
Las heridas físicas sanan con el tiempo, pero la mente conserva el eco del horror. Más de catorce años después de haber sido arrancado de su hogar y encerrado en las celdas más oscuras de Nicaragua, Jason Puracal continúa despierto en mitad de la noche, agitado por pesadillas recurrentes donde la policía del régimen lo persigue, la violencia se desborda y sus seres queridos sufren un peligro inminente.
La ansiedad social que le impiden acudir a eventos multitudinarios o partidos de béisbol, sumada a los destellos de estrés postraumático, son las marcas indelebles de los 689 días en que estuvo privado de su libertad siendo completamente inocente.
En una entrevista exclusiva concedida a Infobae, Puracal y su representante legal, el profesor Thomas Antkowiak, abrieron las puertas a los detalles más íntimos de este calvario tras el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitido este 13 de agosto de 2026.
Antes de que la violencia estatal destruyera su entorno, Jason vivía lo que describe como su propio sueño. Llegó a suelo nicaragüense en 2002 como voluntario del Cuerpo de Paz, prestando servicio en el departamento de Estelí y Jinotega.
Tras enamorarse de la calidez de su gente y de la riqueza natural del país, regresó a Estados Unidos para trabajar arduamente y ahorrar el dinero suficiente para instalarse definitivamente.
Construyó un hogar junto a su esposa nicaragüense, Scarlett, tuvo a su primer hijo con síndrome de Down y se convirtió en socio de una exitosa agencia de bienes raíces en San Juan del Sur, generando empleos y apoyando causas comunitarias en todo el territorio nacional.
Aquel proyecto de vida se desmoronó la mañana del 11 de noviembre de 2010. Un escuadrón de doce a quince hombres armados, encapuchados y vestidos de negro irrumpió violentamente en su oficina con vista al mar.
En medio del desconcierto inicial, Jason pensó que sufría un asalto común, pero pronto un agente le notificó que estaba bajo custodia sin mostrarle orden judicial alguna ni permitirle comunicarse con su abogado, la embajada de Estados Unidos o su esposa.
Esa misma noche fue exhibido públicamente por el pueblo, esposado e introducido en una camioneta, marcando el inicio de un proceso judicial viciado de origen.
Torturas en El Chipote y el encierro inhumano en La Modelo
El traslado hacia Managua estuvo marcado por agresiones físicas y angustia psicológica. Durante el trayecto, los agentes golpearon a Puracal con la culata de un arma en la cabeza e incrustaron un objeto punzocortante en su espalda. Su primera escala de reclusión prolongada fue el subterráneo de El Chipote, un centro represivo donde permaneció desnudo, sobre el suelo sucio y entre insectos, tomando agua no potable y recibiendo apenas una ración de comida en casi cuatro días.
Posteriormente fue trasladado a la penitenciaría de La Modelo. Allí sufrió el rapado de cabeza, confinamiento en celdas sin luz como la Galería 10 y el encierro absoluto de 24 horas al día en la Galería 8 junto a doce prisioneros en un espacio reducido.
La falta de acceso a luz solar, la desnutrición y el consumo de agua contaminada provocaron en Jason graves afecciones estomacales y respiratorias. A pesar de haber sido trasladado a un hospital público de Managua bajo custodia armada y esposado a una cama, las recomendaciones médicas jamás fueron aplicadas a su regreso al penal.
Un juicio farsa y la persecución contra la familia
Las acusaciones formuladas por la fiscalía, narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado carecían de cualquier evidencia sustentable. Durante las audiencias, el juez desestimó sistemáticamente las pruebas presentadas por la defensa e impidió la declaración de testigos desvinculados del gobierno.
El móvil de la detención apuntaba al despojo de bienes y escrituras inmobiliarias de la agencia, llegando al extremo de acusarlo por transacciones que involucraban al propio ejército nicaragüense.
«La policía puede quitarte tu patrimonio, tu salud y tus bienes, pero no puede cambiar quién eres. Decidí mantener mi fe y servir a los demás en la cárcel». — Jason Puracal.
Mientras Jason luchaba por mantener la entereza impartiendo clases de inglés y yoga a otros reos, su esposa Scarlett sufría agresiones, asaltos en el transporte hacia la prisión y amenazas de arresto que la obligaron a huir temporalmente a Estados Unidos para proteger a su hijo. La hermana de Jason, por su parte, impulsó una movilización internacional en Washington y ante la Organización de las Naciones Unidas para visibilizar la injusticia.
Aunque el Tribunal de Apelaciones anuló la condena de 22 años en septiembre de 2012 y Jason logró salir del país de noche a través de la frontera hondureña, la justicia definitiva tardó 16 años en formalizarse.
El profesor Antkowiak, de la Universidad de Seattle, lideró junto a sus estudiantes de la clínica de derechos humanos la demanda ante el sistema interamericano, elaborando escritos exhaustivos que demostraron los abusos sufridos.
El 13 de agosto de 2026, la Corte IDH dictó un histórico fallo que declaró al Estado de Nicaragua responsable de violar los derechos a la libertad, integridad personal, propiedad privada y garantías judiciales de Jason y su familia, ordenando reparaciones económicas por más de 190,000 dólares y reformas legales urgentes.
Aunque el régimen de Daniel Ortega guarda silencio, para Jason este veredicto limpia públicamente su nombre y establece un pilar de protección para otros ciudadanos atrapados en sistemas represivos en Latinoamérica.