La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró de manera definitiva los esquemas de seguridad oficiales que beneficiaban a la activista Gabriela Muñoz, a la exfuncionaria Juliana Guerrero y al creador de contenido Beto Coral; todos ellos afines a Gustavo Petro y al Pacto Histórico.
La decisión institucional se tomó tras la culminación de un estudio técnico de riesgo que concluyó que ninguno de los tres ciudadanos registraba los niveles de amenaza, vulnerabilidad o peligro extraordinarios exigidos por la normatividad vigente para mantener la asignación de personal de custodia y vehículos pagados con recursos del Estado.
De acuerdo con los informes internos de la entidad pública, el funcionamiento combinado de estos tres dispositivos de protección representaba un costo aproximado de $40 millones mensuales para el presupuesto general del país, según la información que conoció y divulgó el diario El Tiempo.
El monto total de $40 millones mensuales correspondería al cálculo agregado de los recursos invertidos en la contratación del personal de custodia, el alquiler y mantenimiento de vehículos de alta movilidad o blindados, así como el pago de combustible y los viáticos operativos de los escoltas.
La UNP explicó que la cancelación de las medidas se adoptó luego de aplicar las evaluaciones periódicas normativas, en las cuales se revisan la persistencia de amenazas directas, la exposición pública del beneficiario y la proporcionalidad del gasto público frente al riesgo real.
¿Qué pasó con el esquema de Gabriela Muñoz?
En el caso de la activista, creadora de contenido y estudiante de Derecho Administrativo Gabriela Muñoz, cercana al expresidente Petro, la asignación de su esquema de protección se había producido en la fase final de la administración anterior, luego de que presentara denuncias por presuntas intimidaciones ante la Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, la UNP aclaró que el ente investigador no solicitó la asignación directa de escoltas, sino la elaboración de un estudio técnico de riesgo. Tras la revisión del caso, los analistas de la entidad determinaron que las condiciones de peligro denunciadas en su momento ya no se mantenían activas.
La situación de Muñoz generó debate debido a los señalamientos de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, sobre una presunta injerencia en decisiones administrativas dentro de la Aeronáutica Civil.
La situación de Juliana Guerrero que la deja sin protección
En cuanto a Juliana Guerrero —la joven que llegó a los pasillos de la Casa de Nariño de la mano del exministro Armando Benedetti—, la revisión de sus medidas de protección coincidió con los procesos penales que adelanta la Fiscalía en su contra por la supuesta utilización de títulos académicos falsos para acreditar requisitos en cargos públicos, así como por la investigación sobre una presunta red de contratación estatal.
Dentro de las pesquisas judiciales divulgadas se señalan cobros irregulares que habrían funcionado mediante tarifas específicas; entre las irregularidades investigadas se menciona un cobro inicial de $1 millón por gestionar reuniones con funcionarios, un anticipo de $200 millones para iniciar trámites contractuales y una comisión del 10% sobre el valor total del contrato adjudicado.
Aunque Guerrero negó formalmente la existencia de tales cobros, los cuestionamientos judiciales formaron parte de la situación administrativa analizada por la UNP para suspender la asignación del esquema de seguridad.
Esta es la razón por la que Beto Coral perdió su esquema de seguridad
Por su parte, el retiro de las medidas asignadas a Beto Coral se originó tras comprobarse que el esquema de protección le fue otorgado de forma inmediata a su deportación desde los Estados Unidos.
La entidad evidenció que, al momento de la entrega de los vehículos y los escoltas, no se habían realizado las evaluaciones previas que exige el protocolo institucional.
La UNP precisó que la normatividad permite otorgar protección temporal en situaciones de urgencia, pero la continuidad del esquema exige una verificación técnica posterior. En el caso de Coral, el análisis posterior no arrojó elementos suficientes de riesgo para justificar el gasto presupuestal del dispositivo.
Con esta medida, la UNP avanza en la reestructuración de sus asignaciones para redirigir los recursos de seguridad hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas que acrediten un nivel de riesgo extraordinario o extremo comprobado.
