “dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes”, según el propio documento licitatorio.
El pliego no fija precio mínimo ni base pública para ninguno de los dos tramos
El Gobierno estima recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación, aunque la cifra no está garantizada de antemano. El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años -con opción a 10 adicionales- e incorpora un plan de inversiones de USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y un total de USD 15.040 millones a lo largo de toda la concesión.
Entre los interesados figuran el Grupo Roggio -operador actual de Aguas Cordobesas- y el empresario Mauricio Filiberti, ambos con conversaciones avanzadas con operadores internacionales para presentaciones conjuntas.
Las brasileñas Sabesp y Águas do Rio también estuvieron en la órbita del proceso, aunque su participación quedó condicionada por el conflicto diplomático entre Argentina y Brasil de las últimas semanas. La chilena Aguas Andinas, controlada por el grupo francés Veolia, fue otro nombre que circuló, aunque fuentes con conocimiento del proceso indicaron que finalmente no presentaría una oferta.
Lo que ya se cerró
Antes de que AySA copara la agenda, el programa de privatizaciones acumuló operaciones por USD 1.081 millones. La primera fue la venta de IMPSA, la metalúrgica mendocina, a ARC Energy en enero de 2025 por USD 27 millones. Le siguió, en diciembre de ese año, la adjudicación de las cuatro principales centrales hidroeléctricas del Comahue -Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito y Cerros Colorados- por un total de USD 700 millones, con contratos de operación de unos 30 años.
En abril de 2026 se concretó la venta del paquete accionario de Citelec, sociedad controlante de Transener -la principal red de transporte eléctrico de alta tensión del país, con más de 12.600 kilómetros de tendido-, al consorcio formado por Genneia y Edison Energía por USD 356 millones, un 70% por encima de la tasación oficial. Esos fondos, al igual que los anteriores, no permanecieron en el Tesoro: la mayor parte se destinó al pago de compromisos con bonistas y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los fondos obtenidos, al igual que los anteriores, no permanecieron en el Tesoro: la mayor parte se destinó al pago de compromisos con bonistas y con el FMI
A mediados de 2026 quedó resuelta la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay -por donde circula el 80% del comercio exterior del país- con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, con opción a cinco adicionales. El contrato prevé una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y obras de profundización y modernización de la vía; el adjudicatario asumirá los riesgos comerciales sin respaldo estatal.
El último capítulo cerrado fue el de Corredores Viales. Esta semana, el Ministerio de Economía formalizó mediante la Resolución 1379/2026 la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales -más de 3.900 kilómetros distribuidos en las regiones Centro, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Mesopotámico y Cuyo- a operadores privados por 20 años. Sumadas las etapas anteriores, el Gobierno completó la adjudicación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales en 16 tramos, por los que circula cerca del 80% del tránsito nacional. Todos los contratos son sin subsidios del Tesoro, en línea con la política oficial de evitar la obra pública y que, en su lugar, esta sea ejecutada por operadores privados.
Lo que no salió
No todos los procesos tuvieron el mismo resultado. La licitación de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos acumuló tres postergaciones y finalmente terminó sin oferentes válidos: el Ministerio de Economía declaró desierto el proceso. El precio base era de USD 45,1 millones por el 100% del paquete accionario, una cifra que generó debate en el sector dado que la propia empresa reconoció tener activos corrientes por encima de ese monto. Tras el fracaso, el Gobierno decidió retirar a Intercargo de los aeropuertos de Río Gallegos y Comodoro Rivadavia y habilitó a 15 compañías privadas para prestar servicios de rampa en el país, aunque al momento solo cuatro operan efectivamente.
Lo que viene
El proceso del Belgrano Cargas -el expediente con más demoras dentro del programa- tuvo un giro en los últimos días, cuando el Ministerio de Economía publicó los pliegos licitatorios para la concesión de las vías e inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza por 50 años, con opción de compra del material rodante. Las ofertas deben presentarse antes del 11 de noviembre de 2026 y la adjudicación está prevista para comienzos de 2027. El esquema abarca 7.594 kilómetros operativos en 16 provincias y conexiones con cinco pasos internacionales. El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales: el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes a los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos.
Las privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y SOFSA aún no tienen fechas concretas. En el caso de NASA, la Ley Bases habilitó una privatización parcial: el Estado deberá conservar el control. Para YCRT, la normativa establece que el Estado debe mantener al menos el 51%; durante 2026 se recibieron propuestas de inversión, entre ellas una oferta cercana a USD 120 millones vinculada a las cuatro unidades productivas. La privatización de los activos restantes de Enarsa -centrales termoeléctricas y gasoducto- tampoco tiene calendario definido.
