Luis Enrique Barragán Chávez, alias El Güicho, Wicho o R5, fue abatido el 31 de agosto en un enfrentamiento con el Ejército y la Guardia Nacional en Tocumbo, Michoacán, apenas 30 días después de asumir el liderazgo del Cártel de Los Reyes.
Su caso resume un patrón que se repite en distintas organizaciones criminales de México: los relevos duran cada vez menos y llegan al mando sin tiempo para consolidar redes propias.
Detrás de ese patrón hay una ofensiva conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que combina inteligencia, extradiciones y sanciones financieras para impedir que los cárteles reconstruyan liderazgos duraderos tras la caída de sus fundadores.
El vacío que ambos gobiernos buscan capitalizar tiene un origen preciso: los tres capos que definieron el narcotráfico mexicano durante 30 años ya no dirigen operaciones: Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Ismael “El Mayo” Zambada García, y Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, los dos primeros condenados a cadena perpetua en EEUU y el último que falleció el 22 de febrero de 2026 en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.
El Cártel Jalisco Nueva Generación pierde parte de su cúpula en meses
La muerte de El Mencho desató una cadena de capturas contra quienes buscaban ocupar su lugar. El 27 de abril, fuerzas especiales de la Secretaría de Marina detuvieron en Nayarit a Audias Flores Silva, alias El Jardinero, señalado como uno de los posibles sucesores del capo.
Flores Silva era jefe de seguridad de El Mencho antes de asumir operaciones en Nayarit, Jalisco, Estado de México y Zacatecas. Un jurado federal del Distrito de Columbia amplió los cargos en su contra en mayo por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Su entrega, sin embargo, permanece congelada. Un juez de la Ciudad de México emitió el 4 de septiembre una suspensión que frena de nuevo su extradición, después de que Flores Silva argumentara que una audiencia remota del 1 de mayo violó su derecho a la defensa. Es el tercer amparo que logra detener su traslado desde su captura, y permanece recluido en el penal del Altiplano.
El 19 de julio cayó José Guadalupe Ahumada Villegas, alias El M4, identificado como el mando más importante del CJNG detrás de El Jardinero. La detención ocurrió en Tepic y Xalisco, Nayarit, en siete cateos simultáneos que dejaron diez personas arrestadas y una afectación económica de más de 4 millones de pesos al grupo delictivo.
Once días después, el 30 de julio, un operativo conjunto de la SSPC y fuerzas especiales del Ejército capturó en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Un gran jurado federal en Washington lo acusó formalmente el 26 de agosto junto con su hermano Rafael, alias El R2, por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina.
El cerco al CJNG
Pese a esta cadena de capturas, el liderazgo del CJNG no quedó vacante. El Departamento del Tesoro identificó en julio a Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o El 03, hijastro de El Mencho, como el nuevo jefe de la organización. Washington ofrece 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura, la recompensa más alta jamás fijada contra un capo mexicano, y el Departamento de Justicia inició en julio un procedimiento para decomisar un rancho suyo en California.
Por otro lado, en la frontera entre Michoacán y Jalisco, las autoridades federales concentraron desde agosto una ofensiva contra Heraclio Guerrero Martínez, alias El Tío Lako, jefe regional del CJNG de más de 70 años que encabeza la célula conocida como Los Guerrero.
Un operativo del 19 de agosto en Tinaja de Vargas y Colesio, municipios de Tanhuato y Ecuandureo, no logró capturarlo, pero dejó 12 detenidos, entre ellos su hija Marisol y su pareja sentimental, Lourdes.
Los Reyes se quedan sin dos líderes
En Michoacán, el Cártel de Los Reyes experimentó el ejemplo más veloz de este fenómeno. Alfonso Fernández Magallón, alias El Poncho o Quiringua, fue detenido el 1 de agosto en Los Reyes de Salgado, luego de una operación de la XII Región Militar que provocó bloqueos carreteros e incendios de vehículos.
Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por Fernández Magallón, señalado como responsable de ataques con drones contra personal militar.
Tras su captura, Luis Enrique Barragán Chávez, El Wicho o R5, asumió el mando de la organización. No alcanzó a cumplir un mes en el cargo antes de morir en el operativo del 31 de agosto.
Los Reyes forman parte del llamado Cárteles Unidos, grupo criminal donde México y EEUU han sumado esfuerzos para no dejar crecer a sus figuras más reconocidas. Otra de estas cabezas es la de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, líder también de Cártel de Tepalcatepec, aliado histórico de Los Reyes.
El gobierno de EEUU ofrece 10 millones de dólares por su captura y un gran jurado de Washington acusó en julio a su hijo, Juan José Farías Mendoza, y a su sobrino, Israel Vega Farías, por narcotráfico y apoyo material a una organización terrorista extranjera. García Harfuch confirmó que ambos tienen también órdenes de aprehensión en México.
Los “príncipes” del Cártel de Sinaloa siguen prófugos
A diferencia de los mandos medios que buscan convertirse en nuevos liderazgos, los hijos de los dos capos históricos del Cártel de Sinaloa continúan libres.
Iván Archivaldo Guzmán Salazar cumplió 43 años el 15 de agosto con una recompensa de 10 millones de dólares sobre su cabeza, al igual que la de su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
En el Cártel de Sinaloa, la facción rival conocida como La Mayiza permanece bajo el mando de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, hijo de El Mayo. Zambada Sicairos ha evadido a las autoridades pese a operativos como el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Culiacán en mayo.
García Harfuch reconoció que el Cártel de Sinaloa conserva “un poder económico importante y un poder de fuego que necesitamos continuar mermando”, pese a una reducción de 51% en homicidios durante los últimos dos años.
“No tendrán dónde esconderse”: el respaldo discursivo de ambos gobiernos
Los gobiernos de México y Estados Unidos han sido tajantes en su discurso de cacería de los liderazgos criminales, con declaraciones que combinan advertencias directas a los cárteles y una defensa de la cooperación bilateral.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, resumió el espíritu de la ofensiva binacional el 3 de septiembre, durante la inauguración del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST: “Seguimos el dinero y quienes lo tocan quedan manchados y no tendrán dónde esconderse”.
Johnson también planteó la lógica detrás de perseguir a cada relevo criminal sin pausa: “Si les quitamos las drogas, pueden intentar reemplazarlas; si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”.
Omar García Harfuch ha insistido en que la cacería contra sucesores y mandos medios no responde a presiones externas, sino a una estrategia definida por el propio gobierno mexicano.
El funcionario marcó, sin embargo, un límite explícito a esa colaboración: “La ley no nos permite que haya agentes norteamericanos operando en nuestro país” y “el gabinete de seguridad no trabaja para Estados Unidos, trabajamos para el pueblo de México”.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enmarcado esa cooperación bajo cuatro principios: “respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación”.
