El pasado 13 de agosto, el Boletín Oficial publicó la Resolución 505/2026, por la cual, por segundo año consecutivo, el Gobierno suspendió disposiciones del Programa de Asistencia Vouchers Educativos vinculadas con la falta de pago de las cuotas escolares. En agosto de 2025, la Resolución 1327/2025 había dispuesto una medida similar.
Por cierto, pese a su nombre, el programa no constituye un sistema de vouchers educativos, sino una asistencia económica para familias cuyos hijos ya son alumnos regulares de escuelas privadas alcanzadas por el programa. En cualquier caso, una iniciativa oportuna.
Es claro que la decisión adoptada es acertada, como también lo fue la del año pasado, pues su reglamentación establecía que, ante dos cuotas impagas, el beneficio sería suspendido hasta regularizar la situación y que, con tres, sería cancelado. Resultaba paradójico: una familia que comenzaba a atrasarse en el pago podía estar atravesando precisamente las dificultades económicas que justificaban la asistencia. Suspender esa regla contribuye a preservar el objetivo del programa.
Sin embargo, permanece otra condición que merece ser considerada. Para acceder al beneficio no basta con cumplir el requisito económico —un ingreso familiar no superior a siete salarios mínimos—: también el alumno debe asistir a una escuela privada que reciba al menos un 75% de aporte estatal.
Al lanzarse el programa, en marzo de 2024, publiqué en este mismo espacio una nota en la que señalaba que no existía razón para esa distinción. En mayo de 2025 volví sobre el punto. Si dos familias presentan la misma situación económica, ¿por qué una recibe la ayuda y la otra no, simplemente porque la escuela que eligió una recibe al menos 75% de aporte estatal y la elegida por la otra no? Incluso puede suceder que la familia excluida esté realizando un mayor esfuerzo económico para solventar la escolaridad que considera más adecuada para sus hijos.
Veamos algunos ejemplos de otras latitudes para ilustrarlo.
Polonia ofrece una ilustración particularmente clara. Su beca escolar de carácter social alcanza a alumnos de escuelas públicas y privadas y está destinada a estudiantes de familias de bajos ingresos. Para el ciclo 2026/27, la ayuda puede cubrir gastos educativos ya realizados, incluida la cuota de una escuela privada. El criterio es la situación económica de la familia, no cuánto aporte estatal recibe la escuela.
Australia Occidental ofrece un segundo ejemplo. Su Secondary Assistance Scheme está destinado a ayudar a familias de menores recursos a afrontar los costos de la educación secundaria. En el caso de los alumnos que concurren a escuelas no gubernamentales, la familia debe acreditar que reúne las condiciones para recibir la asistencia y el estudiante debe estar matriculado, asistir regularmente y cursar a tiempo completo. Parte de la ayuda se paga directamente a la escuela. Estas instituciones reciben, además, distintos niveles de financiamiento público. Sin embargo, entre los requisitos para que una familia acceda al programa no figura que la escuela deba recibir un determinado porcentaje de aporte estatal.
El tercer caso es Noruega, en educación inicial. Allí rige un sistema nacional de reducción de cuotas para hogares de bajos ingresos. Ninguna familia debe pagar por cada hijo más del 6% de los ingresos del hogar por una plaza de jardín de infantes, y la autoridad educativa establece expresamente que la regla se aplica tanto a jardines municipales como privados. Los jardines privados reciben financiamiento público mediante un régimen separado; el derecho de la familia a la reducción no depende de que el establecimiento alcance un determinado porcentaje de subsidio estatal.
Por supuesto, los tres casos son distintos del argentino. Pero muestran algo bastante simple. Es posible asistir a familias de menores recursos cuyos hijos concurren a instituciones privadas sin hacer depender esa ayuda del porcentaje de subsidio público que recibe la institución.
Si el objetivo es acompañar a las familias que necesitan apoyo para sostener la educación que han elegido para sus hijos, su situación económica debería ser el criterio central. No resulta razonable que dos familias en condiciones económicas equivalentes reciban un trato distinto por el porcentaje de aporte estatal que recibe la escuela a la que concurren sus hijos.
El Gobierno decidió, por segundo año consecutivo, suspender disposiciones del programa al considerar que podía afectar las trayectorias educativas de sus beneficiarios. Es una decisión por demás acertada. Revisar para el próximo año el requisito del 75% sería una mejora adicional, coherente con la misma lógica.
