Los doce concejales acompañaron el plan para regularizar deudas vencidas hasta el 31 de agosto, con fuertes quitas de intereses y recargos y condiciones especialmente favorables para el comercio. La oposición respaldó la herramienta, aunque cuestionó aspectos del proyecto y advirtió que refinanciar no resuelve las causas que llevaron a vecinos y comerciantes a acumular deuda. El Ejecutivo, además, había comenzado a difundir la moratoria antes de que terminara de ser aprobada.
El Concejo de Representantes aprobó por unanimidad una amplia moratoria para deudas municipales vencidas hasta el 31 de agosto de 2026, con fuertes reducciones de intereses y recargos, planes de financiación y un régimen particularmente favorable para la actividad comercial, industrial y de servicios.
Los doce concejales terminaron acompañando la iniciativa enviada por el Departamento Ejecutivo, pero el consenso sobre la necesidad de ofrecer una salida a quienes acumularon obligaciones no borró las diferencias que atravesaron el debate.
Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, propuso cuatro modificaciones para ampliar beneficios y fortalecer el control legislativo, aunque ninguna reunió los votos necesarios. Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, acompañó también la moratoria, pero desplazó la discusión hacia una pregunta más incómoda: por qué tantos contribuyentes llegaron a una situación en la que necesitan refinanciar sus deudas.
“Esto es un paliativo que le va a posibilitar a alguien, sin duda, achicar sus deudas, pero el problema de fondo es subyacente y no va a cambiar con este plan de cuotas”, sostuvo Ribetti.
La ordenanza tiene además una particularidad política. El municipio comenzó a difundir públicamente los beneficios de la moratoria antes de que el Concejo de Representantes completara su aprobación, cuando la iniciativa todavía necesitaba la sanción legislativa para quedar formalmente habilitada.
Una moratoria amplia, con beneficios diferentes
El régimen general alcanza a obligaciones municipales vencidas hasta el 31 de agosto y ofrece reducciones de entre el 50% y el 90% sobre intereses, recargos y otros accesorios.
El capital adeudado, en cambio, se mantiene.
La concejala oficialista Raquel Merlino explicó que la intención es aliviar el peso que los accesorios fueron agregando sobre obligaciones que, con el paso del tiempo, se volvieron cada vez más difíciles de cancelar.
“Este plan de regularización de deudas no elimina la obligación principal, procura reducir el peso que fueron adquiriendo sus accesorios para transformar una deuda acumulada en una obligación que efectivamente pueda ser cancelada”, sostuvo.
La escala general dependerá de la modalidad elegida:
- Pago de contado: 90% de reducción sobre intereses y recargos.
- Hasta tres cuotas: 70% de quita, sin interés de financiación.
- De cuatro a seis cuotas: 60% de reducción y financiación al 2% mensual.
- De siete a doce cuotas: 50% de quita y financiación al 2,5% mensual.
La moratoria alcanza, entre otros conceptos, a la Tasa Municipal por Servicios a la Propiedad, actividad comercial, industrial y de servicios, automotores, contribución por mejoras, agua y cloacas.
El alcance se extiende incluso a obligaciones intimadas, planes anteriores, deudas bajo procuración fiscal y ejecuciones judiciales, bajo las condiciones previstas en la norma.
La herramienta no busca solamente recuperar deuda reciente. Abre también la posibilidad de regularizar obligaciones que ya atravesaron distintas etapas administrativas y judiciales.
Un régimen mucho más favorable para el comercio
La principal diferencia dentro de la moratoria aparece en el tratamiento otorgado a la actividad comercial, industrial y de servicios.
Para ese sector, las obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto tendrán una reducción del 95% sobre intereses, recargos y demás accesorios, cualquiera sea la forma de pago.
El saldo podrá cancelarse de contado o financiarse en hasta nueve cuotas con un interés del 1% mensual.
Las condiciones son considerablemente mejores que las previstas por el régimen general y responden, según explicó Merlino, a la situación particular que atraviesan muchas actividades.
“Cuando se acumulan distintos períodos, el crecimiento de intereses y recargos puede dificultar no solamente la regularización fiscal sino también la propia continuidad de la actividad”, señaló.
La ordenanza incorpora además un beneficio que corre en sentido inverso a una moratoria tradicional: premia a quienes consiguieron mantenerse al día.
Los comerciantes comprendidos por las condiciones establecidas en la norma recibirán una reducción del 30% sobre el capital del tributo correspondiente a diciembre de 2026.
