Cuba registró al menos 10 acciones represivas cada 24 horas durante agosto, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que documentó un total de 304 acciones represivas verificadas contra la población civil: 37 detenciones arbitrarias y 267 abusos adicionales del régimen.
Los datos son provisionales debido a la grave situación energética del país, que dificultó la documentación y transmisión de información. Al menos una treintena de casos permanece en proceso de verificación.
La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey concentraron la mayor cantidad de casos
Las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey registraron el mayor número de acciones represivas durante el mes. Casi la mitad de los actos fue dirigida contra mujeres.
Entre las violaciones más frecuentes se destacaron el sitio policial de viviendas de activistas, que alcanzó los 158 casos; los abusos contra presos políticos y comunes —46 casos—; y los hostigamientos, multas y citaciones policiales.
Las detenciones arbitrarias estuvieron ligadas a protestas contra los apagones
Las 37 detenciones arbitrarias registradas estuvieron relacionadas principalmente con protestas ciudadanas contra los cortes de luz y las difíciles condiciones de vida, así como con la reiterada detención de ex presos políticos.
Entre los casos documentados figuran el de Pedro Lázaro Gutiérrez Collado, detenido durante un toque de cazuelas en Calabazar; Walter Junior Blanco Prieto, arrestado tras una protesta en La Habana Vieja; Reyser Núñez Vaillant, detenido durante un cacerolazo en Santiago de Cuba; y Maikel Armenteros Orama, arrestado mientras protestaba contra los apagones en Santa Clara.
El 27 de agosto sobresalió la detención de 13 ciudadanos en La Habana antes de que pudieran iniciar una protesta pacífica prevista desde el Capitolio hasta el Malecón.
En paralelo, se registraron nuevos arrestos de ex presos políticos, entre ellos Osmani Mendoza Ferriol, Alexis Sabatela Ugarte —colaborador del OCDH— y Yosvany Sepúlveda Martínez.
El 30 de agosto, Andy García Lorenzo, ex prisionero político de las protestas del 11J (las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021), fue detenido en Santa Clara.
El régimen también reprimió creencias religiosas y a la masonería
El OCDH denunció el reiterado acoso contra la familia del pastor evangélico independiente Ibrahim Rozabal, en Santiago de Cuba, y contra otros miembros de la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC), así como a un grupo de practicantes yorubas.
El organismo también señaló acciones del Ministerio de Justicia contra la masonería: José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba —una de las principales instituciones masónicas del país—, fue citado, interrogado y amenazado el 18 de agosto por parte de la policía política.
Presos políticos denunciaron golpizas, celdas de castigo y desnutrición
Durante agosto se documentaron numerosos abusos contra presos políticos, caracterizados por condiciones penitenciarias precarias, falta de agua y alimentación adecuada, negación de atención médica, incomunicación, aislamiento en celdas de castigo, amenazas y agresiones físicas.
Varios prisioneros recurrieron a huelgas de hambre para protestar contra los malos tratos, entre ellos Guillermo Carralero López, José Ramón Solano Randiche, Amijail Sánchez González y Marcos de la Luz Caballero Granados.
Uno de los casos más graves fue el de Ángel Serrano Hernández, preso político del 11J condenado a 15 años, quien —según testimonios recibidos por su familia— habría sido golpeado por agentes penitenciarios, enviado a una celda de castigo y trasladado a la prisión 1580 bajo un régimen de mayor severidad.
Adrián Curuneaux Stevens denunció encontrarse en un grave estado de desnutrición y sin la atención médica y alimentación que requiere. En condiciones similares se encuentra el preso político Roberto Pérez Fonseca, quien también denunció falta de asistencia médica y condiciones insalubres.
Las Damas de Blanco fueron sitiadas en sus casas cada domingo del mes
Durante agosto se documentaron numerosos operativos de vigilancia dirigidos contra activistas, periodistas independientes, familiares de presos políticos y miembros de organizaciones opositoras.
De forma sistemática, las Damas de Blanco fueron sometidas a vigilancia policial en sus viviendas todos los domingos del mes: agentes de la Seguridad del Estado se desplegaban desde las primeras horas de la mañana hasta pasado el mediodía con el propósito, según denunciaron, de impedir que las mujeres salieran de sus casas para asistir a misa.
