Hay revuelo en la Iglesia católica, después de que se conociera que el sacerdote condenado por abuso Luis Ernesto Valencia López aún figuraba como vicario de una parroquia de Caldas, Antioquia, hasta el 1 de septiembre
Según información revelada por El Tiempo, la referencia fue eliminada del sitio web de la Diócesis de Caldas al día siguiente de que se conociera el fallo judicial.
Un juzgado declaró responsable a Valencia López por actos sexuales con un menor de 14 años cometidos en 2008. La Diócesis sostuvo que restringió su ministerio durante el proceso, pero los cuestionamientos apuntan a que el presbítero continuó vinculado a la institución y fue presentado públicamente en actividades recientes.
El Juzgado Primero Penal de Caldas impuso inicialmente una pena de 12 años de prisión. Después, el juez Pastor Camilo Perafán Cardona corrigió el cálculo de la sanción y redujo 80 meses, por lo que la condena quedó en poco más de cinco años de cárcel.
La víctima tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos y hoy tiene 31. La denuncia fue presentada años después de la agresión, de acuerdo con la información conocida sobre el expediente.
La Diócesis afirmó que activó su protocolo al conocer la denuncia
La Diócesis de Caldas difundió un comunicado el 1 de septiembre en el que expresó solidaridad con la víctima y su familia. También ofreció los servicios de denuncia, escucha y acompañamiento espiritual, psicológico y jurídico de su Oficina para la Cultura del Cuidado.
La entidad religiosa sostuvo que, una vez recibió información sobre el caso, puso en marcha su protocolo institucional. Según esa versión, brindó apoyo al denunciante y entregó a la Fiscalía General de la Nación la información y los testimonios que le fueron solicitados.
En el documento, la Diócesis afirmó que el proceso comenzó apenas se formalizó la denuncia y que entonces se adoptaron medidas preventivas. La institución insistió en que colaboró con las autoridades desde el momento en que conoció los señalamientos.
Fuentes de la Diócesis explicaron a El Tiempo que el acompañamiento espiritual fue elegido por el denunciante. “Esta persona eligió a un sacerdote para que lo acompañe en su proceso espiritual”, señalaron desde la institución a ese medio.
La diócesis también respondió a la acusación de que Valencia López habría permanecido protegido dentro de la estructura eclesiástica. La entidad aseguró que al sacerdote se le restringió el ejercicio de su ministerio y que no ocupó cargos administrativos durante el trámite judicial.
Según esa explicación, la restricción incluyó la prohibición de realizar labores pastorales con niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. La institución no detalló en su pronunciamiento la fecha en que comenzó esa limitación ni el alcance de las funciones que mantuvo el sacerdote.
La permanencia del sacerdote en la Diócesis alimentó los señalamientos
El periodista Juan Pablo Barrientos, que ha investigado casos de pederastia y encubrimiento en la Iglesia católica colombiana, sostuvo en redes sociales que el obispo de Caldas, monseñor Juan Fernando Franco Sánchez, habría encubierto a Valencia López durante años.
El señalamiento se basó en que el sacerdote continuó adscrito a la Diócesis pese a que la denuncia penal ya había sido presentada. La institución rechaza esa interpretación y asegura que aplicó restricciones preventivas.
Hasta la tarde del 1 de septiembre, Valencia López aparecía en el portal de la Diócesis como vicario de la parroquia La Transfiguración del Señor. La ficha lo ubicaba en ese templo de Caldas, aunque la página asociada a su nombre quedó sin contenido durante la jornada siguiente.
La permanencia de esa publicación generó dudas sobre la situación eclesiástica del sacerdote, condenado en sede penal. La Diócesis no explicó públicamente por qué su nombre seguía expuesto en la página institucional mientras avanzaba el proceso.
Otro hecho que provocó cuestionamientos fue la celebración de su aniversario sacerdotal el 27 de mayo. La Diócesis divulgó entonces un reconocimiento a Valencia López, pese a que la investigación judicial se remontaba al menos a 2025.
El caso también reabrió el debate sobre los archivos eclesiásticos
La controversia incluye la negativa previa del obispo Franco Sánchez a entregar el llamado archivo secreto de la Diócesis. Ese material reúne documentos internos relacionados con la trayectoria de sacerdotes y denuncias conocidas por las autoridades eclesiásticas.
La Corte Constitucional abordó este asunto en la sentencia SU-184 de 2025. El fallo estableció que las entidades de la Iglesia católica deben entregar información completa sobre los sacerdotes ordenados e incardinados, además de los registros de denuncias por violencia sexual contra menores que estén en su poder.
El alto tribunal concluyó que la reserva invocada por el derecho canónico o por normas internas no puede operar de forma absoluta cuando existe un interés público en esclarecer posibles abusos contra niños, niñas y adolescentes.
La discusión sobre los documentos adquirió relevancia en el caso de Valencia López porque los cuestionamientos no se limitan a la condena. También se concentran en la respuesta que tuvo la Diócesis tras conocer la denuncia y en la continuidad de la vinculación institucional del presbítero.
