La Policía Federal Argentina desarticuló una presunta maniobra de corrupción interna en TANDANOR, el emblemático astillero estatal, tras incautar 367.110 dólares durante una serie de allanamientos en la causa conocida como “El Empleado Infiel”. La investigación, que involucra a Julio Eduardo Galle, entonces gerente comercial de la empresa, apunta a una operación de defraudación y cohecho por al menos USD 220.000, en la administración pública vinculada al sector naval argentino, indicaron fuentes del caso a Infobae.
El operativo del Departamento Unidad contra la Corrupción se desplegó el 3 de septiembre bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, dirigido por el juez Sebastián Casanello, con la intervención de la Secretaría N° 14, a cargo de José María Ortega Galíndez. De esta manera, se ejecutaron cinco allanamientos: uno en Mar del Plata y cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las fuentes detallaron que la causa se abrió tras una denuncia formal presentada por Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima (TANDANOR), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación, tras detectar irregularidades durante una auditoría interna que acompañó la renovación de autoridades.
El núcleo de la trama radica en la relación entre la firma Lucrimar S.A., dirigida por Antonio Alejandro Napoleone, y el principal acusado, Galle. Según el expediente, Napoleone habría sido contactado por Galle, quien ofreció condonar una deuda de cerca de USD 200.000 de la empresa Lucrimar S.A. a cambio de una suma de dinero, configurando un posible esquema de soborno que perjudicó de manera directa al patrimonio estatal.
Los delitos investigados incluyen “administración infiel en perjuicio de la administración” y cohecho, ambos previstos en el Código Penal Argentino. Los hechos, de acuerdo con la pesquisa judicial, ocurrieron luego de que la auditoría interna de TANDANOR revelara la falta de cobro de servicios prestados a Lucrimar S.A., lo que disparó la denuncia y el posterior despliegue policial y judicial.
El operativo policial se fundamentó en un análisis pormenorizado de información técnica, informática y financiera, que incluyó el entrecruzamiento de datos sobre personas, domicilios y vehículos.
Los detectives detectaron propiedades y cajas de seguridad privadas y bancarias presuntamente utilizadas para ocultar los fondos obtenidos ilícitamente. Durante los allanamientos, la policía recuperó, entre otros hallazgos, un recibo manuscrito entre los involucrados por USD 100.000 y 12,7 millones de pesos argentinos, además de computadoras, teléfonos, tablets, pendrives y amplios registros bancarios y contractuales.
El punto más sensible de la operación fue la incautación de 367.110 dólares, localizados tanto en un domicilio particular como en una caja de seguridad en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, que fue clausurada y puesta a disposición de la Justicia, precisaron las fuentes.
Este hallazgo se dio junto a documentación probatoria clave, cartas documento e informes bancarios que confirman la dimensión económica de la maniobra en el expediente en manos de Casanello.
Tras los procedimientos, el juez federal ordenó el resguardo preventivo de todo el material y el dinero incautados, para avanzar en la reconstrucción de la trama financiera y contractual detrás del supuesto fraude en TANDANOR.
