Dos jóvenes, ambos de 18 años, fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional cuando presuntamente grababan un video para extorsionar a una empresa papelera en Santa Clara, Ate Vitarte. Los sujetos, conocidos como integrantes de la banda “Los Diablos Chuquis”, pretendían exigir S/40.000 a su víctima, según informó el coronel PNP Gilmer Fabián Pinedo Mas, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales (Divias).
De acuerdo con Latina, la intervención ocurrió en momentos en que los sospechosos preparaban el material audiovisual que utilizarían para intimidar a los encargados del establecimiento. Durante el operativo, los efectivos hallaron un arma de fuego, cartuchos y explosivos, elementos que aparecían en las imágenes destinadas a respaldar las amenazas.
Mensajes y videos revelan cómo planeaban las amenazas
Según con el oficial, la Policía también obtuvo evidencia digital que incluye mensajes de texto y conversaciones relacionadas con la ejecución del delito. En esos intercambios, los muchachos hablaban sobre la necesidad de conseguir chips, registrar fotografías de viviendas o locales y disponer de una motocicleta para desplazarse.
Las comunicaciones muestran, además, que uno de ellos habría adquirido varios chips mediante mecanismos irregulares. “Ya boté más de diez chips”, se lee en uno de los mensajes revisados por los investigadores. Para los agentes, este contenido será clave para determinar si los involucrados habrían participado anteriormente en hechos similares.
En otras conversaciones, los implicados mencionaban la necesidad de contar con un “fierro” y una moto, además de planificar la toma de imágenes de los inmuebles que serían utilizados para amedrentar a sus objetivos. La Policía considera que estos intercambios permiten conocer parte de la metodología empleada para preparar las amenazas.
Policía advierte sobre acceso a chips y materiales ilícitos
El coronel Pinedo explicó al citado medio que los intervenidos no registraban antecedentes policiales. Sin embargo, precisó que esta condición no determina por sí sola su responsabilidad o inocencia, por lo que corresponderá a las autoridades competentes valorar los elementos encontrados durante la diligencia.
El jefe policial también expresó su preocupación por la facilidad con la que los delincuentes pueden obtener líneas telefónicas en el mercado informal. Según sostuvo, las compañías de telefonía deben fortalecer los mecanismos de control para evitar que estos servicios sean empleados en actividades criminales.
La investigación también busca establecer quién proporcionó el arma, los explosivos y otros materiales encontrados. Los adolescentes, según la información recogida por los agentes, señalaron que una tercera persona les habría entregado dichos elementos.
Para Pinedo, la lucha contra este tipo de delitos requiere la participación coordinada de distintas instituciones. Señaló que la Policía cumple una función fundamental, pero sostuvo que la Fiscalía, el Poder Judicial y las empresas de telecomunicaciones también deben asumir responsabilidades dentro de sus respectivas competencias.
Las autoridades no descartan que los dos detenidos estén relacionados con otros casos de extorsión. Esa posibilidad será evaluada a partir de los mensajes, videos y demás evidencias incautadas durante la intervención. Mientras avanzan las diligencias, la Policía busca identificar a la persona que habría proporcionado los recursos utilizados para elaborar las amenazas y determinar si existe una organización criminal detrás de los jóvenes.
