El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó el martes 8 de septiembre de 2026 un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país. Según informó, la normativa previa restringió a quienes cumplen la ley mientras los grupos ilegales siguieron armándose.
Como parte de los argumentos oficiales, se difundieron cifras sobre armamento ilegal: entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego y vinculó 14.179 de esos decomisos con la comisión de delitos. En ese balance, el mandatario detalló en su cuenta de X que : “Además, 980 armas aparecen vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros”.
El mensaje oficial destacó que el esfuerzo central del Estado debe enfocarse en perseguir y desmantelar el poder de fuego de las organizaciones criminales. A la vez, se aclaró que la disposición no habilita un porte indiscriminado y que seguirán vigentes los requisitos, filtros y supervisiones de las autoridades competentes.
“La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor; por eso cumplo mi palabra. Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas”. También cuestionó que los delincuentes puedan portar armas mientras los ciudadanos no, y De la Espriella sostuvo: “No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”.
El primer obstáculo del decreto de De la Espriella
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, anunció en su cuenta de X que presentará una demanda contra el decreto del presidente Abelardo de la Espriella que, según dijo, busca permitir el porte de armas en Colombia, porque considera que “pretende legalizar el porte de armas” y que “es una medida sumamente peligrosa”.
La congresista sostuvo que “armar a la ciudadanía no mejorará la seguridad; al contrario, puede desatar más violencia”, y ubicó su rechazo en el contexto de la convivencia diaria: “En un país con altos niveles de intolerancia, cualquier discusión cotidiana podría terminar escalando a una confrontación armada”.
Como antecedente, Hernández recordó que la restricción al porte de armas fue respaldada por administraciones anteriores y citó datos del Ministerio de Defensa sobre sus efectos iniciales: tras aplicarse a nivel nacional entre 2015 y 2016, “reportó una reducción inicial del 13 % en los homicidios”.
En efecto, la senadora apeló a experiencias internacionales para cuestionar la flexibilización del acceso a armas. “La experiencia de países como Estados Unidos, Brasil, México y Guatemala demuestra que facilitar el acceso a las armas no es la solución a la inseguridad y puede convertirse en un detonante de mayor violencia y criminalidad”, afirmó.
En su crítica al decreto, insistió en que el enfoque de seguridad debe centrarse en el Estado. “No podemos permitir un retroceso que vuelva a sumergir al país en ríos de sangre bajo el falso argumento de la seguridad colectiva”, dijo, y agregó: “La seguridad se construye fortaleciendo al Estado y protegiendo la vida, no armando a la ciudadanía”.
Bajo la misma línea, el congresista Walter Alfonso Rodríguez, más conocido como medicenwally señaló que la propuesta del líder del Ejecutivo representa un peligro para el país.
“¡Qué retroceso tan PELIGROSO al que va a llevar @ABDELAESPRIELLA al país! ¿La respuesta a la inseguridad en Colombia es armar a la víctima y legalizarle el porte al delincuente?”.
El legislador también señaló que legalizar el porte de armas no es una solución para los problemas de la criminalidad y justicia colombiana, por lo que señaló que es mejor para Colombia llevar a cabo una reforma en el sistema penal.
“Por Dios, más armas no corrigen una justicia débil, solo garantizan que cuando falle, haya más gente disparando. Lo que este país necesita no es un tiroteo en cada esquina, sino una reforma penal seria contra la reincidencia, el cumplimiento efectivo de penas y castigos ejemplares a criminales violentos”.
Y agregó: “Miren el espejo de EE. UU. (tasa de homicidios con armas 25 veces mayor que otros países ricos). La seguridad se construye con justicia implacable, no tercerizando la defensa en los bolsillos armados de la gente”.
