El debate sobre la legalidad y la viabilidad de los bombardeos de la Fuerza Pública contra grupos criminales volvió al centro de la discusión pública, luego de recientes recursos de tutela y cuestionamientos sobre el riesgo de afectar a menores de edad en campamentos ilegales. Frente a esas críticas, el general en retiro Guillermo León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, Acore, defendió la rigurosidad con la que se planean estas operaciones, aunque reconoció limitaciones técnicas para verificar toda la información en terreno.
De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, León, excomandante de la Fuerza Aérea, aseguró que un bombardeo no es una decisión improvisada ni tomada a la ligera. Según explicó, este tipo de operación parte de información que debe convertirse en inteligencia y luego pasar por filtros internos antes de ser autorizada.
“Una operación de bombardeo se toma con suprema seriedad en nuestra institución y esta obedece primero a una información que se convierte en inteligencia”, afirmó el general en retiro.
Una vez consolidada la información, esta atraviesa procesos de verificación dentro de la Fuerza Aérea. Si existen dudas o datos incompletos, la misión puede ser devuelta o descartada, según el procedimiento descrito por León.
Filtros jurídicos, operativos y de derechos humanos
En la planeación de cada misión participan de forma obligatoria varios componentes especializados. Entre ellos, un experto en derechos humanos, un oficial jurídico con conocimiento en derecho operacional, la inteligencia de la Fuerza Aérea y el equipo operativo encargado de definir aeronaves y armamento.
La inteligencia evalúa la oportunidad e idoneidad del blanco, mientras la parte operativa determina los medios necesarios para minimizar daños colaterales y garantizar la proporcionalidad de la acción. Según León, esta estructura busca reducir el riesgo de errores y cumplir con las exigencias del Derecho Internacional Humanitario, DIH.
El general en retiro sostuvo que estos procedimientos hacen parte de una metodología institucional aprendida a partir de episodios anteriores. En particular, mencionó la operación Santo Domingo, ocurrida en 1998 en Arauca, donde civiles murieron, como un hecho que marcó la doctrina interna sobre el uso de la fuerza aérea.
“Este procedimiento que acabo de decir no se modifica, no se cambia, se mantiene de manera permanente porque fue doctrina que se aprendió desde lo que nos sucedió en el año 98 con la operación Santo Domingo”, explicó León.
El excomandante insistió en que los filtros buscan evitar decisiones apresuradas y garantizar que las operaciones se ajusten a criterios legales, operacionales y humanitarios. Sin embargo, también advirtió que el trabajo de inteligencia enfrenta límites cuando se trata de zonas selváticas, campamentos ocultos y presencia eventual de menores de edad.
Límites tecnológicos frente a menores
Uno de los puntos más sensibles del debate es cómo actuar cuando existe sospecha sobre la presencia de menores de edad en campamentos de grupos armados. León explicó que las operaciones militares se rigen por el DIH, que exige una distinción clara sobre quién es combatiente activo.
No obstante, reconoció que alcanzar una certeza absoluta es muy difícil. Según dijo, los equipos disponibles tienen restricciones para determinar con precisión, desde medios técnicos, si una persona es menor de edad o no.
“Los equipos también tienen limitaciones, no puede determinarse con exactitud a través de medios optrónicos si hay una persona menor de edad o no”, señaló el general en retiro.
León explicó que los sensores térmicos, calóricos y las imágenes aéreas pueden verse afectados por el relieve y la vegetación espesa. Estas condiciones impiden calcular con exactitud elementos como la estatura o edad de una persona dentro de un campamento oculto.
El presidente de Acore advirtió que exigir información totalmente certera podría limitar la capacidad del Estado para usar la fuerza contra estructuras criminales. “Corroborar y así que vamos a tener la información al 100 % para verificar que no hay un menor de edad, pues es muy difícil y muy complejo”, afirmó.
Según León, este tipo de exigencias puede terminar restringiendo la aplicación de la fuerza legítima del Estado, especialmente en operaciones contra grupos armados que se mueven en zonas de difícil acceso.
Finalmente, el general en retiro alertó sobre un deterioro en las capacidades de inteligencia estratégica de las Fuerzas Militares, que atribuyó a decisiones recientes de política exterior del Gobierno actual. Aunque señaló que los golpes tácticos recientes reflejan un trabajo acumulado de meses, advirtió que la desconexión con aliados históricos ya estaría generando efectos.
