Después de dos años, un mes y 16 días desde el asesinato de Eneritz Argintxona Fraile, su familia cuenta con una decisión que permite cerrar una de las etapas judiciales más dolorosas. Un Tribunal de Apelaciones confirmó 48 años de prisión para cada uno de los dos responsables del crimen cometido en Panamá.
La turista española fue asesinada el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro, mientras recorría Centroamérica. Los condenados, de 24 y 39 años, la golpearon para apoderarse de sus pertenencias y dejaron su cuerpo en un paraje cercano al mar.
El cadáver fue encontrado el 26 de julio, tres días después de que la joven fuera vista con vida por última vez. Residentes del área alertaron a las autoridades sobre el hallazgo en una playa, mientras familiares y amigos participaban desde la distancia en la búsqueda iniciada tras perder contacto con ella.
Argintxona Fraile tenía 30 años y era originaria de Erandio, en la provincia de Vizcaya, País Vasco. Se hospedaba en un hostal de Isla Carenero, una pequeña isla situada frente a Isla Colón, dentro de uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe panameño.
La identificación fue confirmada mediante pruebas de ADN realizadas con la colaboración de sus familiares, quienes viajaron desde España para participar en las diligencias. La autopsia estableció que la joven murió por un traumatismo craneoencefálico, descartando un accidente y orientando la investigación hacia una muerte provocada violentamente.
Durante el juicio, la Fiscalía acreditó que uno de los responsables golpeó a la turista con el mango de un machete, mientras el otro se apoderó de su teléfono celular y su cámara fotográfica. Esa actuación permitió establecer la relación entre la agresión mortal y el propósito de robarle sus bienes.
La investigación incorporó más de 50 elementos, entre pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas durante el juicio oral. El expediente también incluyó inspecciones en Isla Carenero, entrevistas, recuperación de pertenencias y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima antes de ser atacada por los dos hombres.
Uno de los principales sospechosos, un hombre de 39 años conocido como alias “Leche”, fue capturado en agosto de 2024. Las diligencias permitieron posteriormente identificar y procesar al segundo implicado, hasta que ambos fueron llevados ante un tribunal por los delitos de femicidio y robo agravado.
El 28 de junio de 2026, el Tribunal de Juicio declaró a los dos acusados culpables mediante un fallo unánime sustentado en las pruebas reunidas por la Fiscalía. El 13 de julio se realizó la lectura de la sentencia, que impuso 30 años por femicidio y 18 por robo agravado.
Además de la pena de prisión, ambos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 20 años después de recuperar su libertad. La sanción accesoria comenzará una vez que terminen de cumplir los 48 años establecidos como condena principal por el asesinato y la sustracción de las pertenencias.
Las defensas solicitaron a un Tribunal de Apelaciones que revisara el fallo emitido en primera instancia. La Fiscalía de Bocas del Toro se opuso y argumentó que existían pruebas suficientes para sostener la responsabilidad penal de ambos condenados, además de una correspondencia entre la gravedad del crimen y la extensión de las penas impuestas.
Después de escuchar a las partes, los magistrados desestimaron los planteamientos de la defensa y mantuvieron íntegramente el veredicto y las sanciones originales. La confirmación emitida el 8 de septiembre consolidó la respuesta judicial en un expediente que generó seguimiento tanto en Panamá como en España y marcó a la comunidad de Bocas del Toro.
El asesinato provocó vigil, marchas y concentraciones en Isla Carenero e Isla Colón, donde residentes, comerciantes y organizaciones comunitarias exigieron justicia para Eneritz. Las manifestaciones incluyeron flores, velas y mensajes de solidaridad dirigidos a sus familiares, además de reclamos para reforzar la seguridad en el archipiélago panameño.
El caso también abrió un debate sobre la protección de visitantes en una provincia cuya economía depende ampliamente del turismo. Tras el crimen, las autoridades reforzaron la presencia policial en diferentes puntos del archipiélago, mientras empresarios y residentes reclamaban medidas que permitieran recuperar la confianza sin minimizar la gravedad de lo ocurrido en Isla Carenero.
La decisión de segunda instancia no puede reparar la pérdida ni borrar los más de dos años transcurridos desde el asesinato. Sin embargo, para la familia representa la confirmación judicial de la responsabilidad de los dos agresores y el cierre de una etapa marcada por la búsqueda, la investigación y la espera de una condena firme.
