El Gobierno federal busca reforzar el seguimiento fiscal de la gasolina y el diésel desde su origen hasta la venta al público mediante la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), un mecanismo que permitirá contrastar los volúmenes de combustible importados o adquiridos con los que posteriormente son distribuidos y comercializados.
Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta no contempla crear un nuevo gravamen ni establecer una sanción específica para las gasolineras, sino utilizar el impuesto que ya se aplica a los combustibles para identificar inconsistencias en la cadena de comercialización.
“Más que una sanción, es una trazabilidad de un impuesto que se paga por combustibles, que es el IEPS”, explicó la presidenta.
La medida busca que las autoridades puedan seguir los movimientos del combustible y comparar la información reportada por importadores, Petróleos Mexicanos (Pemex), distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio.
Sheinbaum planteó una hipótesis para explicar cómo funcionaría
La presidenta utilizó un ejemplo hipotético para explicar cómo podría detectarse una diferencia entre el combustible por el que se pagó el impuesto y el que posteriormente aparece como vendido.
“Si por ejemplo, se paga IEPS porque entraron 10 barriles y después en la gasolinera se venden 12, pues algo pasó”, señaló.
El ejemplo también contempló una cadena en la que participan varias empresas. Una compañía puede importar combustible, venderlo a una comercializadora y esta, a su vez, suministrarlo a una gasolinera. En cada operación, los volúmenes registrados deben permitir identificar el origen y destino del producto.
En el escenario planteado por la presidenta, si aparecen dos barriles adicionales en las ventas, la empresa tendría que cubrir el IEPS correspondiente a ese volumen.
“Y si llegan a vender 12, pues tienen que pagar el IEPS de esos dos barriles adicionales que vendieron”, afirmó, continuando con su ejemplo.
Para Sheinbaum, esta obligación busca reducir el margen para introducir combustible al mercado sin cubrir las contribuciones correspondientes, particularmente mediante importaciones ilegales.
“Eso desincentiva cualquier comercio ilegal de combustible, porque el objetivo del comercio ilegal es no pagar IEPS, particularmente en la importación ilegal”, sostuvo.
El SAT utilizará facturas, inventarios y controles volumétricos
El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que la propuesta parte de información que las autoridades ya reciben de los participantes del mercado y no de la creación de un nuevo impuesto.
“La propuesta que nosotros hacemos no es crear un nuevo impuesto, sino trazabilidad desde el origen hasta la venta”, explicó.
El funcionario detalló que el IEPS se paga inicialmente a la Tesorería de la Federación mediante declaraciones presentadas ante el SAT por los importadores y Pemex.
A partir de ese punto, el SAT cuenta con registros de las operaciones realizadas por distribuidores, comercializadores, empresas de autoconsumo y gasolineras que venden combustible al público.
Estos participantes reportan sus facturas y controles volumétricos, además de información sobre sus inventarios, entradas y salidas de producto.
“Ya nos reportan sus controles volumétricos y nos reportan sus facturas, tenemos la información de los inventarios, de las entradas y de las salidas a través de un sistema del gobierno”, detalló Martínez Dagnino.
Con esos registros, las autoridades pueden comparar las cantidades que ingresan a una empresa con las que posteriormente son distribuidas o vendidas.
¿Qué ocurrirá cuando los registros no coincidan?
La revisión contempla las distintas etapas por las que pasa el combustible, desde su importación o adquisición hasta su llegada a una estación de servicio. La información generada en cada operación permite contrastar los volúmenes reportados por los diferentes participantes.
Martínez Dagnino explicó que el análisis se realiza en coordinación con otras instituciones para verificar que los datos correspondan con los movimientos registrados.
“Se revisa que todo lo que está entrando y se está produciendo sean los mismos litros, lo que se compra y lo que se vende”, explicó.
Si una empresa reporta un volumen de ventas superior al que aparece en sus adquisiciones, la diferencia puede ser identificada mediante el cruce de información. A partir de ahí, las autoridades pueden revisar el origen del combustible que no está respaldado por los registros de compra o importación.
La revisión no se limita a una sola operación. Si el producto pasa por un importador, una comercializadora y posteriormente una gasolinera, los registros de cada participante permiten reconstruir los movimientos y determinar en qué punto aparece una diferencia.
El objetivo es cerrar espacios al comercio ilegal de combustibles
Sheinbaum sostuvo que el comercio ilegal de combustibles ha disminuido, aunque todavía existen empresas que, de acuerdo con los registros revisados por las autoridades, comercializan cantidades superiores a las que reportan haber adquirido.
“Ha bajado mucho —el comercio ilegal de combustible—, pero aún hay un porcentaje porque aún hay empresas que venden más de lo que compran, ¿pues cómo es eso?”, señaló.
La propuesta busca que el volumen de combustible comercializado tenga respaldo en las operaciones registradas y que el IEPS correspondiente sea cubierto. De existir una diferencia, el contribuyente deberá responder fiscalmente por el volumen que no aparece en sus adquisiciones.
“Los impuestos que se pagan por lo que compran tienen que ser exactamente igual que lo que venden”, afirmó la presidenta.
Así, el Gobierno federal pretende utilizar la información fiscal y operativa que ya generan las empresas para detectar inconsistencias en el mercado de combustibles y dificultar que producto de origen no acreditado pueda incorporarse a la cadena formal sin cubrir las contribuciones correspondientes.
