Madrid, 1 sep (EFE).- El Gobierno aprueba este martes un reglamento que facilitará el acceso de las personas con dificultades de comprensión, como las que tienen discapacidad cognitiva o migrantes que no hablan las lenguas del Estado, a ámbitos esenciales como centros sanitarios, telecomunicaciones, transportes, justicia o unas elecciones.
El real decreto alumbrado por el Consejo de Ministros a instancias del Ministerio de Derechos Sociales constituye un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva con el que se asegurará el ejercicio pleno de los derechos y deberes de ciudadanía de estas personas, así como la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
Se hará posible así, destaca el departamento que dirige Pablo Bustinduy, que toda la ciudadanía pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación.
La norma se ha dotado de un enfoque universalista para beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión, entre ellas, personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o migrantes que no dominan las lenguas del Estado.
Para ello, establece que ámbitos esenciales garanticen herramientas como el lenguaje claro, la lectura fácil o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, así como recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas, o soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas.
En concreto, el reglamento desarrolla los requisitos generales sobre información y comunicación que deberán cumplir todos los agentes públicos y privados y las normas específicas aplicables en los siguientes ámbitos: telecomunicaciones y sociedad de la información; espacios públicos, infraestructuras y edificación; transportes y bienes y servicios a disposición del público (incluidos los sanitarios).
También las relaciones con las Administraciones Públicas; Administración de Justicia; participación en la vida pública y procesos electorales; patrimonio cultural e histórico y empleo.
Con este reglamento se cumple la ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en lo referido a las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva aplicables en todo el territorio nacional y, al mismo tiempo, constituye el primer marco normativo que hay en España sobre este tipo de accesibilidad.
Por otra parte, y a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (Ceacog), el Ministerio está trabajando en la elaboración de guías que faciliten la aplicación de las condiciones establecidas en el reglamento por parte de los distintos organismos públicos y entidades privadas responsables de su aplicación.
Del mismo modo, el Ceacog, que es centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, está desarrollando iniciativas para hacer fáciles trámites administrativos como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, el DNI o la regularización de personas migrantes. EFE
