El Gobierno de Taiwán propuso un desembolso extraordinario de 145.700 millones de dólares taiwaneses (unos 4.590 millones de dólares) para reforzar las capacidades militares de la isla, con una parte destinada a drones, sistemas de defensa contra misiles y municiones. La iniciativa forma parte del esfuerzo de Taipei por ampliar sus recursos defensivos ante las amenazas militares del régimen de China alrededor del territorio que Beijing considera parte de su soberanía.
El paquete contempla 55.900 millones de dólares taiwaneses para sistemas de aeronaves no tripuladas de vigilancia y reconocimiento, además de 13.000 millones para capacidades de defensa antimisiles. Otros 64.500 millones se reservarán para diferentes proyectos militares, mientras que 7.300 millones serán destinados a munición. El plan incluye también 900 millones para equipamiento relacionado con inteligencia artificial y 2.500 millones para gastos de personal.
Entre las adquisiciones previstas hay más de 600 drones para vigilancia y reconocimiento de las zonas costeras, más de 40.000 drones de ataque destinados a operaciones contra objetivos en el litoral y una primera partida de más de 100 embarcaciones no tripuladas de ataque. La combinación busca ampliar la capacidad de Taiwán para detectar movimientos y responder a una eventual ofensiva desde el continente.
El Ejecutivo taiwanés señaló que el presupuesto permitirá incorporar un sistema de alcance medio contra misiles balísticos tácticos. Se trata del Strong Bow, desarrollado por la industria de defensa de la propia isla y concebido para reforzar las capacidades locales frente a ataques con proyectiles.
El anuncio se produce después de que el Parlamento aprobara en agosto un programa de 240.000 millones de dólares taiwaneses para drones durante seis años, equivalente a unos 40.000 millones anuales. Esa decisión estableció una línea de inversión específica para acelerar el desarrollo y adquisición de sistemas no tripulados.
La nueva partida también responde a una disputa presupuestaria previa. En mayo, el Legislativo, controlado por partidos opositores, había autorizado unos 25.000 millones de dólares adicionales en defensa, una cifra inferior a la solicitada originalmente por el Ejecutivo y orientada exclusivamente a la compra de armamento estadounidense. El nuevo planteamiento incorpora sistemas producidos en Taiwán.
El Gobierno justificó la ampliación con un mensaje centrado en la continuidad de la preparación militar. “No puede haber una brecha en la defensa nacional”, sostuvo el gabinete al presentar la propuesta. En el mismo comunicado añadió: “La seguridad nacional no puede esperar, el presupuesto de defensa no puede esperar y la autosuficiencia en defensa tampoco puede esperar”.
La iniciativa se integra en un aumento más amplio del gasto militar impulsado por el presidente William Lai. El mandatario planteó que el presupuesto de Defensa supere por primera vez el billón de dólares taiwaneses, unos 32.000 millones de euros, y que represente más del 3% del producto interno bruto.
Paralelamente, la Fuerza Aérea prepara inversiones para proteger sus principales instalaciones frente a ataques. Entre 2027 y 2031 prevé gastar 3.570 millones de dólares taiwaneses en modernizar la base de Chiashan, en Hualien, que alberga un enorme complejo subterráneo para aeronaves. También proyecta construir nuevos hangares protegidos en Chiashan y Shizishan.
La estrategia busca mantener operativos los aviones de combate incluso después de un posible ataque contra los aeródromos de superficie. Chiashan puede resguardar aproximadamente 250 aeronaves, según estimaciones oficiales, y constituye uno de los principales elementos de la infraestructura destinada a preservar la capacidad aérea taiwanesa durante un conflicto.
Las medidas se producen en un contexto de tensión permanente entre Taipéi y Beijing. Las relaciones políticas quedaron separadas tras la guerra civil china de 1949, cuando el Kuomintang se retiró a Taiwán después de ser derrotado por los comunistas. Beijing reclama la soberanía sobre la isla, mientras Lai sostiene que su futuro debe ser decidido por la población taiwanesa.
