Este domingo se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha dedicada a recordar a quienes continúan sin ser localizados y a exigir verdad y justicia para sus familias. En México, la jornada encuentra a las mujeres que participan en su búsqueda bajo una constante exposición a la violencia: el sábado, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto con una de sus hijas en Culiacán, Sinaloa; ambas sobrevivieron.
La agresión ocurrió cuando Rojo Medina se trasladaba por Culiacán. Hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba junto con su hija. Ambas resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación y una de las líneas busca determinar si el ataque estuvo relacionado con las actividades de búsqueda realizadas por Rojo Medina.
Rojo Medina lleva 17 años buscando a su hermano Miguel Ángel Rojo, desaparecido en 2009. Su búsqueda la llevó a participar en rastreos y a convertirse en una de las integrantes más visibles de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Sinaloa. En 2012 fundó Voces Unidas por la Vida, organización que reúne a familias que buscan a sus seres queridos en distintos puntos del estado.
El ataque contra la buscadora ocurrió además en un estado donde la violencia ya había alcanzado a otras integrantes de colectivos. Rubí Patricia Gómez-Tagle, también dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, fue asesinada en Mazatlán el 27 de febrero de 2026. Su caso fue incorporado a los registros de personas buscadoras asesinadas durante este año.
Guanajuato concentra cuatro de los seis asesinatos registrados hasta junio
El otro gran foco durante 2026 ha sido Guanajuato. De acuerdo con el registro de Artículo 19, hasta junio habían sido asesinadas seis personas buscadoras en México durante el año, cinco de ellas mujeres. Cuatro de esos homicidios ocurrieron en Guanajuato, entidad que además acumula el mayor número de asesinatos de personas buscadoras desde que comenzó el registro.
Uno de los casos ocurrió en marzo, cuando Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, desapareció y posteriormente fue localizada sin vida. La mujer buscaba desde 2021 a su hermano Miguel Ángel García Ramblas y participaba en las actividades del colectivo en Salamanca.
En mayo fueron asesinadas Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui Acosta, integrantes de un colectivo de búsqueda en Salamanca. Ambas fueron atacadas a balazos cuando se trasladaban en motocicleta. Las mujeres buscaban a Miguel Ángel Jáuregui Acosta, cuyos restos habían sido localizados previamente en una fosa clandestina.
En junio, Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada en Pénjamo. Negrete buscaba desde 2021 a su hermana Laura Angélica, desaparecida en ese municipio. Fue atacada cuando regresaba a su domicilio después de trabajar.
Los asesinatos de Guanajuato muestran además una característica particular de la violencia contra las buscadoras: las agresiones pueden alcanzar a mujeres que ya localizaron a su propio familiar, pero que continúan participando en las búsquedas de otras personas. Los colectivos suelen mantener sus actividades incluso después de encontrar restos o confirmar el paradero de alguno de sus integrantes.
Una violencia que busca frenar las búsquedas
El registro de Artículo 19 contabilizaba hasta mayo de 2026 37 personas buscadoras asesinadas y ocho desaparecidas desde 2010. Guanajuato concentraba 13 asesinatos, mientras Sinaloa acumulaba cuatro, lo que colocaba a ambas entidades entre los principales focos de violencia letal contra quienes realizan esta actividad.
La organización ha advertido que las agresiones contra personas buscadoras tienen una dimensión que va más allá de la violencia individual. Los ataques pueden generar miedo entre los colectivos, obstaculizar las labores de búsqueda y desalentar la denuncia, especialmente cuando ocurren en regiones donde grupos criminales mantienen control territorial.
La labor de estos colectivos también implica ingresar a zonas donde las propias familias sospechan que pueden existir fosas clandestinas. En numerosos casos, son los familiares quienes proporcionan información sobre posibles sitios de inhumación y realizan rastreos antes de que las autoridades intervengan formalmente.
La violencia contra las buscadoras, por ello, tiene un efecto que trasciende a cada víctima. Cuando una mujer que busca a un desaparecido es asesinada, desaparecida o amenazada, también se afecta la capacidad de otros familiares para continuar buscando. Esa dimensión colectiva explica por qué las organizaciones de derechos humanos consideran estos ataques como una forma de intimidación.
Alma Rosa Rojo, el caso más reciente en Sinaloa
El atentado contra Alma Rosa Rojo coloca nuevamente a Sinaloa en este mapa. La buscadora sobrevivió al ataque del sábado, pero el caso se suma a una entidad que ya registra homicidios y amenazas contra integrantes de colectivos.
La investigación deberá establecer si existe una relación entre el atentado y la actividad de búsqueda de Rojo Medina. Por ahora, no existe una conclusión oficial que permita afirmar que fue atacada por ser buscadora, una distinción relevante mientras avanzan las pesquisas.
La conmemoración internacional de este domingo ocurre así en medio de una realidad especialmente grave para las familias mexicanas: quienes buscan a una persona desaparecida no sólo enfrentan la incertidumbre de no conocer su paradero, sino que en algunos estados también deben realizar esa búsqueda bajo amenazas y violencia.
La fecha establecida por Naciones Unidas busca mantener en el centro a las víctimas de desaparición forzada y a sus familias. En México, los casos de Guanajuato y Sinaloa exponen una dimensión todavía más grave de esa crisis: mientras miles de personas continúan buscando a sus familiares, quienes encabezan esas búsquedas también han sido asesinadas, desaparecidas, amenazadas o atacadas.
Aunque ambas entidades concentran varios de los casos más recientes, la violencia no se limita a ellas; organizaciones defensoras han documentado agresiones contra personas buscadoras en estados como Jalisco, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Chihuahua.