Es una excepción relevante dentro del esquema. Mientras las deudas acumuladas conservan íntegro su capital y reciben quitas sobre accesorios, el beneficio para los cumplidores sí alcanza al monto principal del tributo.
“A quien acumuló una deuda se le brinda una oportunidad excepcional para regularizarla y a quien realizó el esfuerzo de cumplir, se le reconoce concretamente ese cumplimiento”, defendió Merlino.
Regularizar lo viejo sin dejar de pagar lo nuevo
La moratoria tampoco permitirá que quien ingrese al plan deje de cumplir con las obligaciones posteriores.
La lógica del Ejecutivo es recuperar al contribuyente hacia una situación de normalidad fiscal: aliviar la deuda acumulada, pero exigir simultáneamente el pago de los compromisos corrientes.
“El objetivo no consiste solamente en resolver una deuda pasada, sino en recuperar al contribuyente para una situación de cumplimiento hacia adelante”, explicó Merlino.
El municipio podrá aplicar las consecuencias establecidas en la ordenanza si, después de adherir al régimen, vuelven a producirse incumplimientos.
Ese punto completa la lógica fiscal del programa: la quita sobre intereses y recargos funciona como una puerta de reingreso al sistema, no como una suspensión de las obligaciones futuras.
Quaranta acompañó, pero quiso ampliar el alivio
Carlos Paz Inteligente anticipó desde el comienzo que votaría a favor.
“Nos parece positivo el planteo de esta posibilidad de que los vecinos regularicen sus deudas”, afirmó Quaranta.
Su acompañamiento, sin embargo, estuvo acompañado por cuatro intentos de modificación y por un cuestionamiento al procedimiento utilizado. El concejal objetó que una iniciativa de este alcance llegara directamente al recinto para su tratamiento sobre tablas, sin una discusión previa en comisión que permitiera negociar cambios.
Uno de sus pedidos fue extender de nueve a doce cuotas el régimen especial para comerciantes, manteniendo el interés del 1% mensual.
“No terminamos de comprender por qué solamente se da hasta nueve cuotas, cuando en el resto de las tasas se dan hasta 12 cuotas”, planteó.
La moción obtuvo cinco votos y no prosperó, por lo que el esquema comercial quedó con el máximo de nueve cuotas previsto por el Ejecutivo.
Quaranta intentó además incorporar al régimen las multas de tránsito y las infracciones al Código de Convivencia, actualmente excluidas.
Su argumento fue que un vecino que atraviesa dificultades para pagar tasas puede encontrarse también imposibilitado de afrontar sanciones acumuladas. Admitió que determinadas faltas graves podrían quedar exceptuadas, pero propuso que al menos una parte de las multas pudiera regularizarse.
La modificación tampoco consiguió los votos suficientes.
Una diferencia entre usuarios del agua
Otro planteo de Quaranta apuntó a una desigualdad que surge de la forma en que se presta el servicio de agua.
Quienes reciben y pagan directamente el servicio municipal podrán incorporar esa deuda a la moratoria. La situación es diferente para los usuarios abastecidos y facturados por la Cooperativa San Roque, porque se trata de otra persona jurídica y el Concejo no puede imponerle directamente el mismo régimen.
“Nos parece que sería muy injusto que algunos vecinos tengan esta posibilidad y otros no la tengan”, sostuvo.
Quaranta planteó que podría haberse incorporado una invitación institucional a la Cooperativa para que evaluara condiciones similares.
El señalamiento no terminó convirtiéndose en una modificación formal del texto.
Las otras dos modificaciones impulsadas por Carlos Paz Inteligente estuvieron vinculadas con el seguimiento legislativo de los resultados.
La ordenanza prevé que, ante una eventual prórroga, el Ejecutivo produzca información sobre planes otorgados, capital regularizado, quitas realizadas, recaudación efectiva, costo administrativo, niveles de mora y proyecciones hacia 2027.
Quaranta propuso que esos datos fueran remitidos obligatoriamente al Concejo.
“Es bueno que el Concejo sepa cómo resultan estos planes, porque terminamos acompañando y después no logramos tener información concreta”, sostuvo.
También pidió que una eventual extensión del régimen especial para regularización de obras fuera comunicada formalmente al cuerpo.
Ninguna de las dos mociones consiguió incorporarse.
“Tenemos vocación de conocer qué es lo que pasa”, resumió.
