La Justicia civil de Bariloche condenó a la dueña de dos perros que atacaron a una mujer en la vía pública y le provocaron lesiones de extrema gravedad. Como consecuencia del fallo, deberá pagar una indemnización de $20.818.991.
La víctima sufrió una profunda mordedura en la pierna izquierda, fue sometida a cuatro cirugías, incluido un autoinjerto de piel, y atravesó un largo proceso de recuperación física y psicológica.
Cómo fue el ataque de los perros en Bariloche
El episodio ocurrió sobre la avenida Tres Lagos, cuando la mujer caminaba por la calle y dos perros salieron desde una vivienda. Según quedó acreditado en el expediente, uno de los animales la derribó al tirarle del pantalón y luego la mordió en la parte posterior de la pierna sin soltarla.
Las lesiones afectaron la piel, los tejidos y los ligamentos, por lo que una persona que pasaba por el lugar la asistió hasta que uno de sus hijos la trasladó de urgencia al Sanatorio San Carlos.
Horas después fue intervenida quirúrgicamente y, durante los meses siguientes, debió afrontar nuevas operaciones, curaciones permanentes y tratamiento psicológico por estrés postraumático. Además, permaneció más de dos meses sin poder trabajar con normalidad.
Los testimonios de los vecinos fueron claves para la condena
Durante el juicio, la demandada negó ser la propietaria de los perros y sostuvo que en el barrio había otros animales negros de características similares. Incluso recordó que había sido sobreseída previamente en el Tribunal de Faltas por falta de pruebas directas.
Sin embargo, el juez reconstruyó el hecho mediante testimonios de vecinos. Una mujer declaró que conocía desde hacía cinco años a dos perros negros que salían habitualmente de esa vivienda y señaló que uno de ellos era particularmente agresivo.
Otros vecinos también relataron incidentes anteriores con los mismos animales y coincidieron en que podían escapar incluso cuando el portón permanecía cerrado.
Por qué la Justicia ordenó pagar más de 20 millones de pesos
El magistrado concluyó que, aunque no existía una prueba directa sobre la identidad de los perros, los indicios eran precisos, concordantes y suficientes para atribuir la propiedad de los animales a la demandada.
En consecuencia, aplicó el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial, que establece que, una vez demostrado el daño y su relación con el animal, no es necesario probar la culpa del dueño o guardián.
La sentencia fijó una indemnización de $20.818.991, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde al daño moral, por las consecuencias físicas, emocionales y el impacto que el ataque tuvo en la vida cotidiana de la víctima.
