“Le dijeron que era mejor que se quedara callado y no hablara porque la iba a pasar mal”. La advertencia, según los testimonios de otros internos, fue directa y ocurrió dentro del Pabellón 1 de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela. El destinatario era García, también conocido como “Panchi”, un preso que había manifestado su intención de declarar sobre presuntos hechos de corrupción dentro del penal.
Tres horas después de aquella amenaza, su celda, la número 20, quedó envuelta en llamas.
El episodio ocurrió el sábado alrededor de las 9 de la mañana, tras una discusión con integrantes de una banda conocida dentro de la cárcel como “La Comitiva” o “Limpieza y mantenimiento”, integrada presuntamente por exmiembros de fuerzas armadas y de seguridad.
De acuerdo con las denuncias, el grupo tendría vínculos con maniobras de narcotráfico, extorsión y otros delitos, con una supuesta connivencia de funcionarios penitenciarios.
Amenazas, encubrimiento y una coartada armada
La golpiza contra “Panchi” y el posterior incendio de su celda encendieron las alarmas entre los detenidos. Pero, según los testimonios reunidos en la investigación, las amenazas no terminaron allí.
Los internos escucharon otra advertencia dirigida al preso. Le dijeron que se trataba de “un aviso” y, que si hablaba de más, “iban a ir contra la familia”.
Por otro lado, otros reclusos relataron que algunos guardiacárceles habrían mantenido una conversación con integrantes de “La Comitiva” y acordado que el hecho quedara asentado oficialmente como un “principio de incendio por cortocircuito”.
Para poder sostener esa versión, siempre de acuerdo con los denunciantes, tres presos fueron obligados a buscar una pava eléctrica en el sector de basura. Los internos habrían sido acompañados por un oficial penitenciario y luego el artefacto habría sido colocado dentro de la celda incendiada.
La explicación, sin embargo, no convenció a quienes estaban alojados en el pabellón. “Todos sabían que no había sido un cortocircuito. Fue un atentado. Una forma de decir ‘acá mandamos nosotros’”, aseguraron los internos en declaraciones a NA.
La celda quedó clausurada y, según las denuncias, en su interior quedaron una televisión y la pava eléctrica utilizada para intentar justificar la hipótesis del desperfecto.
Un allanamiento y 13 celulares secuestrados
Las denuncias de familiares y detenidos del Pabellón 1 derivaron finalmente en un allanamiento en la Unidad 31, realizado el jueves pasado por la DDI Quilmes.
El procedimiento terminó con 11 internos imputados en una investigación por presunta extorsión, narcotráfico y estafas dentro del establecimiento penitenciario.
Durante el operativo fueron secuestrados 13 teléfonos celulares. Dos de ellos, según trascendió, fueron encontrados en un lugar especialmente sensible: la oficina del subdirector del penal.
Los imputados son Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.
Pero las denuncias plantearon además otro interrogante: qué ocurrió con parte de los elementos que supuestamente estaban dentro del pabellón antes del operativo.
De acuerdo con los denunciantes, parte de la droga y los dispositivos utilizados para conectarse a internet habrían sido escondidos en el Pabellón 3 varias horas antes del allanamiento.
La sospecha de los presos es que los integrantes de la banda fueron advertidos previamente por funcionarios del penal y tuvieron tiempo de retirar parte de los elementos comprometedores.