Después de que sus cuatro modificaciones quedaran afuera, Quaranta mantuvo el acompañamiento.
“Aunque sea una ordenanza que no está completa, que podría ser mejor, que con un tratamiento en comisión tendría algunas modificaciones que le sumarían, igualmente la vamos a acompañar porque creemos que termina siendo positivo para el vecino”, explicó.
Ribetti: la moratoria alivia, pero no achica la “mochila”
La intervención de Ribetti llevó el debate desde las condiciones del plan hacia las causas del endeudamiento.
“Vamos a acompañar la iniciativa pensando también que todo lo que facilite la vida del vecino es bienvenido”, anticipó.
Pero, para Juntos por Carlos Paz, la necesidad misma de una moratoria debería encender otra señal de alarma.
Ribetti presentó durante la sesión una serie histórica sobre la recaudación municipal correspondiente al mes de julio. Según sostuvo a partir de planillas oficiales, en julio de 2015 se había recaudado un equivalente al 66% de lo presupuestado; en julio de 2021, atravesado por la pandemia, el índice fue del 46,5%; y en julio de 2026 se ubicaría alrededor del 40%.
“Estamos más bajo que en pandemia los índices de recaudación que tiene este municipio en relación a este análisis histórico”, afirmó.
A partir de esa comparación construyó el núcleo de su planteo: facilitar el pago de lo adeudado puede ser necesario, pero no evita que las mismas dificultades vuelvan a aparecer si no cambian las condiciones que llevaron a acumular la deuda.
“Esto es un paliativo que le va a posibilitar a alguien, sin duda, achicar sus deudas, pero el problema de fondo es subyacente y no va a cambiar con este plan de cuotas”, sostuvo.
Ribetti llevó esa discusión hacia la presión tributaria municipal y los costos que soporta la actividad comercial.
Su metáfora fue más directa: “Un plan de pago va a ayudar, pero aparte de ayudar con un plan de pago, hay que hacer que esa mochila sea menos pesada”.
La crisis comercial detrás de la mora
El concejal vinculó ese peso con los aumentos aplicados en los últimos ejercicios y sostuvo que determinadas subas municipales por encima de la inflación agravaron los costos operativos.
“Estos aumentos por arriba de la inflación a principios del 2025 han llevado todos estos costos operativos a una situación de callejón sin salida de muchos comerciantes”, afirmó.
Ribetti recordó además que su bloque ya había presentado propuestas destinadas a aliviar la carga tributaria y señaló que aguardará para conocer el alcance de las medidas anunciadas recientemente por el Ejecutivo.
Pero la parte más fuerte de su intervención estuvo vinculada con lo que considera señales visibles del deterioro comercial.
“En este momento tenemos más locales cerrados en el centro que en pandemia”, sostuvo.
También describió casos de galerías que, según afirmó, comenzaron a ofrecer locales sin cobrar alquiler durante algunos meses para evitar que permanezcan vacíos.
“Hay galerías comerciales que están dejando los locales comerciales, por ejemplo, sin costo hasta diciembre y a partir de diciembre le van a empezar a cobrar los alquileres con tal de que el local no se vea vacío”, señaló.
La moratoria adquirió así, durante el debate, una lectura que excedió lo estrictamente tributario.
Para Ribetti, la acumulación de deuda no es solamente un problema administrativo que pueda resolverse con una refinanciación, sino una manifestación de las dificultades que atraviesan vecinos y comercios para sostener sus obligaciones corrientes.
Una segunda regularización dentro de la misma ordenanza
El proyecto incluye además un régimen excepcional que corre por un carril diferente a las deudas tributarias: la posibilidad de regularizar construcciones o ampliaciones ejecutadas sin contar previamente con los planos aprobados.
Durante la vigencia de la herramienta se elimina la penalidad que deriva exclusivamente de esa falta formal y se reduce el coeficiente utilizado para calcular determinados derechos.
Merlino puso un límite claro sobre el alcance del beneficio.
“No estamos hablando de un blanqueamiento de obras ilegales ni de dejar sin efecto las normas urbanísticas”, explicó.
La diferencia es importante. Una construcción que cumple con la normativa edilicia pero no obtuvo oportunamente la aprobación de sus planos podrá corregir esa situación en condiciones más favorables.
Si además existen infracciones al Código de Edificación, esas sanciones continúan vigentes.
“El régimen facilita la regularización de los planos, pero no condona las infracciones al Código de Edificación”, precisó Merlino.
