El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, presentó este lunes su renuncia después de que una investigación anticorrupción involucrara a funcionarios de su institución en una presunta red de sobornos vinculada con centros de llamadas fraudulentos. La dimisión se produjo pocas horas después de que el propio funcionario negara haber decidido abandonar el puesto y mientras las autoridades examinaban posibles pagos ilegales y operaciones de lavado de dinero.
Kravchenko comunicó su salida a través de sus redes sociales y explicó que tomó la decisión por razones políticas.
“He presentado mi dimisión del cargo de fiscal general”, escribió. Según sostuvo, no pretende que la institución que dirige sea utilizada dentro de una disputa política. “No quiero que el cargo de fiscal general se utilice como herramienta de confrontación política”, afirmó.
El funcionario también aseguró que su posición frente a las acusaciones no ha cambiado. Durante el fin de semana había rechazado cualquier participación en las actividades investigadas y calificó las imputaciones en su contra como infundadas. Su salida, aseguró no constituye un reconocimiento de responsabilidad, sino una decisión que presentó como destinada a preservar la función institucional de la Fiscalía.
La investigación está encabezada por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Ambas instituciones informaron durante el fin de semana sobre una operación contra una estructura presuntamente organizada desde el interior de la Fiscalía General. Los investigadores sostienen que el grupo recibía dinero para permitir que determinados centros de llamadas clandestinos continuaran funcionando pese a las denuncias y controles oficiales.
De acuerdo con la investigación, la organización habría comenzado a operar a mediados de 2025 y contaba con la participación de fiscales en ejercicio y personas vinculadas a ellos. Los centros investigados utilizaban llamadas telefónicas para engañar a ciudadanos ucranianos y extranjeros. A cambio de pagos, integrantes de la red supuestamente utilizaban su posición para evitar que esas actividades fueran interrumpidas.
La pesquisa también apunta a mecanismos destinados a ocultar el origen del dinero. La NABU informó que los recursos obtenidos mediante los sobornos eran posteriormente blanqueados y utilizados para adquirir bienes de alto valor, entre ellos propiedades y joyas. En imágenes difundidas por los investigadores apareció una caja fuerte con grandes cantidades de billetes en dólares.
Uno de los funcionarios alcanzados por el caso es Serhi Kropiva, subdirector del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General. Un tribunal ucraniano ordenó el domingo su prisión preventiva bajo una fianza fijada en 120 millones de grivnas, equivalente a unos 2,32 millones de euros. Está acusado de facilitar la protección de las actividades de los centros fraudulentos.
Kravchenko respondió a la investigación ordenando medidas internas dentro de la Fiscalía. Suspendió de sus funciones a un empleado señalado en el expediente y dispuso iniciar el procedimiento para separarlo del cargo. También ordenó revisar departamentos relacionados con el caso y someter a pruebas de polígrafo a los trabajadores de las unidades alcanzadas por la investigación conocida como Operación Cartago.
La renuncia representa un cambio respecto de sus declaraciones de la mañana de este lunes. En ese momento, Kravchenko había dicho que no se aferraría al cargo, pero aclaró que todavía no había tomado una decisión sobre su continuidad. También había señalado que su eventual salida debía ser aceptada por el presidente Volodimir Zelensky o por el Parlamento.
En su mensaje de renuncia, el fiscal pidió formalmente a esas autoridades que aceptaran su decisión. También agradeció a los trabajadores de la Fiscalía que, según afirmó, continúan investigando los crímenes cometidos durante la invasión rusa, llevando casos ante los tribunales y trabajando con las víctimas. “Su trabajo no debe ser menospreciado en modo alguno”, señaló.
El caso se produce en un país que mantiene desde hace años una lucha contra la corrupción y que, desde el inicio de la invasión rusa, ha enfrentado nuevos desafíos para garantizar controles sobre las instituciones públicas.
La investigación sobre los centros de llamadas añade ahora a la Fiscalía General a una pesquisa de alto impacto que involucra presuntos pagos ilícitos, protección institucional y lavado de activos.
