El defensor del Pueblo defendió sus expresiones como parte de su libertad de expresión y sostuvo que respondió a agravios políticos. En un extenso posteo calificó a sus críticos de “inútiles”, “ineptos” e “impresentables”, volvió a hablar de “política berreta” y recordó que Santiago Juliá había propuesto inicialmente eliminar la Defensoría.

Después de que la Sala Acusadora rechazara por cuatro votos contra dos el pedido de juicio político en su contra, el defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, publicó una extensa respuesta en sus redes sociales en la que defendió su actuación y volvió a cuestionar con dureza a Santiago Juliá y a dirigentes opositores.

Curvino sostuvo que el planteo había sido impulsado por un excandidato a defensor del Pueblo que terminó último en la elección y recordó que, durante aquella campaña, Juliá había planteado inicialmente la desaparición de la propia institución.

“Quería ser Defensor y a su vez que no existiera más la institución”, ironizó Curvino, quien calificó esa posición como “incoherente” y “desorientada”.

Aquella referencia corresponde a la primera propuesta sostenida por Juliá cuando fue candidato. Con posterioridad, su posición fue modificándose hasta llegar al proyecto que actualmente presentó ante el Concejo de Representantes, que ya no propone eliminar la Defensoría, sino conservarla y mantener la elección popular de sus autoridades, aunque con mayores exigencias de participación y legitimidad.

Curvino defendió su derecho a responder

El defensor sostuvo que el juicio político se originó porque Juliá cuestionó que, en ejercicio de su cargo, realizara críticas contra determinados dirigentes políticos.

Curvino rechazó esa interpretación y aseguró que sus expresiones fueron una respuesta a ataques previos contra su persona, su equipo y el trabajo desarrollado desde la Defensoría.

“Además de ser Defensor del Pueblo soy una persona y lo único que hice fue defenderme de sus agravios”, afirmó, al tiempo que reivindicó la libertad de expresión.

Ese fue también uno de los argumentos centrales utilizados por los cuatro integrantes de Carlos Paz Unido en la Sala Acusadora para declarar inadmisible la denuncia.

Nuevas descalificaciones

Sin embargo, en la misma publicación Curvino volvió a utilizar expresiones de fuerte contenido político contra quienes cuestionan su actuación.

Los calificó como “impresentables”, “inútiles” e “ineptos”, habló de sus “odios, frustraciones e impotencia” y aseguró que son capaces de cualquier cosa “con tal de tener un minuto de fama o poder”.

También sostuvo que esos dirigentes “nunca hicieron nada positivo por la ciudad ni por su gente”, los acusó de construir “relatos mentirosos” para obtener rédito electoral y volvió a utilizar la expresión “política berreta”.

“Aprovecho la oportunidad para invitarlos a trabajar en serio, con propuestas, ideas y cosas que realmente sumen de manera positiva. Salgan de las frustraciones y los odios”, escribió.

Y concluyó: “Hagan política de la buena, para la gente y la ciudad”, antes de firmar el mensaje como “Víctor Curvino, además de Defensor del Pueblo, un ciudadano”.

Las nuevas manifestaciones adquieren particular relevancia porque el pedido de juicio político presentado por Juliá cuestionaba precisamente si la reiteración de intervenciones de ese tenor resulta compatible con la independencia e imparcialidad que debe mantener quien conduce la Defensoría del Pueblo.

La discusión que acaba de cerrar la Sala Acusadora

Juliá había iniciado la denuncia a partir de expresiones públicas de Curvino y posteriormente la amplió con antecedentes correspondientes a los últimos tres años, con el objetivo de sostener que no se trataba de un episodio aislado sino de una conducta reiterada.

La semana pasada, la Sala Acusadora resolvió por 4 votos contra 2 que el planteo era inadmisible.

Leonardo Villalobos, Raquel Merlino, Claudio Bocchetti y Marcela Bosch, de Carlos Paz Unido, consideraron que las manifestaciones se encontraban amparadas por la libertad de expresión y que los hechos denunciados no configuraban un incumplimiento de suficiente gravedad para habilitar un juicio político.

En cambio, Pía Felpeto y Daniel Ribetti, de Juntos por Carlos Paz, votaron por admitir la denuncia al entender que existían incumplimientos reiterados y que las expresiones atribuidas a Curvino excedían la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la actividad político-partidaria.

El procedimiento quedó cerrado en esa primera instancia. Ahora, con el juicio político ya descartado, Curvino volvió públicamente sobre la misma discusión y redobló sus cuestionamientos hacia quienes habían puesto en duda los límites políticos e institucionales de su función.

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