Los derechos correspondientes podrán abonarse de contado o financiarse y, ante determinadas situaciones económicas justificadas, se podrán establecer plazos especiales.
La ordenanza reúne así dos operaciones de regularización distintas: recuperar deuda tributaria y reincorporar al registro formal construcciones o ampliaciones que no cuentan con la documentación aprobada.
Molina: “Se premia la mora y se castiga al que cumple”
Las críticas al plan no surgieron solamente dentro del Concejo. Antes de su aprobación, el vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Gustavo Molina, de Juntos por Carlos Paz, había cuestionado las fuertes quitas previstas para quienes acumularon deuda y planteado que podían generar una situación injusta frente a quienes hicieron el esfuerzo de mantenerse al día.
“Se premia la mora y se castiga al que cumple”, afirmó.
Molina vinculó además la implementación del régimen con la situación de la recaudación municipal y sostuvo que, frente a una caída de los ingresos, la respuesta no debería concentrarse únicamente en buscar nuevas formas de cobrar deuda, sino también en revisar el nivel del gasto y la administración de los recursos.
“La mala gestión no puede seguir pagándola el vecino que cumple”, cuestionó, al reclamar criterios de austeridad, transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
El tribuno había pedido también algún mecanismo de reconocimiento para los contribuyentes que mantienen regularmente sus obligaciones y reclamado al municipio “cuidar cada peso” antes de trasladar las consecuencias de lo que considera una administración ineficiente hacia los vecinos.
La ordenanza finalmente sancionada contempla un reconocimiento específico dentro del régimen comercial: la reducción del 30% sobre el capital del tributo de diciembre de 2026 para los contribuyentes comprendidos que cumplan las condiciones establecidas.
Eso no elimina el cuestionamiento general de Molina. Su objeción excede la existencia o no de un premio puntual para los cumplidores y apunta a una discusión más amplia sobre cómo se distribuye el costo de las dificultades financieras del municipio y cuánto debe revisarse el gasto antes de recurrir a herramientas destinadas a recuperar ingresos.
Unanimidad para el alivio, diferencias sobre el problema de fondo
Después de las cuatro modificaciones que no prosperaron y de las advertencias planteadas desde los bloques opositores, el proyecto original fue sometido a votación.
El resultado fue unánime: 12 votos afirmativos.
Carlos Paz Unido, Carlos Paz Inteligente y Juntos por Carlos Paz coincidieron en que, frente a la deuda ya acumulada, resulta conveniente ofrecer una oportunidad para regularizarla.
Las diferencias aparecieron al discutir hasta dónde debía llegar esa herramienta y, fundamentalmente, qué lectura hacer de su propia necesidad.
Para el oficialismo, la moratoria permite reducir el peso de intereses y recargos, recuperar contribuyentes y dar un tratamiento especialmente favorable a un sector comercial con dificultades, sin resignar el capital adeudado.
Carlos Paz Inteligente consideró positivo el régimen, pero reclamó más cuotas para el comercio, una mayor amplitud de conceptos alcanzados, seguimiento legislativo de los resultados y discusión previa en comisión.
Juntos por Carlos Paz puso el foco un paso antes: qué nivel de presión tributaria y qué situación económica están haciendo que vecinos y comerciantes acumulen deudas que después necesitan refinanciar.
Desde el Tribunal de Cuentas, Molina agregó otra dimensión: cuánto incide la administración del gasto municipal y qué equilibrio debe existir entre las facilidades otorgadas a quienes entraron en mora y el reconocimiento a quienes continuaron pagando.
La unanimidad resolvió la respuesta inmediata, pero no esas discusiones.
Villa Carlos Paz tendrá una moratoria amplia, con fuertes quitas de accesorios y condiciones especialmente favorables para el comercio. El interrogante que quedó instalado es si eso alcanzará para recuperar contribuyentes de manera duradera o si el próximo paso deberá avanzar también sobre las razones económicas, tributarias y administrativas que hicieron necesaria una medida de semejante alcance.
En palabras de Ribetti, además de ofrecer un plan para pagar lo adeudado, habrá que discutir cómo hacer menos pesada la “mochila” para evitar que, una vez regularizadas las cuentas, vecinos y comerciantes vuelvan a caer en mora.
La entrada Villa Carlos Paz: se aprobó por unanimidad la moratoria, pero hubo advertencias por la carga tributaria y la crisis comercial se publicó primero en La Jornada Web.
