Uno de los problemas que el Gobierno de Abelardo de la Espriella heredó de la administración de Gustavo Petro fue la crisis de la salud, debido a la billonaria deuda de las EPS, la mala atención a los usuarios y las denuncias por la falta de medicamentos, en especial para pacientes de enfermedades graves.
Debido a eso, el presidente De la Espriella dejó claro que liquidará las entidades que no funcionen en el país, pues su objetivo es que se mejore cuanto antes la atención en salud, que es uno de sus frentes en los primeros meses de su gestión.
Por otro lado, la Contraloría General de la Nación presentó un informe sobre la deuda de las EPS en el país, la cual deja un alarmante panorama para los próximos años y sin un camino claro para cumplir con sus obligaciones, en especial con la Nueva EPS, una de las más cuestionadas.
“El país necesita conocer con exactitud cuánto se debe”
El presidente Abelardo De la Espriella dijo este viernes que su Gobierno tomará medidas rápidas con las EPS intervenidas: las que sean viables podrán recuperarse y las que no cumplan esa condición serán liquidadas de manera ordenada, con el foco puesto en los afiliados.
El anuncio lo hizo en la Cumbre de Gobernadores “El milagro de las regiones” en Mompox, Bolívar, donde afirmó que la prioridad en salud es “recuperar la atención de los pacientes” y atender el rezago del sistema, que describió con “cientos de miles” de personas a la espera de procedimientos, tratamientos y medicamentos.
De la Espriella aseguró que ese rezago se enfrentará a partir de “los casos de mayor urgencia y riesgo” y con orden financiero. “El país necesita conocer con exactitud cuánto se debe, quién le debe a quién y cuál será el mecanismo para sanear esas obligaciones”, sostuvo.
El mandatario dijo que la ministra de Salud Ana María Vesga está concentrada en la situación del sector y afirmó: “En 30 días se han visto soluciones y vamos a seguir llevándole soluciones a nuestra gente en todos los rincones del país”.
También señaló que la financiación de la salud se calculará con “criterios técnicos” y contemplará diferencias territoriales, al sostener que el costo de prestar servicios en una gran ciudad no es el mismo que en una zona apartada. Además, anunció que su política buscará fortalecer la prevención y la atención primaria, con “mejores controles” sobre los recursos, condiciones dignas para el personal sanitario y “una lucha frontal contra la corrupción”.
Deudas de las EPS
El sistema de salud de Colombia cerró 2025 con una deuda de $58,06 billones, más afiliados concentrados en EPS intervenidas y solo cuatro aseguradoras que cumplieron todas las condiciones financieras y de solvencia, un cuadro que, según el informe de la Contraloría General de la República, agrava los riesgos sobre la liquidez de las IPS, la continuidad de la atención y la sostenibilidad del modelo.
El deterioro también quedó reflejado en la cobertura: 29.731.482 personas, equivalentes al 56,68 % de la población asegurada, estaban afiliadas a EPS bajo intervención forzosa administrativa o bajo medidas especiales de la Superintendencia Nacional de Salud. Esa cifra implicó un aumento de 194.868 afiliados frente a 2024.
La radiografía oficial se construyó con la información financiera y operativa reportada por las propias aseguradoras durante 2025. La revisión abarcó estados financieros, facturación, pagos, solvencia, deuda, giro directo, afiliación y la situación de las entidades intervenidas, aunque con una limitación central en Nueva EPS, que no tenía estados financieros certificados y dictaminados en firme para ese año.
Del total registrado, $47,9 billones, equivalentes al 82,65 %, correspondieron a EPS sometidas a medidas de intervención. El informe advierte que ese crecimiento de las obligaciones puede afectar la liquidez de las IPS y comprometer la continuidad de la prestación.
La deuda con operadores farmacéuticos subió de $2,85 billones a $3,80 billones, con un incremento de 33,1 %. Durante 2025, esos operadores radicaron facturas por $17,93 billones y recibieron pagos por $17,10 billones, es decir, el 95,4 % del valor facturado.
Del saldo acumulado de cuentas por pagar a esos operadores, el 69,15 % correspondía a obligaciones generadas en la propia vigencia. El resto provenía de 2024, 2023 y períodos anteriores.
Al cierre de 2025, únicamente Aliansalud, Anas Wayúu EPSI, EPM y Salud Mía cumplieron de manera integral los indicadores financieros y de solvencia evaluados. En 2024 habían sido seis.
