El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) interceptó y hundió una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento para el narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en la segunda operación de este tipo coordinada con el Gobierno de Ecuador.
La acción se realizó el 3 de septiembre por orden del comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan. La inteligencia estadounidense determinó que la nave prestaba apoyo a Los Choneros, organización a la que Washington identifica como narcoterrorista.
La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (Jtf-Whem) ejecutó el operativo y la Fuerza de Combate Litoral 24, desplegada desde el buque de asalto anfibio USS San Antonio (LPD 17), interceptó, abordó, registró y despejó la embarcación sin incidentes. Las personas retiradas del buque fueron trasladadas de forma segura a las autoridades ecuatorianas y una vez que la nave quedó despejada, las fuerzas estadounidenses la hundieron.
SOUTHCOM sostuvo que la interdicción eliminó un punto clave de la cadena logística de los traficantes y se enmarca en los objetivos de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) y de la Jtf-Whem para desarticular redes narcoterroristas. El Departamento de Guerra de Estados Unidos y la A3C afirmaron que mantienen su misión de combatir a los narcoterroristas en el hemisferio occidental.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos defendió el “éxito” de la operación Lanza del Sur, la campaña militar contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, al cumplirse un año de su inicio. El último informe trimestral enviado al Congreso indicó que la ofensiva redujo la “actividad marítima ilícita” en un 65% en el Caribe occidental, un 60% en el Caribe oriental y cerca de un 50% en sectores del Pacífico oriental.
La campaña comenzó el 2 de septiembre de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció desde la Casa Blanca que el Pentágono había “neutralizado” una embarcación cargada con drogas en el Caribe. Poco después, difundió un video desclasificado del ataque.
Desde ese momento, el SOUTHCOM informó nuevas acciones de manera periódica, por lo general a través de redes sociales y con detalles limitados sobre cada operativo.
La falta de información pública dificultó un recuento preciso de víctimas. El Pentágono reconoció que, durante el segundo trimestre del año, atacó 19 embarcaciones sospechosas, con un saldo de unas 56 narcoterroristas muertos o presuntamente fallecidos. En el trimestre anterior, la cifra fue de 12 buques atacados y 40 muertos.
SOUTHCOM sitúa el número total de muertos en más de 220 desde el comienzo de la ofensiva. Un conteo independiente de medios y organizaciones eleva el saldo a 227 fallecidos y 68 embarcaciones destruidas, con solo tres supervivientes rescatados.
Un funcionario del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato, sostuvo que Trump “prometió al pueblo estadounidense hace un año garantizar la seguridad” del país y “combatir a los cárteles y narcoterroristas”.
El alto cargo comparó a estas organizaciones con “organizaciones terroristas extranjeras de larga trayectoria” y las responsabilizó de “más muertes de estadounidenses que cualquier otro adversario” reciente. También les atribuyó la circulación de fentanilo y la violencia de pandillas dentro de Estados Unidos.
La operación se integró a la estrategia de presión que Washington impulsó desde fines de 2025 contra Nicolás Maduro, acusado por la Justicia estadounidense de narcotráfico y capturado por el Pentágono el 3 de enero durante una operación en Caracas.
Después de ese episodio, Estados Unidos reforzó la cooperación regional mediante la creación de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), que reúne a Washington y a otros 18 países de América Latina y el Caribe.
Organizaciones como Amnistía Internacional cuestionaron los operativos y reclamaron que Estados Unidos priorice la interceptación de las embarcaciones y la detención de sus tripulaciones por encima del uso de fuerza letal. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en noviembre que Washington investigue si las acciones pueden constituir “ejecuciones extrajudiciales”. Advirtió sobre “fuertes indicios” y recordó que el derecho internacional admite la fuerza letal solo como último recurso frente a una amenaza inminente.
